29 de junio de 2026: A 5 años de la explosión de la Escuela 144 de Aguada San Roque
Mónica, Mariano y Nicolás ¡presentes!
A 5 años de la explosión que produjo el triple crimen laboral, de nuestra compañera docente Mónica Jara y de Nicolás Francés, obrero y docente y Mariano, obrero precarizado. Los responsables políticos son el ex gobernador Gutiérrez y su ministra Cristina Storioni, ya difunta, quienes a la salida de la pandemia presionaban a los docentes para que vuelvan presencialmente a las escuelas, aunque no estuvieran dadas las condiciones.
La explosión de la escuela 144, que se encuentra en el corazón de Vaca Muerta, expuso de la manera más cruenta, las condiciones laborales que llevaron a esas muertes. Continúan así repitiéndose año a año, cuando llega el invierno y son la contracara de las superganancias petroleras. Estos asesinatos laborales desnudan las condiciones en las que trabajamos y en las que aprenden miles de niños y adolescentes, además del entramado de corrupción.
Lo que ocurrió en la escuela de Aguada San Roque no es una excepción, así lo muestran las muertes de Sandra y Rubén en Bs As en 2018 y Silvia Roggetti en el 2000. En la provincia de Neuquén hasta hace unos años existía un sector del Estado, “la unidad ejecutora”, que se encargaba de las reparaciones de las escuelas, que contaba con obreros calificados. Este sector fue desmantelado paulatinamente para tercerizar el mantenimiento en el interior y privatizarlo. A partir de la jubilación de los compañeros de la unidad ejecutora, se introdujeron empresas privadas amigas del MPN antes y ahora de la Neuquinidad. En algunos casos ni siquiera son empresas de construcción o de mantenimiento, sino que ganan las concesiones por estar ligadas al poder, contratan los obreros eventualmente según la necesidad, así por ejemplo no cuentan con gasistas matriculados, sino que los contratan solamente para dar el final de obra. Esta situación de privatización, sumada al vaciamiento sistemático, aunque el gobierno realice la pantomima de inaugurar escuelas y obras, han llevado a una condición de riesgo tanto para docentes, como para estudiantes.
El triple crimen laboral mostró, una vez más, el grado de acuerdo entre la burocracia sindical del TEP y el gobierno del MPN, ya que su principal representante expresó que era “inconducente pedir la renuncia” de los principales responsables políticos. Desde la oposición, cuando murió la compañera Mónica Jara todavía no habíamos recuperado la conducción de Capital, sin embargo, nos posicionamos claramente por la renuncia de Storioni y por señalar la responsabilidad del gobierno del MPN.
El juicio que se llevó adelante condenó a cinco personas, en su mayoría exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas de Neuquén. Sin embargo, por tratarse de una sentencia no firme, los condenados siguen en libertad. Sergio Percat, inspector de Obras Públicas, 5 años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos y 10 años para ejercer como ingeniero; y a Diego Bulgheroni, arquitecto de la empresa Arte Construcciones SRL con 4 años y medio de prisión efectiva y 9 años de inhabilitación para ejercer.
También se condenó a Carlos Córdoba, director de Obras Públicas, a 4 años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua para cargos públicos, y 8 años de inhabilitación como maestro mayor de obras; Raúl Capdevila, también director de Obras Públicas: 4 años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua e inhabilitación profesional por 8 años; Héctor Villanueva, dueño de la empresa Arte Construcciones, a 3 años de prisión en suspenso. Fue absuelto el ex subsecretario de Obras Públicas, Roberto Vicente Deza, quien ya se había jubilado. Todas penas irrisorias para la gravedad del caso. De la justicia no esperamos nada porque sabemos que todo lo que ven desde el prisma de la defensa de la propiedad privada donde las vidas valen poco. Por eso insistimos que además de la lucha judicial es fundamental sostener la condena pública a los responsables políticos.
Hoy el TEP se ve obligado a sacar un paro provincial para desviar y atenuar la presión que ejerce el malestar de las bases, producto del acuerdo salarial hasta 2027 cerrado de manera trucha, y de las convocatorias de la oposición a asambleas, marchas y campañas provinciales exigiendo la reapertura de la mesa salarial ya.
Mónica Jara tenía tan solo 34 años, madre de dos niñas, cuando perdió su vida, Una joven como tantas que con mucho esfuerzo viajó a la ciudad de Centenario para terminar su carrera. Allí en el ISFD de Centenario terminó su carrera con un trabajo sobre las condiciones laborales. La pérdida para la familia de Mony, para sus amigas, para su mamá, para sus hijas es irreparable. Pero la lucha contra la impunidad no debe cesar, debe hacerse memoria en las calles.
Para decir nunca más morir en una escuela debemos luchar por presupuesto educativo, por salarios y por condiciones dignas para el estudiantado.
EL 29 DE JUNIO DEBE SER COMO EL 4 DE ABRIL TIENE QUE ENCONTRARNOS MOVILIZADOS CON PARO Y EN LAS CALLES CONTRA LA IMPUNIDAD DE AYER Y HOY