El régimen de dictadura civil censura y persigue a periodistas y despide a funcionarios que denuncian coimas
El Gobierno que hizo campaña diciendo que terminaría con la corrupción y la casta es un verdadero campeón de la corrupción y la casta.
La secretaria General de la Presidencia Karina Milei presentó un amparo judicial y consiguió que el juez Patricio Marianello accediera a su pedido de censura previa. Otra violación a la Constitución que en su art. 14 dispone el derecho a publicar ideas “sin censura previa” reafirmado en el art. 32 que prohíbe al Congreso dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta”.
La medida generó un rechazo inmediato en todos lados, inclusive en sus propias filas y la solidaridad con los periodistas.
La torpeza de la medida es un indicador de la desesperación de un Gobierno perdido. Logró que la población quiera conocer qué se censura, qué se prohíbe. Nadie ignora el escándalo de las coimas y todos sospechan que se quiere ocultar la magnitud del delito y hasta dónde salpica. Entre los argumentos del amparo se menciona su derecho a la intimidad por posible daño a “la familia” y que no es otro que Javier Milei.
El juez Marianello también contribuye al descrédito del sistema judicial y el suyo propio ya que se conoció la cantidad de denuncias por acoso que tiene en el Consejo de la Magistratura. Una cantidad de juristas expusieron en la Facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires en una Conferencia titulada “Libertad de expresión y democracia” sobre el amparo, resumida en dos palabras del presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal: “impracticable” e “imbecilidad”. Algunos de ellos firmaron la apelación al amparo de Karina Milei.
El ridículo alcanza a Milei, a la ministra de Seguridad y al Vocero Adorni. Todos ellos, frente a los audios de Spagnuollo denunciado el cobro de coimas con insumos médicos para la Dirección de Discapacidad, amplificaron su visibilidad al acusar que detrás de la filtración de esos audios estaban espías rusos y venezolanos además de desestabilizadores locales del Gobierno de diferentes campos políticos y económicos. La ministra de SeguridadPatricia Bullrich denunció “una de las operaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia”, culpando al kirchnerismo sin pruebas, remarcando que opera “con extranjeros sembrando odio”.
La ministra Bullrich en otro acto patético negó que se hubiera pedido el allanamiento de las casas de dos periodistas y un medio, desmentido en su cara por el periodista de un canal amigo que le leyó la denuncia.
El diario La Nación titula en un editorial: “Impedir la difusión de información antes de su publicación configura un acto incompatible con el sistema republicano y democrático”.
El gobierno de dictadura civil se dedicó especialmente a censurar, criticar, acusar en la Justicia y reprimir violentamente a los periodistas especialmente a los que cubren las manifestaciones de los miércoles.
(Artículo de Masas n°488)