La Corte Suprema debe anular inmediatamente su Fallo anulando la Ley de Tierras. Y todo el DNU 70/23
Todos los latifundios deben ser expropiados, de Lewis, Benetton, Soros y de todos los terratenientes.
Los jueces de la Suprema corte Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti dejaron habilitada la compra de tierras rurales por extranjeros sin límites. La Corte respaldó el pedido del gobierno de Milei, anulando un Fallo de la Cámara Federal de La Plata que había frenado el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Utilizaron una excusa miserable: rechazaron la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) por considerar que no tenía legitimación para presentar una acción colectiva para reclamar por la inconstitucionalidad de ese artículo.
Con este Fallo la Corte colabora con el Gobierno en su intento por extranjerizar las tierras. Los Jueces repusieron el artículo del DNU 70/23 que anulaba la histórica Ley de Tierras. Recientemente Milei buscó modificar la Ley de Tierras y no pudo en el Senado debido al fuerte reclamo popular en defensa de la soberanía. De esta forma habilita ahora la liberación del mercado de tierras y su extranjerización. Los inversores podrán comprar pueblos o provincias completas.
Aquel Fallo de la Cámara Federal de La Plata había declarado la inconstitucionalidad de la decisión del Poder Ejecutivo (Decreto de Milei 70/23). Por lo tanto, seguía vigente la antigua Ley de Tierras.
Cuando asumió Milei presentó un Mega Decreto preparado por los estudios de abogados de las empresas más poderosas y presentado por Sturzenegger, que no era miembro del Gabinete, que desreguló la economía y derogó leyes (como la de Abastecimiento, la de Alquileres, la de Góndolas, la de Compre Nacional), sin explicar la necesidad y la urgencia del Decreto y sin cumplir con el procedimiento necesario de cada ministerio sobre cada reforma que lo afectaba. Los legisladores tampoco conocían qué decía el Decreto ni qué se modificaba. Pese a los reclamos, la Corte permitió la vigencia de buena parte de las disposiciones de ese decreto.
El Centro de ex Combatientes critica este fallo de la Corte que no les reconoce legitimidad para reclamar: “(la Corte) dijo que este grupo de exsoldados conscriptos, combatientes de Malvinas, no podemos acudir a la Justicia en defensa de la soberanía. Extraño razonamiento, si atendemos a que esta Corte conforma el Estado argentino, en su esquema de tripartición de poderes. Un Estado que, en 1982, nos mandó a batallar bajo el argumento de la defensa de la soberanía nacional. Rara consideración la de esta Corte. Podemos morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un tribunal”.
La ley 26.737 del 2011 de “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales” limitaba la titularidad y posesión de tierras rurales por extranjeros; solo podía haber un 15% de tierras en sus manos; un mismo titular extranjero no podía superar las 1000 hectáreas en la zona agrícola núcleo. Prohibía la venta a extranjeros de tierras “que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”: mares, ríos, arroyos, lagos, humedales, lagunas, esteros glaciares, acuíferos. Las compraventas debían ser autorizadas por el Estado.
Inicialmente el amparo de los excombatientes tuvo efecto ya que logró paralizar el artículo 154 del Decreto y obligó al Gobierno a intentar, recientemente, otra vez la vía del Congreso con el proyecto de Ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que incluía derogar los puntos que le interesaban de la Ley de Tierras. La movilización popular frustró esta maniobra en agosto. Por eso la Justicia tuvo que resolver sobre este punto ya que hay poderosos intereses que presionan para que se resuelva por cualquier vía y en forma urgente. Esa Corte de tres miembros, elegida por nadie, que representa los intereses del gran capital y su impunidad, se toma la atribución de validar aquel artículo 154 y sostener la vigencia del Decreto cuestionado. Así funciona el régimen de dictadura civil, así se reparten el trabajo entre los “tres poderes”.
La respuesta es ahora, es en las calles, es parando el país, organizándonos desde las bases en cada lugar de trabajo, de estudio, en los barrios, hasta terminar con todas estas políticas que nos metieron en la barbarie. La CGT, las CTA, los sindicatos, las organizaciones sociales y políticas, deben tomar esta tarea urgente en sus manos. Está comprobado que sobra voluntad de lucha en las bases, que la bronca es generalizada.
POR – 02 Octubre 2026