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NO a la privatización de AySA – El agua no puede ser un negocio

En su desesperación por juntar dólares el Gobierno quiere vender el 90% de las acciones del Estado en Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), promete a los privados actualización trimestral de tarifas y cortes de suministros a los deudores.

Es la entrega al sector privado de un recurso estratégico y esencial que abastece 15 millones de personas, experiencia que ya ha fracasado en los ´90 por sus tarifazos y la ausencia de inversiones. El brutal aumento de las tarifas, mes a mes, en el último período, muy por encima de la inflación, apuntó a hacer muy rentable la empresa y apetecible por el capital. En 2024 las boletas de AySA se incrementaron 331%. La tarifa se cuadruplicó en un año.

Menem la había privatizado a favor la empresa francesa Suez Lyonnaise des Eaux-Dumez y el Grupo Soldati a través de Sociedad Comercial del Plata (SCP).

La empresa fue reestatizada durante el gobierno de Néstor Kirchner. La empresa es concesionaria y operadora de los servicios y el Estado es dueño de los activos y la infraestructura. El objetivo de Milei/Caputo es privatizar todo: tanto la gestión como el patrimonio pasaría a manos privadas. Las obras necesarias serán financiadas por los usuarios en sus boletas finales.

El 10% de las acciones quedará en poder del sindicato de los empleados a través del Programa de Propiedad Participada, garantizando un puesto en el Directorio de la empresa. Ese es el precio por la complicidad de la burocracia con la operación.

La privatización “combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico”. 

La empresa encargada de los servicios de agua potable y tratamiento de desagües cloacales en la Capital Federal y 26 partidos del Gran Buenos Aires fue privatizada en 1993, con alcance territorial mucho más pequeño. El francés Grupo Suez quedó a cargo de la concesión y, poco después, en 1994, el Gobierno le otorgó un permiso de revisión tarifaria “extraordinaria”. En 1997 se renegoció el contrato posibilitando la dolarización de las tarifas y la implementación de una revisión tarifaria anual. Todas estas recomposiciones cargadas sobre los usuarios permitieron a la empresa obtener una rentabilidad altísima que jamás volvió bajo la forma de inversiones que mejoraran el servicio. Las obras nunca llegaron aunque el contrato firmado estipulaba que, para cuando venciera el acuerdo, debía estar garantizado el acceso a agua potable en el ciento por ciento de los hogares en el área de concesión (Página 12).

 “Aguas Argentinas abastecía a la Capital trayendo agua del Río de la Plata -en lugar de hacer obras para extraer aguas de las napas-, y esto llenaba el acuífero del Riachuelo hasta taparlo y contaminarlo. La presencia de nitrato y nitrito en el agua en varias localidades fue uno de los factores que obligaron a la empresa concesionaria a rescindir su contrato”. En los 90´también había problemas de presión en el agua y eran reiterados los cortes del servicio. Obras Sanitarias no contaba con tecnología en materia de tratamiento de los efluentes, contaminados por la creciente polución industrial, no llegaba a atender la demanda en los meses estivales y el deterioro en la calidad del agua entregada era evidente. 

Toda la inversión histórica en el sector la hizo el Estado, con un plan de obras que en los últimos tiempos incluyó la planta potabilizadora de Berazategui y la extensión del servicio hacia los partidos del conurbano. Se alcanzó una cobertura del 83% en abastecimiento de agua potable y del 63% en servicio de desagües cloacales, se ampliaron las obras a 2,3 millones de personas que no tenían servicio ni cloacas, y se redujeron las interrupciones en el suministro.

La privatización no mejorará el servicio y lo encarecerá más para garantizar la mayor rentabilidad empresaria, en un marco de altísimo “riesgo país”.

Hoy AySA mantiene el beneficio de la tarifa social y comunitaria, y mantiene un subsidio del 15% para los zonales bajos (40% de sus clientes). Estos beneficios están amenazados.

La provisión de agua es un servicio vital que no puede quedar supeditada a la ganancia empresaria. Es necesario rechazar la privatización total o parcial. La “participación” del sindicato es un engaño, como lo fue bajo el menemismo. Es necesario imponer el control obrero colectivo sobre la empresa y la apertura de sus libros para terminar con todos los negociados.

(Articulo de MASAS n°484)