Las millonarias ganancias de Vaca Muerta contrastan con la política de abandono a la educación pública, que se refleja en la falta de condiciones edilicias de las escuelas
Las condiciones edilicias de las escuelas públicas es una problemática que se visibiliza en todo el territorio de Neuquén. En la provincia de Vaca Muerta, hace años que no se construyen edificios. Hay diferentes compromisos gubernamentales, entre ellos tierras dadas para la construcción de los mismos, pero pasan los años y las promesas siguen sin materializarse. Mientras tanto, las comunidades educativas continúan habitando edificios alquilados, que no se encuentran en las mejores condiciones para alojar a las infancias y adolescencias.
Frente a esta situación, los funcionarios de turno, les proponen cambiar ese edificio por otro, pero que tampoco cumple con los requisitos básicos para la población estudiantil, ofreciendo en muchas ocasiones, como para salir del paso, trailers para dar clases y sumar turnos a los existentes en el mismo edificio. A esto se le suma que el mantenimiento de los establecimientos educativos se encuentra en manos de empresas tercerizadas. Es un negocio entre éstas y el Estado, cuyo objetivo es para el gobierno deslindarse de su responsabilidad de garantizar escuelas seguras, otorgándoles la licitación a empresas amigas, que tienen por finalidad obtener ganancias, abaratando costos tanto en el empleo de mano de obra calificada como en las reparaciones realizadas en los edificios. El Estado debe contar con empresas estatales de mantenimiento y de construcción de los edificios, que cuenten con los trabajadores calificados necesarios.
La mayor expresión de esta política sistemática de abandono de las escuelas públicas fue la explosión de la escuela de Aguada San Roque en junio del 2021, en la que murieron tres compañeros: Mónica, Mariano y Nicolás. En ese momento la conducción provincial en manos del TEP, le dio aire a la ministra de educación, Cristina Storioni, ya que según expresas palabras del secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, “exigir su renuncia es políticamente correcto, pero políticamente inconducente”. La ministra murió sin ser siquiera acusada legalmente por este triple crimen. El juicio del mismo se desarrolló en el mes de agosto del corriente año, en donde los funcionarios han quedado impunes. Solo 4 personas han sido sentenciadas. Y esto se logró por la firmeza de las familias y de la lucha, pero los máximos responsables han quedado exentos de culpa. La justicia protegió al Estado, lo que trae consecuencias para quienes habitan en las escuelas.
Son innumerables los problemas de mantenimiento que existen. En julio pasado, explotó la caldera de la escuela N° 164, único edificio escolar de la localidad de Caviahue, donde funcionan tres niveles educativos. Y no fue una tragedia porque sucedió en la noche. Producto de la presión, la conducción provincial de ATEN, exigió la renuncia de la ministra Soledad Martínez. En agosto, durante el horario escolar, explotó un termotanque en la escuela n° 68, ubicada en el paraje Collipilli, dejando a un auxiliar con quemaduras en su cuerpo. En esta ocasión solo se denunció el hecho ante el CPE. Las burocracias sindicales de ATEN y ATE no exigieron la renuncia de ningún funcionario. En septiembre se incendió la cocina de la escuela especial N° 4 de la ciudad de Neuquén, dejando a una maestra con una lesión en su córnea y a otra docente internada por intoxicación con monóxido de carbono. Esta última tuvo que salir, estando hospitalizada, a desmentir a la ministra de educación, quien, en un medio radial, dijo no tener información del hecho. La conducción provincial de ATEN ni siquiera sacó un comunicado repudiando los dichos de la ministra. Fue la seccional de ATEN Capital quien acompañó todo el conflicto hasta volver a tener clases en una escuela segura.
Es fundamental que los trabajadores de la educación, junto con las familias y estudiantes, puedan debatir sobre los riesgos antes que sucedan los hechos. Sabemos que los funcionarios del CPE siempre presionan para que haya clases a como dé lugar, poniendo en riesgo la vida de quienes asisten a las escuelas, incluso se sacan de encima las responsabilidades con el negocio de las ART. Vale mencionar que la nueva ART Horizonte tiene como costumbre cortar las licencias y gastar lo menos posible en los tratamientos de los docentes.
Por eso hay que impulsar reuniones con las familias para que se reparen y se construyan edificios acordes a las necesidades y que haya un plan de evacuación con todos los detalles garantizados como salidas de emergencia con puertas que funcionen, matafuego, entre otros. El gobierno hace anuncios, pero las escuelas siguen con graves problemas edilicios y todos los días vivimos una situación de riesgo como la que ocurrió en la escuela 199.
Cuatro hechos en los últimos tres meses que dan cuenta de la desidia de un Estado provincial, que tiene superávit, producto de la explotación de recursos naturales no renovables. Aquí las empresas se llevan todas las ganancias, dejando solo tierras de sacrificio para los habitantes. La salida es la expropiación y estatización de estas multinacionales y empresas tercerizadas, potenciar la obra pública en manos estatales, para garantizar los derechos a la salud, educación, vivienda y servicios públicos.
(Nota de MASAS n°467)