La represión como cuestión de Estado
La escalofriante sucesión de hechos de las últimas semanas son un fiel reflejo de la etapa actual de la situación política, y el curso proyectado. En tan solo 72 hs. el confuso velo de las aparentes “formas democráticas” se corrió abruptamente permitiéndonos ver la realidad: la dictadura civil no ha podido ser desmantelada por el Gobierno de Alberto Fernández.
Lucas González era asesinado el jueves 18 de noviembre. Fue un asesinato policial, con todas las letras. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires, envalentonada en sus métodos delictivos, terminaron tempranamente con la vida del joven de 17 años de Barracas. Sincronizadamente salieron los acólitos de nuestros verdugos en sus grandes medios de comunicación a hablar de “enfrentamiento con delincuentes”. Poco les sirvió ante la inmediata respuesta de los vecinos, amigos y familiares que demostraron el asesinato perpetrado por las fuerzas represivas, incluso violando sus propias normativas institucionales: sin identificación, sin orden de detención, en un auto sin patente… modalidad que demuestra el objetivo recaudador-disciplinador de las fuerzas represivas en los barrios porteños.
No habían pasado más de dos días cuando nuevamente volvía a aparecer con toda claridad el régimen dictatorial en sus formas más macabras. En la localidad balnearia bonaerense de San Clemente del Tuyú Alejandro Martínez era impunemente asesinado en la cárcel. El “delincuente” (en palabras de Berni) había “muerto por sobredosis”, parte oficial comunicado a la familia de Alejandro. La autopsia reveló lo que todos imaginábamos: la policía lo molió a golpes y lo asfixió hasta la muerte. Su asesinato no hace otra cosa más que retratar el horror de nuestras cárceles como símbolos inequívocos de la putrefacción capitalista y todas sus instituciones. Nos trae a la memoria los 5 asesinatos en las cárceles santafesinas el 24 de marzo del 2020 o los “autoahorcamientos” en las cárceles de San Luis, entre tantos otros hechos de este último año y medio.
Pero había más. Quizás con la ilusión que cometiéndolos todos en pocos días, cada hecho taparía al anterior, quedando sepultados bajo toneladas de banalidades. Se daba a conocer el asesinato del mapuche Elías Garay en Río Negro, en “Quemquemtreu”. Alertábamos a principios de noviembre, desde estas mismas páginas, que allanaban el terreno, preparando todas las condiciones a fin de colocar un “enemigo interno para justificar la represión” (Masas n° 404). El asesinato calificado como “enfrentamiento entre pobladores” expone en cambio lo que realmente sucedió… liberaron la zona para asesinar a Elías Garay, tal y como lo hicieron con Santiago Maldonado, con Rafael Nahuel, con Camilo Catrillanca, entre tantos otros. La militarización de la zona, reivindicada nacionalmente, tenía el claro objetivo de aislar la lucha por la recuperación de las tierras usurpadas por Benetton, Lewis y compañía, dando vía libre para arrasar con todo.
Un camino sin retorno
Noviembre había comenzado con el asesinato en Corrientes de Lautaro Rosé, obligado a saltar al Río Paraná por la policía, quienes permanecían con mirada desafiante del triste espectáculo. El joven de 18 años, mientras tanto, repetía desesperadamente que no sabía nadar (recordándonos al caso de Ezequiel Demonty en 2002 ahogado luego de haber sido obligado por las fuerzas represivas a arrojarse al Riachuelo). Salta a la vista el denominador común de las fuerzas represivas actuando con inusitada impunidad.
La preparación del terreno cumple un papel disciplinador a la hora de llevar adelante estos asesinatos. La “opinión pública” actúa como amortiguador, y es cuidadosamente sugestionada. Ahí está el papel de los Espert llamando a transformar “en queso gruyere” a los “delincuentes”, o Berni jactándose de tener a 150 “delincuentes abatidos” (¿Considerará a Facundo Castro uno de estos “delincuentes” abatidos por sus fuerzas?). O en la propia Ciudad donde hasta los supuestos “progresistas” -como Leandro Santoro- se envalentonan con la utilización de las pistolas Taser, mundialmente conocidas como “armas de tortura”.
La juventud debe ser estigmatizada para que Lucas González sea asesinado sin miramientos por la policía de la Ciudad; o los mapuches deben ser demonizados para que sean perseguidos y asesinados tan libremente. Y van mucho más allá, buscan disciplinar todas las luchas de cara al panorama que se abre ante nuestros ojos. Esa es la razón de la ejemplificadora condena a cárcel de César Arakaki y Daniel Ruiz, por enfrentar la reforma jubilatoria macrista del 2017.
Comenzábamos marcando que el Gobierno de Alberto Fernández no tiene cómo desarmar, ni tiene la voluntad de hacerlo, el estado policial heredado del macrismo. Contrariamente, ante cada nuevo acontecimiento de la situación política, el camino adoptado por el Gobierno es el de su franca derechización. Esta tendencia que se acentuará en los próximos meses chocará más temprano que tarde con la respuesta de los oprimidos ante la profundización de los planes de ajuste dictados por el FMI, que se apresuran a confirmar. El próximo período tendrá inevitablemente a la represión como cuestión de Estado.