El Gobierno que habilita el saqueo del país criminaliza a los más jóvenes
Junto con los grandes medios de comunicación lanzaron una campaña para estigmatizar a las juezas que se animaron a frenar su aplicación
La jueza de la Ciudad de Buenos Aires Laura Beatriz De Marinis declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley 27.801 Ley de Régimen Penal Juvenil al sobreseer a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo pocas semanas después de que entrara en vigencia la Ley que estableció un régimen de responsabilidad penal desde los 14 años. Esa resolución no implica la suspensión ni la anulación general de la ley. Es una decisión específica sobre el expediente que llegó a su juzgado. Recordamos que esa Ley miserable fue votada por mayoría de los legisladores en el Congreso.
La Jueza entendió que al aplicar la nueva Ley estaba vulnerando, en ese caso, los principios de progresividad y no regresividad en materia de derechos. Consideró la proporcionalidad de la respuesta estatal, el interés superior del niño y la trayectoria vital del adolescente. Dice en el fallo: “Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables”.
Pero eso bastó para el fusilamiento mediático de la Jueza y la amenaza de destituirla del cargo.
La Jueza tiene una especialización interdisciplinaria en problemáticas sociales infantojuveniles. Integra la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), que en 2017, cuando se discutía la posibilidad de bajar la edad de punibilidad sostuvo que una reforma penal juvenil no podía avanzar sin garantizar previamente los derechos económicos y sociales de niños, niñas y adolescentes, entre ellos la salud, la alimentación, la educación, la vivienda digna y el derecho a vivir en familia. Trabajó en el Ministerio Público de la Defensa y fue integrante de la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil. En 2022 publicó un trabajo sobre protesta estudiantil y derechos de niños, niñas y adolescentes. En 2023 asumió como titular del juzgado. (Extraído de la crónica de Raquel Marconi en Perfil).
De Marinis sostiene que es obligatorio revisar “qué respuestas recibió (o no recibió) ese adolescente antes de que su conducta llegara al sistema penal”. No significa “negar la existencia de una infracción ni eliminar la responsabilidad individual, sino incorporar al análisis aquello que ocurre antes de la llegada de un adolescente al sistema penal… es necesario poder ver cuáles son las respuestas o no respuestas que se recibieron desde el ámbito comunitario, familiar y obviamente estatal”. En una charla había explicado que el Estado debe generar políticas públicas y herramientas para que la comunidad pueda, a su vez, acompañar a las familias. Para la magistrada, el Poder Judicial debe formar parte de un sistema más amplio de protección de derechos. “Nosotros también somos parte del sistema de protección de derechos”. La Jueza entiende que puede jugar un rol diferente dentro un sistema en descomposición.
El mes pasado la AJUNAF respaldó la decisión de la jueza de Lomas de Zamora Marta Elba Pascual, quien suspendió preventivamente por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires debido a las condiciones de alojamiento para adolescentes en conflicto con la ley penal. Decisión que fue revocada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro. Hubo tres pedidos de juicio político para la jueza.
La AJUNAF plantea otra preocupación: si el Estado decide ampliar la cantidad de adolescentes que pueden ingresar al sistema penal, también debe contar con las condiciones materiales, institucionales y profesionales para responder a esa nueva realidad.
La burguesía y su Estado son responsables de la creciente miseria y desocupación. La gran mayoría de los niños y adolescentes son pobres. Desde el Estado se destruye la Escuela pública, el sistema de salud, los comedores populares y hasta los clubes de barrio. Es el mismo Estado garantiza impunidad para los grandes ladrones del país, de los bancos que lavan la recaudación del narcotráfico y la trata, y la fuga de capitales, de los que se apropiaron y siguen apropiándose de las tierras de los pueblos originarios y de los campesinos; del narcotráfico que vive en los barrios más lujosos; de los que se apropian de las empresas y propiedades del Estado.
(Nota de Masas n°511)