20M: Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública
Ajuste criminal en el PAMI
El PAMI actualmente padece un doble ajuste: un hachazo presupuestario que liquida la salud de los jubilados, y despidos de personal junto a salarios sin aumento y sin paritarias para los trabajadores del Instituto desde el inicio del gobierno de Milei; factores que degradan y dificultan la atención de los afiliados. Hoy el PAMI no solo enfrenta un ajuste presupuestario, sino que atraviesa un quiebre sistémico. Mientras desde los despachos oficiales se habla de “normalización”, la realidad en las farmacias, clínicas y consultorios de todo el país cuenta una historia de abandono.
La deuda del PAMI con prestadores y proveedores ya supera los $10.000 millones. Esta mora no es un simple número contable: se traduce en farmacias que ya no pueden reponer stock de medicamentos, clínicas que suspenden turnos y un sistema de salud que se desangra. La nueva normativa impuesta por la gestión respecto a los médicos de cabecera y odontólogos no es otra cosa que un hachazo a la salud pública. Al establecer un pago fijo por cápita mensual y no por consulta efectiva, se genera un recorte de entre el 30% y el 50% de los ingresos de los profesionales, lo que llevará a enormes demoras en la atención o, directamente, a la renuncia de los médicos a sus contratos con el Instituto.
A esta asfixia financiera se imponen dobles trámites y trabas burocráticas infinitas con un solo objetivo: que el jubilado se canse y no use el servicio. En ese sentido, el PAMI estableció un límite de solo seis prestaciones mensuales por afiliado. Cuando el sistema llega a ese tope, deja de validar las órdenes, lo que obliga al jubilado a deambular por oficinas o al médico a atender gratis. Es una forma directa de ahorrar: prestación que el sistema bloquea, prestación que el PAMI no paga. El resultado es que, después del día 10 de cada mes, miles de afiliados se quedan sin cobertura efectiva.
Cabe recordar que el PAMI no solo atiende a adultos mayores, sino también a personas con discapacidad —entre las que hay muchos menores de edad— y veteranos de guerra. Todos han visto afectadas sus prestaciones con las políticas del gobierno de Milei, que se traducen en decisiones internas de quienes conducen la institución.
En cuanto a la situación del personal, nunca los sueldos fueron tan bajos. En PAMI los haberes no recibieron aumentos desde el inicio de la gestión y no se convocó a paritarias en todo este tiempo. A su vez han despedidos a médicos, trabajadores sociales, psicólogos y personal de recepción, desarticulando áreas enteras y reduciendo unidades de gestión local (UGL).
Luchar por un Sistema Único y Nacional de Salud Pública
El sistema está estallado. Miles de personas que fueron despedidas o que ya no pueden costear prepagas impagables van al hospital público, que termina absorbiendo también a los afiliados que el PAMI abandona, saturando lo poco que queda en pie de la salud pública. Los ejemplos de achicamiento están a la vista, en la calle y en los medios de comunicación. La gente no puede comprar todos los remedios que le son recetados. El PAMI demora o no entrega medicamentos oncológicos, recortó el presupuesto para las prestaciones sociales y las que brindaban las empresas de internación domiciliaria. Y así podemos seguir haciendo una larga lista de prestaciones deterioradas o anuladas.
La lucha en defensa del PAMI, como así del Garrahan expresa la lucha de todos los trabajadores de la Salud. Vienen haciendo oír su voz, defendiendo la lucha por salarios dignos, por la reincorporación de los despedidos y por el fin del vaciamiento en todo el país. Estas luchas tienen que unificarse con las del resto de los trabajadores del país para terminar con este gobierno, no hay otra solución, porque en la práctica demuestra día tras día el desprecio por las mayorías.
La política del gobierno es la de ataque constante a la salud pública, desfinanciando y congelando salarios. Amenazaron brutalmente a los médicos residentes que cobran menos que la mitad de la canasta familiar. A su vez desmantelaron el programa de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer y despidieron trabajadores en los Hospitales Posadas, Bonparte y Sommer.
Este panorama contrasta con los beneficios otorgados a los privados. La liberalización de los precios de las prepagas, a pesar de las amenazas de sanciones por parte del Gobierno, llevó a un escandaloso encarecimiento. La construcción de la Salud Privada se asienta sobre los escombros de la Salud Pública, no podemos seguir permitiendo esto.
La CGT y las CTA’s deben ponerse a la cabeza de los reclamos con medidas de fuerza contundentes y un Plan de Lucha de verdad. El sistema de Obras Sociales es parte del problema, ya que mantiene acomodada a la burocracia sindical para hacer la vista gorda ante los problemas de la Salud.
Sólo mediante un Sistema Único y Nacional de Salud podremos resolver todos los problemas de la población. De esta manera no faltarán remedios, ni vacunas, ni infraestructura, ni tampoco desarrollo e investigación. Pero si la clase obrera no entra en escena paralizando el país, no es posible conseguir esto.