Continúan las movilizaciones en Mendoza
Tras la aprobación, el pasado 9 de diciembre, de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación del proyecto minero San Jorge, continúan las movilizaciones en toda la provincia.
La lucha contra la megaminería no es reciente en Mendoza. Comenzó en 2007 con la sanción de la Ley 7722, conocida como la “ley protectora del agua”, fue escrita, debatida e impulsada por asambleas vecinales y ambientalistas, protege el recurso hídrico frente a la actividad minera metalífera al prohibir el uso de sustancias tóxicas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico. Además, exige estudios ambientales específicos y garantiza la participación social sobre las cuencas hídricas afectadas. En 2019, la Legislatura provincial derogó la ley con el apoyo político de varios bloques. Sin embargo, una inmensa movilización popular puso en pie a toda la provincia y obligó al entonces gobernador, Rodolfo Suarez, a dar marcha atrás y restablecer su vigencia, dejando en claro su legitimidad social.
Del mismo modo, el proyecto San Jorge no es nuevo, es un proyecto minero metalífero que busca extraer cobre con restos de oro, plata y molibdeno en la zona de Uspallata. Es impulsado por el Grupo Alberdi y la corporación Solway, denunciada por contaminación y vulneración de derechos de comunidades indígenas en Guatemala. El proyecto lleva más de diez años en carpeta y ha sido modificado en varias oportunidades. Aunque cuenta con el aval de diversos bloques políticos y fue aprobado bajo la justificación de que utilizará el método de flotación (sin las sustancias prohibidas por la ley), las asambleas denuncian que se ignoró el estudio hídrico integral y se excluyó a regiones potencialmente afectadas, particularmente al departamento de Las Heras, evitando así la intervención de un municipio no alineado con el oficialismo.
Mendoza es una provincia árida que declaró la emergencia hídrica en 2010, con prórrogas que continúan hasta la actualidad debido a sequías persistentes. Toda la producción mendocina, desde la vitivinícola y frutal de exportación hasta la de hortalizas, depende estrictamente del riego. El proyecto San Jorge planea utilizar grandes cantidades de agua dulce, recurso que hoy no es suficiente para el uso cotidiano, escasea en verano y afecta especialmente a los pequeños productores hortícolas.
Las promesas de empleo y progreso para toda la provincia ya no convencen a los mendocinos. Basta observar el daño causado por la mina Veladero en el río Jáchal, San Juan, donde derrames de sustancias químicas asociadas a la megaminería contaminaron ríos y afectaron la producción ganadera y agrícola. Con apenas un 3% de regalías y la posible habilitación de más de sesenta proyectos mineros en Malargüe, los beneficios son para los grandes grupos empresarios. Mientras las asambleas llevan casi un mes de lucha con manifestaciones diarias y multitudinarias, el gobernador Cornejo rodea la Legislatura con fuerzas policiales, aumenta la persecución contra los manifestantes y pide eliminar la Ley de Glaciares.
Es importante decir No a la minería extractivista. Sí a una minería estatal, al servicio de la industrialización nacional, con control ambiental y pensada para el desarrollo del país, no para la fuga y el pago de la deuda.
(Nota de Masas n°495)