La SIDE debe desmantelarse ya y eliminar su presupuesto
Las CTA denunciaron penalmente a Milei y a Sergio Neiffert de la SIDE por tareas de espionaje ilegal sobre organizaciones sindicales, dirigentes políticos y movimientos sociales sobre la base del artículo publicado por Alconada Mon en La Nación, que revela informes secretos elaborados por la SIDE monitoreando actividades políticas y sindicales completamente lícitas, como marchas de jubilados, actos culturales y protestas gremiales. El periodista ya había mostrado anteriormente el llamado “Plan de Inteligencia Nacional”. En el mismo sentido habían hecho la denuncia judicial organismos de derechos humanos.
Los informes detallan fechas, horarios, recorridos y nombres de dirigentes, un accionar que viola la Ley de Inteligencia Nacional (ley 25.520) y los derechos constitucionales a la privacidad, la libertad de expresión y la participación política. Ambas centrales aparecen mencionadas en esas carpetas junto a otras organizaciones.
Estos métodos propios de la dictadura deben ser desterrados. La SIDE debe ser disuelta inmediatamente porque su único objetivo es perseguir opositores, una verdadera policía política, y debe retirarse todo presupuesto. Los responsables políticos del espionaje deben ser castigados por violación grave a las libertades democráticas. El periodista señala que en los informes no hay referencia a alguna orden judicial.
Uno de los documentos citados detalla horarios, recorridos y lugares de concentración y distintas actividades públicas del 9 de julio y días posteriores de un conjunto de organizaciones sociales y políticas; desde las habituales protestas de los miércoles de los jubilados, del sector de discapacidades y otras de tipo cultural.
La ley 25.520 de Inteligencia Nacional define que ningún organismo de inteligencia podrá “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
También denuncia que los datos recabados por la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) liderada por el comisario general retirado Alejandro Cecati contradicen la Ley. “Reunió datos sobre el senador nacional Eduardo Wado de Pedro, el titular del Comité Provincia de Buenos Aires de la UCR, Miguel Fernández, sobre el PJ bonaerense, la Junta Electoral provincial, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y La Cámpora… sobre el gobernador de Río Negro, Weretilneck, la Coalición Cívica, una eventual sesión del Senado nacional, la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FePeViNa), la CGT, la CTA Autónoma, residentes y profesionales de la salud pública, el SUTNA, La Bancaria y los jubilados que se movilizan al Congreso cada miércoles”.
En este mismo sentido se ubica la detención ilegal de un militante del PTS por volantear en la estación Constitución, la habitual represión violenta de los miércoles contra los jubilados y los periodistas que cubren la protesta, la filmación de las marchas o la represión y criminalización de los mapuche en Neuquén por parte del gobierno provincial; todos los procesos contra las organizaciones piqueteras y sus dirigentes en todo el país o las causas contra Biasi y Bodart por denunciar el genocidio en Gaza, o el ingreso de la Federal a un lugar de trabajo para golpear y detener a un trabajador (en Secco).
Estos son algunos rasgos del régimen de dictadura civil. Hay quienes cuestionan que hablemos de “dictadura” porque el gobierno fue elegido por mayoría de votos, porque no hay muertos y desaparecidos. Todo gobierno expresa la dictadura de una clase, de la burguesía, de los capitalistas, la misma clase que detenta el poder real bajo la dictadura genocida del ´76 o bajo los gobiernos de democracia burguesa de los siguientes 40 años. Una minoría insignificante de la sociedad tiene el poder para su propio beneficio. Milei no representa al 56% que lo votó, representa al 0,10% más rico y concentrado del capital, de los dueños de los grandes medios de producción. Lo dijimos desde el principio: para poder aplicar un ataque profundo a las condiciones de vida y de trabajo la burguesía necesita abandonar las formas conciliadoras y democráticas que aparecen agotadas, necesita pasar por encima de su ley y su Constitución. No solo gobierna por decreto y sin presupuesto, veta las leyes del Congreso y cuando el Congreso rechaza su veto se niega a respetar la Ley aprobada. Y el Congreso se muestra entre cómplice e impotente.
(Artículo de MASAS n°486)