Qué significa la reciente derrota de Milei en el Congreso
La cuestión del superávit fiscal es presentada por el Gobierno como una cuestión técnica sagrada, indiscutible, y su cuestionamiento una herejía, una amenaza de “genocidio sobre las futuras generaciones” como dice Milei.
Un superávit que se basa en recortar brutalmente jubilaciones, obra pública, presupuestos esenciales, y apropiarse de recursos de las provincias, para poder bajar impuestos a los más ricos y que quede un excedente para pagar las deudas y sus intereses.
Ese objetivo de superávit habría entrado en crisis por las 12 votaciones perdidas en el Congreso ya que si se cumpliera con los ajustes aprobados se rompería el compromiso asumido con el FMI.
Los aliados de Milei en el Congreso, que facilitaron todas sus leyes hasta ahora, y aceptaron sus vetos, ahora los rechazan y aprueban nuevos gastos. ¿Por qué este cambio de actitud? Porque perciben que el gobierno ya ha fracasado y está desesperado y quieren tomar distancia; porque no ha cumplido sus compromisos; y porque prevén que se profundizará su política de ajuste y ahogo a las economías provinciales.
Si el gobierno no puede garantizar ni siquiera estos mínimos ajustes, mientras privilegia la baja de impuestos al gran capital y el pago de la deuda, confiesa otra vez la completa inviabilidad y fracaso de su política.
Como ya venimos señalando desde hace meses es mentira el verso del superávit fiscal y que estas medidas sean las que “dinamitan los compromisos con el FMI”. El superávit es falso porque: no contabilizan los intereses que se devengan cada mes alimentando una bola de deuda extraordinaria y porque no se hacen pagos que obligatoriamente debe hacer el Estado nacional y que están siendo reclamados por vía judicial.
El Gobierno dice que ese “superávit” era de 1,6% y que la aplicación de lo aprobado en el Congreso provocaría un déficit de entre 0,6 y 1,1%, unos 5.100 millones de dólares.
El discurso en cadena nacional del viernes 8 es otra muestra desesperación por la respuesta de “los mercados” ante el fracaso legislativo y los extraordinarios vencimientos de colocaciones en pesos de esta semana y las próximas, debiendo subir astronómicamente las tasas de interés para que no se produzca una corrida al dólar. Se suma además los resultados negativos en los últimos balances de grandes empresas vinculadas al consumo interno como Molinos, Ledesma y Mastellone. Molinos Río de la Plata (la mayor productora de alimentos del país) facturó 19,7% menos en términos reales respecto al mismo período de 2024.
Milei promete mantener el veto presidencial desconociendo al Congreso, violando abiertamente la Constitución. Este camino también inquieta al poder económico preocupado por el callejón sin salida en el que se metió el Gobierno. Los cálculos básicos del Gobierno del costo de las votaciones del Congreso son los siguientes:
* Ajuste del 7,2% a jubilaciones y pensiones. En 2025 representaría 0,4% del PIB ($ 1.673.494 millones) y 0,9% del PIB anual.
*Elevar el bono a jubilados a $ 110 mil. Tiene un costo de 0,12% del PIB en 2025 y 0,38% del PIB anual.
*Moratoria previsional (restitución y extensión)
Estiman 0,17 % del PIB en 2025, con costo anualizado de 0,38% del PIB
*Ley de emergencia en discapacidad. Podría costar entre 0,4/0,6% del PIB, depende de la cantidad de nuevas pensiones y compensaciones a prestadores públicos
*Distribución de ATN y coparticipación del impuesto a combustibles: Estimado 0,4% del PIB
La derrota de Milei en el Congreso no debe despertar ninguna ilusión, no cambia su carácter antinacional y antiobrero. Su votación circunstancial contra Milei puede revertirse si consiguen alguno de sus reclamos. Pero esa derrota es un dato relevante porque muestra la fragilidad política de un gobierno orientado por las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, por el capital financiero, por el gobierno norteamericano.
La política antiobrera y antinacional solo puede ser derrotada mediante la acción directa de masas que imponga jubilaciones y pensiones que como mínimo alcancen a lo que cuesta la canasta familiar, que mantenga las moratorias, que rechace cualquier reforma jubilatoria del Gobierno, que obligue a destinar el presupuesto que necesita la atención de la discapacidad, y cumpla con las transferencias de fondos a las provincias, por citar las reivindicaciones relacionadas con las votaciones y los vetos del Gobierno.
(Artículo de MASAS n°486)