Vuelven a insistir con el saqueo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), fondos que son de los jubilados

Los buitres locales quieren que se vendan las acciones en poder del FGS para financiar obras de infraestructura bloqueadas por el gobierno Milei y así reactivar la industria de la construcción. Argumentan que esta decisión no afectaría el presupuesto. En ese rubro se encuentran poderosas empresas locales.

Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción), planteó: “Hay dinero disponible que no son fondos del Tesoro, que va al déficit, que podrían servir para financiar proyectos de infraestructura”.

“El FGS de la ANSES tiene USD$ 60.000 millones. Según la ley, tiene que invertir… en proyectos de infraestructura y ha invertido… prácticamente nada. Un 50% lo tiene que destinar a inversiones productivas. Parte está colocada en títulos y parte en acciones de empresas que el Estado podría vender para cumplir con el objetivo de la ley”. Nada dice de cómo esos recursos volverían al FGS para que no se descapitalice.

Las empresas que tienen acciones en poder del FGS también están interesadas en recomprar las acciones de sus empresas para quitar cualquier interferencia del Estado en sus directorios, pero no quieren que otros sectores empresarios se apoderen de esas acciones.

El FGS fue creado en 2007 con dinero de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) cuando se dieron de baja y tiene en su patrimonio acciones de un puñado de empresas cuyo porcentaje le permite al FGS ser parte del directorio. La ANSES informa que en abril 2025 esas acciones tenían un valor de U$S9.181 millones y en el mercado muchísimo más. Pero las empresas no están dispuestas a pagar por esas acciones lo que realmente valen.

La desesperación de Caputo por conseguir fondos de cualquier forma se combina con el interés de las empresas en recuperar esas acciones. Ya lo intentó desde el primer proyecto de la Ley Bases buscando eliminar las trabas para hacer operaciones financieras con esas acciones sin autorización del Congreso.

Son los jubilados los que deben debatir y decidir, con sus propias organizaciones, qué destino dar a ese Fondo. La historia muestra cómo el Estado y grandes empresas se han apropiado durante décadas de los dineros de los jubilados.

Los empresarios de la construcción también presionan a los gobernadores y estos al Gobierno nacional para que lo recaudado por el impuesto a los combustibles se destine a obra pública. Dineros de los que se apropia el Gobierno para sostener su superávit fiscal.

Plata hay. Buena parte de los dineros que se destinan al pago de la deuda parasitaria y fraudulenta deben destinarse a la obra pública. Deuda que se multiplica pagando intereses extraordinarios en pesos para que no se conviertan en dólares.

Se deben imponer impuestos a las grandes fortunas para obtener también todos los recursos necesarios. Y las obras deben ser llevadas adelante por empresas estatales bajo control de los trabajadores para impedir que un puñado de empresarios se siga enriqueciendo con esos recursos. Claro que esta política sólo puede ser impuesta por otra clase de gobierno, un gobierno de otra clase, obrero y de la mayoría oprimida.

(Articulo de MASAS n°484)