Rechazo a toda reforma laboral impulsada por el Gobierno por orden de la AmCham, el FMI y las grandes corporaciones que lo respaldan
Todos sus documentos mencionan la urgencia de resolver la “reforma laboral” que será prioridad en la segunda parte del mandato de Milei. La consideran “estructural”. Los proyectos de reforma a la legislación laboral serán de los primeros a ser enviados al Congreso en diciembre próximo, cuando esperan contar con más legisladores.
El año pasado, y mediante la Ley Bases, el oficialismo logró introducir modificaciones en la legislación laboral, incluyendo la “promoción del empleo registrado”, la creación de una figura de “trabajador independiente” con colaboradores y modificaciones en la indemnización por despido. Los capitalistas se quejan de que no fue suficiente, no logró terminar con problemas judiciales y que deben soportar multas e intereses que son considerados siderales.
La excusa más utilizada por los empresarios y sus gobiernos es la llamada “industria del juicio” que supuestamente pone en jaque a las pymes con indemnizaciones por despido “exorbitantes y desproporcionadas” con “montos que pueden superar en diez o más veces el monto original reclamado”.
Esta excusa muestra que en todos esos casos la Justicia laboral burguesa ha fallado a favor de los trabajadores encontrando culpable a los empresarios por no pagar la indemnización o calcularla incorrectamente o porque con el despido aparecen todas las maniobras ilegales de los empresarios en su relación, no respetando convenios, no reconociendo la antigüedad en el empleo, pagando en negro todo o parte del salario, no haciendo los aportes, no pagando horas extras, simulando contratos de servicios en vez de un contrato de trabajo, trabajar para una empresa fantasma, etc. que el trabajador no reclama legalmente mientras está trabajando porque corre el peligro de ser despedido. Los trabajadores reclaman en juicio todo lo que les corresponde legalmente y si ganan los juicios es porque tienen sobrada razón y pruebas de su reclamo. Si los patrones cumplieran con su ley no podría prosperar ningún reclamo judicial. Nadie puede creer que la Justicia laboral está en manos de los trabajadores y los abogados laboralistas. Lo que quieren los patrones es eliminar las leyes laborales para abusar de la explotación del trabajo sin ningún peligro de castigo legal.
La cantidad de juicios laborales crece debido a que crecen los despidos y crece la precariedad laboral. Se informa que, en 2024, los juicios laborales alcanzaron un récord de 125.842 casos, aumento del 7% respecto al año anterior. Para 2025 las demandas laborales superarían las 132.000. No hay duda que guardan relación directa con el desastre económico que provocan las políticas capitalistas.
Las patronales siempre han querido extorsionar a los trabajadores con el tiempo, abusando de su fragilidad económica, para que acepten lo que el patrón ofrece porque de lo contrario tardará años en conseguirlo en la Justicia. Sus abogados son especialistas en demorar los fallos para forzar a los trabajadores a aceptar sus propuestas. Las actualizaciones apuntan a que las indemnizaciones no se licuen por el paso del tiempo y la inflación y que las empresas no difieran su pago. Apenas compensan lo que significa para un trabajador quedarse sin trabajo con una desocupación creciente. El reclamo de los trabajadores es esencialmente conservar su puesto de trabajo, no una indemnización.
El trabajo “no registrado” se ha triplicado desde comienzos de los años noventa. Los empresarios, sus periodistas, abogados y politiqueros dicen que es por las cargas sociales, por las indemnizaciones, por la estabilidad laboral del empleo registrado. No pueden explicar cómo en las décadas anteriores el empleo no registrado era mínimo con la misma legislación.
Una explicación es el record histórico de desocupación y subocupación en los ’90 que superó el 25% que empujó a que millones de trabajadores en su desesperación acepten cualquier trabajo precario y mal pago ofrecido por los empleadores, combinado con la falta de controles por parte de los gobiernos sobre la economía no registrada y el empleo. Los capitalistas quieren generalizar esa situación imponiéndosela a todos los trabajadores, flexibilizando, esclavizando sin límites. Cuando dicen que “los fallos de la Justicia laboral tienen montos exorbitantes” están queriendo decir que deben ser eliminadas todas las leyes que protegen a los trabajadores.
Mienten los empresarios y el Gobierno cuando dicen que oponerse a la reforma de la legislación laboral “frena cualquier intento de modernizar la legislación, se impide generar empleo en blanco y se termina condenando a las PyMEs a desaparecer”. Sus reformas retroceden más de 100 años. Lo que condena a las PyMEs es la política del gran capital de abrir las importaciones indiscriminadamente, de mantener artificialmente un dólar “barato”, de destruir el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados. Entre las 13.000 empresas cerradas en el último año difícilmente encontremos alguna que haya sido víctima de la legislación y justicia laboral.
Es una burla cuando los abogados de las corporaciones más poderosas dicen defender a las PyMes: “entre los impuestos al trabajo y los riesgos legales de contratar personal, es casi imposible arrancar un emprendimiento pyme”. Quieren eliminar las cargas laborales y los derechos laborales aprovechando lo máximo posible su experimento Milei.
Los abogados de las corporaciones empresarias toman casos aislados para mostrar el perjuicio de las empresas, como pobres víctimas, para generalizar, sin siquiera detallar cómo se llegó a las cifras que exponen ni los puntos de cada demanda. Buscan impresionar a los periodistas, a la opinión pública, para colocar a la legislación laboral como un monstruo que hay que exterminar.
Rechazamos cualquier reforma laboral que impulse el capital financiero, su gobierno y los empresarios que lo sostienen. Rechazamos la presencia de la CGT negociando o siquiera debatiendo con los esclavistas este tema. Gerardo Martínez debe ser expulsado de la CGT, su presencia en el Consejo de Mayo es una traición abierta. El gobierno encarna una política de guerra contra los trabajadores, no hay nada que negociar con él. En los lugares de trabajo se debe alertar sobre el peligro de esta reforma y cómo enfrentarla con los métodos propios de la clase obrera. El Congreso ya ha facilitado el avance de contrarreformas contra el movimiento obrero y lo volverá a hacer, no hay que alentar ninguna ilusión en él.
(Artículo de MASAS n°486)