El Congreso Nacional, al servicio de las mineras multinacionales, reformó la Ley de Glaciares
El régimen de dictadura civil viola nuevamente la Constitución Nacional modificando la Ley 26.639 del año 2010, de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Los protegía como reservas estratégicas de agua dulce, prohibiendo expresamente actividades mineras e industriales que puedan contaminar o destruir esos ecosistemas. Ahí es donde nacen los ríos. La reforma abandona un régimen de resguardo del agua como bien común. Es una de las leyes que reclamaba el FMI y la AmCham.
En la Audiencias previas no fueron convocados a participar ninguna de las organizaciones que se manifestaron contra la reforma, organizaciones ambientalistas y más de 500 juristas, que advirtieron, mediante una carta abierta, por la inconstitucionalidad de la ley. No expuso ni siquiera el propio Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales(IANIGLA). Solo permitieron exponer a los defensores de las mineras.
Las provincias podrán determinar qué manchón de agua cumple la “función hídrica efectiva”, qué áreas quedan protegidas y cuáles pueden habilitarse para actividades como la minería o la explotación hidrocarburífera. Toman el poder de delimitación y control, reemplazando la perspectiva nacional.
El gobernador de La Pampa presentó un amparo colectivo para frenar la reforma de la Ley de Glaciares, argumentando su inconstitucionalidad, “que incumple el Acuerdo de Escazú (primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, vigente desde 2021), afecta el ambiente y el derecho al agua y amenaza los recursos hídricos provinciales”.
Esta reforma de la Ley de Glaciares tiene como objetivo asegurar minerales críticos para la transición energética y la reindustrialización tecnológica de EEUU. El cobre es estratégico para la electromovilidad, para las energías renovables y también para los centros de datos.
BHP y Lundin Mining, Barrick Mining (ex Barrick Gold), Glencore, Río Tinto y McEwen Copper, las principales mineras, se beneficiarán con esta nueva ley. BHP y Lundin Mining están asociadas en Vicuña Corp, que explotará las minas de cobre de Filo del Sol y Josemaría en San Juan.
Barrick Mining en la mina de oro y cobre de Veladero en el norte de San Juan derramó cianuro al río Las Taguas en septiembre de 2015. La Justicia suspendió su producción solo por cinco días para realizar la inspección, y después autorizó su continuación. La Corte Suprema de Chile, por la misma causa, obligó a la Barrick a cerrar la mina de Pascua Lama.
Glencore, de propiedad de BlackRock y Vanguard Group, tiene participación en varias mineras en el país, y principalmente en Bajo de la Alumbrera y Agua Rica en Andalgalá-Catamarca, y Mina de Pachón en San Juan. En esta última su emplazamiento en alta montaña involucra la cuenca del río Los Patos, uno de los cuatro afluentes del río San Juan.
En el caso de Bajo de la Alumbrera, fue la primera (en 1997) explotación a cielo abierto de la Argentina, donde dinamitaron la mina para reducir las rocas casi a polvo, rociarlas con químicos para producir la separación del metal. Este proceso de lixiviación termina con un cóctel de desechos encerrados en un gran dique de cola, donde se corre el riesgo de contaminar el agua que nace de los glaciares.
En 2016, un equipo del CONICET investigó los componentes hidroquímicos de cinco ríos del departamento de Andalgalá. El informe mostró que “los niveles de cobre, cromo y plomo exceden los niveles guía de calidad de agua para protección de vida acuática”. Tres de esos ríos, los de mayor caudal, que abastecen al pueblo de agua potable y riego, presentan manganeso “en valores que exceden los máximos permitidos para agua de consumo humano del código alimentario argentino”.
Geólogos de la Universidad Nacional de Tucumán (que hizo el descubrimiento de la mina) realizaron un estudio de Bajo de la Alumbrera y observaron una cuantiosa exacción a la Nación, a Catamarca y a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (Universidad de Tucumán más Gobierno de Catamarca). Hicieron la denuncia en 2012. La empresa declara exportar oro, cobre y molibdeno. No declarara las exportaciones de cromo, titanio, circonio, cerio, cobalto, cesio, hafnio, lantano, lutecio, columbio, níquel, escandio, tantalio, terbio, torio, uranio, tungsteno, ytrio e iterbio, obtenidos en la explotación de los tres primeros.
Glencore cerró la mina Bajo de la Alumbrera, pero con la nueva Ley la reabrirá, como también pondrá en funcionamiento Agua Rica.
La empresa minera multinacional anglo-australiana Río Tinto, donde BlackRock es uno de sus principales accionistas explota esencialmente litio en nuestro país en el Proyecto Rincón (Salta), salares de litio como Olaroz y Caucharí (Jujuy), y Fénix y Sal de Vida (Catamarca). McEwen Copper, canadiense, posee el proyecto de cobre de gran escala y a cielo abierto en “Los Azules”, ubicado en Calingasta, San Juan, sobre glaciares de escombros en la cordillera, áreas que estaban protegidas por la ley 26.639. (información extraída del trabajo de Horacio Rovelli en El Cohete)
Además,la prioridad sobre el uso de la energía en la cordillera desató una batalla de gigantes mineros del cobre. En San Juan, aspectos regulatorios por el uso de la infraestructura energética demoran el inicio de las obras más grandes de extracción de cobre y hasta podría obligar a frenar algunas de las iniciativas. La Resolución Nº 079/26 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), otorgó al megaproyecto Vicuña una prioridad del 90% sobre la capacidad de transporte eléctrico en el norte de la Provincia por 25 años. Esta decisión del Gobierno nacional habilita a una sola compañía a gestionar el corredor estratégico Nueva San Juan-Rodeo, la columna vertebral energética de la región de Calingasta. Otros proyectos en fase de ejecución podrían quedar supeditados a la voluntad de un competidor directopara acceder a la energía básica necesaria para operar. Este conflicto expone uno de los mayores cuellos de botella de la economía argentina: el colapso del tendido eléctrico. El Gobierno se retiró de la obra pública y dejó de costear las líneas de alta tensión. El Ente de San Juan cuestionó la decisión nacional acusando que subordina el interés general de la población a un interés privado particular. (Eugenia Muzio, Perfil)
El sindicato de la UOCRA (construcción) se ha manifestado a favor de la reforma de la Ley que favorece a las mineras con el argumento de que generará más puestos de trabajo, lo que es relativo, ya que quedó demostrado que genera muy pocos puestos de trabajo. Lo que sí genera cientos de miles de puestos de trabajo genuino es la obra pública paralizada por este Gobierno dejando cientos de miles de trabajadores desocupados.
La minería debe estar al servicio del desarrollo industrial del país. El Estado debe explotar las minas para producir lo necesario. Rechazamos la minería en manos de multinacionales, que deben ser expropiadas.
El ingreso que dejan al Estado es mínimo en comparación con el daño que producen, además de no declarar todo lo que exportan. El Gobierno y el Congreso, con el apoyo de numerosos gobernadores, aprobaron esta Ley nefasta, de espaldas a los reclamos y denuncias de la población. Pretenden que ingresen dólares para poder pagar la deuda externa fraudulenta y para alimentar la fuga de capitales. Un objetivo parasitario y antinacional.
(Nota de Masas n°501)