Brasil: Motivos del agravamiento de la crisis política

Objetivos y tareas del movimiento obrero y popular

En las últimas semanas han confluido varias manifestaciones y acontecimientos que indican la aceleración y profundización de la crisis de gobernabilidad. Los conflictos del ala de los gobernadores, liderada por João Doria, con el presidente Jair Bolsonaro se han reavivado. La Carta Abierta de banqueros, financistas e industriales, en contra de las directrices del gobierno federal, en relación con la pandemia, indicó a su vez la movilización del gran capital, en apoyo a las orientaciones de Doria. El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, y el de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, fueron «aconsejados» para tomar posición, ya que llegaron al máximo cargo del Congreso Nacional con el apoyo de Bolsonaro. El resultado fue la constitución del «Comité Nacional de Lucha contra la Pandemia», al que no asistieron ni Doria ni sus aliados. Se levantó la bandera de un «pacto nacional», sin que se enfriaran los choques de orientaciones. Precedió a este intento, el cambio del ministro-general de Salud, Eduardo Pazuello, por el médico-empresario bolsonarista, Marcelo Queiroga.

Estas manifestaciones y eventos tuvieron lugar en la situación en la que Bolsonaro perdía en el Tribunal Supremo (STF), el 23 de marzo, la acción de inconstitucionalidad de los “lockdowns”, decretados por los gobiernos del Distrito Federal, Bahía y Río Grande do Sul. Los bolsonaristas ya habían reaccionado, con manifestaciones y amenazas a Doria y su familia. Las amenazas se han extendido al gobernador de Ceará, Camilo Santana, de Espírito Santo, Renato Casagrande, y otros. En este mismo momento, en el estado de Bahía, los bolsonaristas utilizan la muerte de un policía, asesinado por otros policías, que respondieron a los disparos del agente ultimado que se encontraba en estado psicótico. La diputada Bia Kicis (PSL), presidenta de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados, instó a un motín contra el gobernador Rui Costa (PT). El presidente del PTB, Roberto Jefferson, culpó al gobernador de Bahía, diciendo que el policía murió por «desobedecer las órdenes de Rui Costa, del PT». Se observa una furia ultraderechista que expresa la desesperación de sectores de la clase media, golpeados por las medidas de aislamiento social.

La decisión del ministro Edson Fachin, de anular el proceso que llevó a la detención y anulación de los derechos políticos de Lula, así como la decisión de la 2ª instancia del STF de considerar al ex juez Sergio Moro de parcialidad, agitó a la ultraderecha y en particular fue en contra de los intereses políticos de Bolsonaro. Este movimiento se produjo cuando la pandemia elevaba el número de muertos y re-instalaba el colapso del sistema sanitario. La derrota de Bolsonaro en la demanda presentada contra el “lockdown” se sumó a la del inicio de la crisis sanitaria, cuando el presidente pretendía quitar el poder de los gobernadores y alcaldes, para decidir sobre el aislamiento social. De hecho, se creó una especie de gobierno paralelo informal en el país, que dio lugar a una de las crisis federales más profundas de los últimos tiempos. Al no poder centralizar y disciplinar autoritariamente a los gobernadores, y no tener, por tanto, cómo alinear al Congreso Nacional y a la Corte Suprema con la orientación contraria a las medidas de aislamiento social, el gobierno, que originalmente pretendía instaurar un régimen bonapartista, se encontró acorralado y limitado en sus funciones. Bolsonaro no logró utilizar los temores de la clase media para armar una base social de apoyo a su gobierno, que le diera condiciones para una centralización autoritaria.

La estructuración de un gobierno -repleto de generales y otros rangos en el núcleo gubernamental y en la máquina del Estado – fue concebida para instalar una rígida centralización de las fuerzas políticas, de modo que todas las esferas gubernamentales, administrativas y judiciales fueran gobernadas por un solo maestro. La permanencia de la crisis económica desde 2014, ahora profundizada, que había desgarrado al gobierno del PT y creado las condiciones para el golpe de Estado de 2016, dificultó el establecimiento del gobierno bonapartista en el inicio mismo de su mandato y aumentó las tendencias centrífugas de la crisis política.  El estallido de la pandemia acabó por arrastrar la caricatura del gobierno bonapartista al borde del precipicio.

Bolsonaro, una y otra vez, amenaza con un «estado de sitio», quejándose de que no le dejan gobernar. Si fuera su voluntad, ya habría recurrido a una aventura golpista. Pero, sus propios generales y parte de las fuerzas políticas a las que está vinculado no le han dado permiso.  La presión de la crisis sanitaria y la imposibilidad de someter la orientación de los gobernadores han abrumado tanto a Bolsonaro, que terminó afectando la relación entre la Presidencia de la República y el alto mando de las Fuerzas Armadas. La dimisión del general Fernando Azevedo y Silva del Ministerio de Defensa concluyó con la entrega de los cargos de los comandantes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Todo indica que la crisis interna en el gobierno se desbordó en el momento en que el ministro de Defensa se negó a destituir al comandante del Ejército, Edson Pujol, por no acatar la orden de Bolsonaro de pronunciarse contra la anulación del juicio a Lula, siguiendo el ejemplo de lo que hizo el general Eduardo Villas Bôas en 2018, ante el juicio de habeas corpus del expresidente petista. Ciertamente, esta razón, si se confirma, no fue el único, por lo que el general Fernando Azevedo e Silva se indispusiese con Bolsonaro.

Los intentos de involucrar a las Fuerzas Armadas, como instrumento para contener el avance de la oposición de los gobernadores, en la cada vez más difícil situación de controlar la pandemia, fueron fracasando, uno tras otro, y aumentando las críticas, que las Fuerzas Armadas, como institución del Estado, no podían confundirse con el gobierno. Aunque este principio constitucional no es más que una formalidad, la acusación de que Bolsonaro buscaba desviar sus funciones reflejó los límites del objetivo de constituir un gobierno bonapartista.

Un hecho muy importante fue la derrota de Donald Trump a manos de Joe Biden en Estados Unidos. El alineamiento de Bolsonaro con las políticas del republicano fue interrumpido. Bolsonaro tendría que hacer un cambio drástico, y ponerse bajo las alas del nuevo presidente demócrata. Las Fuerzas Armadas brasileñas, a través de sus generales, tienen una dependencia histórica del imperialismo estadounidense. Bolsonaro, al definirse por Trump, cambió la política de la diplomacia brasileña de permanecer lo más alejada posible de las disputas electorales en la mayor potencia. Bolsonaro tardó en destituir al ministro de Exteriores, Ernesto Araújo, y ahora tiene que rendirse ante un ultimátum de la propia base de apoyo del Gobierno en el Congreso Nacional.

Bolsonaro se ha visto obligado a realizar constantes cambios en las carteras ministeriales. Se destaca la crisis generada por la dimisión del ex juez, ex jefe de Lava Jato, Sérgio Moro, del Ministerio de Justicia, y la destitución del ministro de Sanidad, Luiz Henrique Mandetta. En el primer caso, se produjo una división en las filas de los bolsonaristas; y, en el segundo, no debilitó la oposición de los gobernadores, como pretendía el presidente. Sigue en pie, el Ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, pero notablemente debilitado. Bolsonaro no tiene forma de enfrentarse a las presiones de Biden en torno al Amazonas. También es sintomática la caída de José Levi, de la Abogacía General de la Unión, que se opuso a firmar la acción del gobierno contra el bloqueo en tres estados.

Es visible el progresivo debilitamiento de Bolsonaro, acelerado por la división interburguesa, en torno al aislamiento social y al plan nacional de vacunación. Las numerosas propuestas de destitución le han obligado a recurrir a los partidos del «Centrão», para detener la hemorragia, que se filtra por los poros de su fallida política.  La confianza de Bolsonaro en que está seguro en el poder se debe al apoyo de las Fuerzas Armadas, los intereses de los partidos del «Centrão» y el apoyo de una vasta capa de la clase media, principalmente empresarios, camioneros y sectores de servicios, duramente golpeados por las idas y venidas del aislamiento social. Todo indica que la destitución del ministro de Defensa y la dimisión de los mandos de las tres ramas de las fuerzas armadas constituyen la mayor fisura en la base de su gobierno. La oposición espera que esta ruptura suponga un alejamiento de las Fuerzas Armadas de la política bolsonarista. Esto acercará la espada de Damocles del impeachment a la cabeza de Bolsonaro.

La pandemia tiende a alargarse, lo que aumenta las dificultades de la recuperación económica y la reactivación del mercado laboral. El agravamiento de la deuda pública, la alta inflación en condiciones de bajo crecimiento, y el aumento de la tasa de interés de la Selic, evidencian un enorme colapso, que implicará medidas violentas contra las masas, ya sacrificadas por las desastrosas consecuencias de la pandemia. El naufragio del gobierno de Bolsonaro no tiene vuelta atrás. Esto es lo más probable. Las fuerzas políticas de la burguesía cuentan con esta tendencia. Con mucha anticipación, se dirigen hacia las elecciones de 2022. La mejor variante para superar los impasses del gobierno de Bolsonaro no es el impeachment, según los voceros del gran capital y los hombres fuertes del Congreso Nacional. Esta vía es el último recurso, pero podría reforzarse si la actual crisis ministerial no se contiene en el próximo periodo. Una forma de frenar el ascenso del PT, con Lula a la cabeza, es destituir a Bolsonaro y establecer un nuevo bloque de poder. Esta posibilidad no entra en la cuenta del PT y aliados, que propagandean la bandera de «Fuera Bolsonaro» y del impeachment. La posibilidad, a su vez, de un golpe de Estado es la más improbable, aunque no deja de ser parte del cuadro de desintegración del gobierno y la democracia oligárquica. La propia ruptura entre los generales disminuye esta probabilidad. La ruta principal sigue siendo la preparación de las elecciones, que serán traumáticas si Lula fuera apto a presentarse.

Este conjunto de contradicciones, que estalla en el seno de la política y las instituciones estatales burguesas, se produce en unas condiciones en las que la clase obrera se encuentra acorralada, y la mayoría oprimida en gran medida pasiva. Esta o aquella variante de las tendencias de la crisis política dependen, en última instancia, de la lucha de clases. Aquí es donde radica el problema de los problemas. Las organizaciones obreras y populares han sido sometidas, por sus direcciones, a la política burguesa de aislamiento social, lo que ha provocado la renuncia a un programa de reivindicaciones propias, al método de acción directa y a la independencia política. La crisis del gobierno de Bolsonaro ha dependido, hasta ahora, casi estrictamente de los conflictos y divisiones dentro de la política burguesa y del Estado. Los explotados, en su cuasi pasividad, no han podido ser el factor de ruptura del gobierno militarista, antinacional y antipopular. Una solución progresiva de la crisis depende, sin embargo, de la mayoría oprimida en lucha, bajo la dirección del proletariado.

Mientras prevalezca la política de conciliación de clases de la burocracia sindical – encabezada por el PT, Solidaridad, PCdoB, PDT y PSB, fundamentalmente – no se estructurará una potente respuesta progresista y revolucionaria a la crisis de gobernabilidad y de régimen político. Por eso la tarea fundamental es librar la lucha contra las acciones reaccionarias de la burguesía, y contra las acciones conciliadoras y pro-capitalistas de la burocracia sindical.

La vanguardia con conciencia de clase debe estar atenta a cualquiera de las variantes de la crisis de gobernabilidad. Y la mejor manera de hacerlo es luchar, en el seno de la clase obrera y de la mayoría oprimida, por un programa de emergencia, que defienda los puestos de trabajo, los salarios, las condiciones sanitarias, la vacunación universal, así como las libertades políticas, que están seriamente amenazadas. Hay que exigir, junto a los explotados, que las direcciones sindicales rompan con la política de conciliación de clases, reactiven los sindicatos, convoquen asambleas y organicen un movimiento nacional de frente único por el programa de emergencia de los explotados.

La vanguardia con conciencia de clase cuenta a su favor con la desintegración generalizada del capitalismo y la demostración de que la burguesía y sus gobiernos no tienen nada positivo que ofrecer a las masas, sólo tienen para ofrecer más sacrificio y flagelo. El programa histórico de la revolución proletaria surge en medio de la barbarie, que se expande por todo el mundo, y especialmente en Brasil. Es imperativo, en la lucha por el programa de emergencia y la defensa de la organización independiente del proletariado, exponer, explicar y defender pacientemente la estrategia de poder, que tiene como guía la bandera del gobierno obrero y campesino, expresión gubernamental del principio histórico de la dictadura del proletariado.

POR Brasil – 30 de março de 2021

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