La brutal represión agravó la crisis política
La Jueza Karina Andrade fue colocada como enemiga del Gobierno por haber liberado con rapidez a la gran mayoría de los detenidos y le han iniciado causas para destituirla. Su resolución fue muy simple: no encontró de qué acusaban a los detenidos, ni pruebas de que hubieran cometido algún delito, aclarando que ninguno de ellos fue acusado de provocar algún incendio o daño a la propiedad, que no se indicaba siquiera dónde fueron detenidos. Su justificación es contundente, dando a entender que se trató de una cacería de manifestantes que ejercían su derecho a protestar.
Las mentiras de Bullrich y el Gobierno quedaron inmediatamente al desnudo en los medios, mostrando la presencia de infiltrados, de provocaciones, de represión salvaje incluso a quienes estaban arriba de la vereda. Ninguno de los responsables del incendio del auto policial como tampoco el de Antena 3 el año pasado fue identificado pese a estar rodeados de cámaras. No hay ningún efectivo de la represión acusado de los delitos que cometieron.
El caso más grave fue el disparo recibido por el fotoperiodista Pablo Grillo por parte de un gendarme que quedó gravemente herido y debió ser operado varias veces. Bullrich mintió diciendo que el disparo se hizo correctamente y que el proyectil había rebotado. Las investigaciones mostraron claramente la trayectoria del disparo y quién lo hizo, apuntándole directamente. Pese al respaldo de la Ministra, Gendarmería abrió una investigación interna, ya que el escándalo es público y compromete a la Fuerza. No fue un error del gendarme, fue una decisión apuntar a la gente como lo muestran las imágenes.
Fueron también vergonzosas las explicaciones pretendiendo justificar cómo uno de los policías golpeó a una jubilada con bastón que cayó al pavimento y se fracturó el cráneo.
La represión terminó en un descontrol originando un mayor costo y desgaste para el Gobierno. Las imágenes recorrieron el mundo. No pudieron ocultarlas. Los medios de comunicación difundieron las versiones del Gobierno, acusando de barrabravas a las hinchadas para descalificarlas, para decir que fueron ellas quienes desataron la violencia. Ocultando que todos los miércoles son reprimidas las protestas.
El Juez Martín Cormick que rechazó no aplicar el protocolo antipiquetes intervendrá presencialmente en la nueva manifestación.
El Gobierno y sus medios han tratado de instalar nuevamente la idea de que hay un golpe en marcha, que intenta destituir al Gobierno u ocupar el Congreso, tratando de deformar la realidad. Los golpistas están en el Gobierno, son ellos los que han dado todos los golpes en la Argentina.
Sectores del oficialismo no solo respaldaron la represión salvaje sino que reclaman “más bala”, “apuntar bien” y hasta reclaman que declare el estado de sitio como en dictadura. Y peor, violando otra vez las leyes, sumaron a la SIDE para organizar la represión a la marcha del 19. Está expresamente prohibido hacer inteligencia sobre las movilizaciones y las organizaciones políticas y sociales.
La CGT que se había borrado desde hace unos cuantos meses decidió convocar a paro general para el 8 de abril, convocar a la Marcha del 24 y adherir a las movilizaciones de los jubilados.
Es un gobierno acabado, por el desastre de la economía sin solución, que lleva a que una franja de sus votantes se desilusione, y el curso cada vez más autoritario de sus políticas.
(Nota de MASAS n°476)