El Congreso contra los trabajadores: avanzó con la Reforma Laboral preparada por el FMI y las grandes corporaciones
La Ley fue preparada por los estudios de abogados de las grandes corporaciones. Se “debatió” en el Senado en una sola jornada, en un trámite “express”. Se aprobó por 42 votos contra 30. En diputados siguió el mismo curso “express”, sin debate, con 135 votos a favor y 115 en contra.
Una de las disputas que trascendió fue entre los bancos y Mercado Pago que quiso introducir en el proyecto de ley que las billeteras virtuales quedaran habilitadas para recibir los depósitos de los salarios de los trabajadores, quitándole uno de los grandes negocios a los bancos.
Varios gobernadores apoyaron la Reforma instruyendo a sus senadores que la votaran, como Flavia Royón de Salta, ex funcionaria de Alberto Fernández. Este es el mecanismo antidemocrático de la dictadura civil. Es la podredumbre del sistema, su decadencia definitiva, en otras épocas no se animaron a un ataque tan profundo y descarado. Recordamos que es un gobierno que apenas tuvo un apoyo electoral del 26% del padrón.
La inclusión de rebajas de impuestos coparticipables en el proyecto de ley, que afectaba los ingresos de las provincias, jugó como elemento de extorsión sobre los gobernadores para que apoyaran la Ley a cambio de retirar ese tema de impuestos, tan sensible para sus bolsillos, (que no correspondía incluir dentro de una ley de reforma laboral y sin que hubiera pasado previamente por diputados). También las promesas de transferencias o la aprobación de alguna obra pública, ante la desesperación financiera. Es una maniobra habitual para conseguir los apoyos o para que los gobernadores puedan explicar a sus votantes porqué apoyan una ley tan nefasta. Hasta que no retiraron el capítulo referido a los impuestos no tenían garantizados los votos necesarios en el Senado.
En diciembre el Gobierno resolvió postergar el tratamiento de la Ley hasta ahora, porque no contaban con los votos suficientes. Se tomaron el tiempo para comprar más voluntades, utilizando todos los recursos conocidos. Como alertó un dirigente sindical “espero que no vuelvan a usar la Banelco”, como hicieron cuando De la Rúa quiso meter su reforma laboral sobornando a algunos legisladores.
Es el mayor ataque a los derechos laborales de la historia, supera los ataques de las dictaduras militares y los gobiernos más reaccionarios. Esta contrarreforma pretende terminar con gran parte de los derechos laborales conquistados en décadas de lucha. Se transformaron en leyes por la lucha colectiva, no por voluntad de los legisladores. Pretende terminar con toda apariencia de conciliación y profundizar la guerra de clases contra el proletariado.
Solo la clase obrera organizada y en lucha unitaria puede enfrentar y derrotar esta política retrógrada. No se debe confiar ni en legisladores, ni en gobernadores, ni en la Justicia, al servicio del capital más concentrado. Los medios de comunicación llevan meses trabajando para envenenar a la población con un discurso que apunta a los derechos laborales como el principal problema que traba la generación de empleo o la regularización de los trabajadores informales, demonizando la actividad sindical y los sindicatos.
La respuesta de los trabajadores debió ser preparada durante meses, desde las bases, con asambleas y reuniones, debatiendo un plan de lucha para defender los derechos, pelear por los salarios, crear puestos de trabajo genuino, terminar con toda forma de precarización laboral e impedir los despidos. Con campañas públicas masivas, permanentes, respondiendo a la política de desinformación y engaño que se realizó desde los grandes medios. Se sabía del ataque que se estaba preparando, ya se había anticipado en la Ley Bases.
La dirección de la CGT trabajó en contra de esta respuesta esencial. Mantuvo a Gerardo Martínez en el Consejo de Mayo del Gobierno hasta diciembre. La dirección alentó ilusiones en que votando contra Milei en octubre se le podría parar la mano, ilusiones en que gobernadores y legisladores podrían poner un freno al ataque, y si no, de última recurrir a la Justicia. Un camino de parálisis, de derrota. Si ante semejante ataque la dirección de la CGT no se puso a la cabeza de la lucha, no la organizó, cabe preguntarse qué intereses defiende.
La presión de las bases los obligó a convocar al paro general del 19, de extraordinario acatamiento, mostrando la voluntad de resistir, con importantes movilizaciones en todo el país que reclaman a viva voz un paro activo para cuando vuelva a tratarse la Ley en el Senado.
Las masivas marchas y actos en Córdoba, Rosario, Buenos Aires y varias ciudades del país, y el paro de varios sindicatos, ya habían demostrado la voluntad de lucha, de resistencia. El reclamo unánime es que la CGT debe llamar a paro general como parte de un plan de lucha para aplastar la Reforma Laboral y también para imponer el salario mínimo vital y móvil y la defensa de los puestos de trabajo.
Como es habitual el Gobierno despliega su represión para asegurarse vaciar la Plaza y que los medios puedan hablar de los “enfrentamientos” y distraer la atención sobre la magnitud del ataque, para esconder su contenido. Detuvo a decenas de manifestantes y plantea acusarlos de terrorismo por haber participado de la protesta, en una operación de amedrentamiento a todos los que quieren movilizar y protestar.
Violencia policial en la represión, violencia al arrancar dictatorialmente derechos conquistados en décadas, violencia en el discurso de los medios de comunicación deformando y mintiendo sobre qué se discutía, quién preparó el proyecto, a quién beneficia. Violencia que se descarga sobre la mayoría que ve cada día cómo pierde poder adquisitivo y que le impedirán recuperar. Violencia los despidos o la amenaza de despidos sabiendo que no hay puestos de trabajo disponibles….
En diputados el Gobierno consiguió la aprobación de la Ley, lo que anticipa una derrota legislativa de importancia para los trabajadores. Demandará una dura lucha revertir esa Ley que los empresarios se apurarán a aplicar y unos cuantos ya aplican en los hechos. La única posibilidad de impedir esa derrota está en manos de los trabajadores organizados, parando la CGT y las CTAs hasta que devuelvan esa Ley al FMI y la archiven. No hay otro camino. No alcanzan medidas simbólicas o testimoniales, es necesario volver a parar el país como parte de un plan de lucha para derrotar toda la política antiobrera y antinacional de Milei.
(Nota de MASAS n°498)