Auditoría y control de los subsidios multimillonarios

En las últimas semanas se insiste hasta el cansancio que se deben reducir o eliminar los subsidios para poder bajar el déficit del presupuesto. Que esta es una exigencia de primer orden del FMI y los grandes capitalistas.

Y nos quieren hacer creer que los que se benefician con esos subsidios son desocupados o subocupados que reciben algún tipo de plan social y que deben ser auditados porque dicen que puede ser que a decenas de miles no les corresponda. Y han puesto en marcha un acuerdo con las universidades para que se ocupen de revisar todos los planes y se pueda dar de baja. En nombre de la transparencia.

Nos quieren hacer creer que el tarifazo en gas, electricidad, boletos de colectivo, agua, etc. es para hacer justicia, que en verdad no hay ajuste ni tarifazo contra la población.

Los subsidios están dirigidos a las empresas, a sostener sus grandes ganancias, su parasitismo. A ellos debe dirigirse la auditoría y control de sus cuentas, para conocer todos sus negociados y el volumen de sus ganancias. Y poder establecer cuál es el precio razonable de sus servicios (en gran medida monopólicos) y si corresponde que esas actividades sigan en manos privadas. Ellos establecen arbitrariamente cuánto quieren cobrar, cuánto quieren ganar, y nunca podemos saber cuál es el costo real de sus operaciones.

Esas empresas que monopolizan los servicios abusan de su poder para presionar a los gobiernos e imponerles sus precios y sostienen que deben cobrar precios y tarifas internacionales, el equivalente en dólares, aunque sus costos sean de los más bajos del planeta. En nombre de esa lógica el gobierno anterior autorizó ajustes de hasta 5.500% en la electricidad; 1.900% en gas; más del 500% en agua. Y el gobierno actual convalidó esas tarifas.

¿Quién debe auditar y controlar? Los trabajadores, colectivamente, con sus organizaciones, llamando a los profesionales a colaborar con esta tarea y reportar sus informes a toda la sociedad.

En los subsidios a las empresas se va una parte considerable del presupuesto que quieren trasladar a los trabajadores. Y hay toda clase de desvíos de fondos del presupuesto a través de sobreprecios, de maniobras de los empresarios para elevar las cotizaciones de sus obras, que no tienen control.

Los medios de comunicación de la burguesía estigmatizan a los más pobres y tratan de ganar a la opinión pública en contra de los que los reciben. Y hasta los buscan para escracharlos públicamente en sus medios. Pero se escandalizan cuando trasciende el nombre de las empresas y los empresarios que reciben subsidios del Estado. Cuando ellos reciben subsidios, sobreprecios, contratos dirigidos, y toda clase de beneficios, quieren total anonimato. Quieren secreto fiscal, secreto bursátil, secreto bancario, para que no se conozca cómo saquean al Estado. Ahí no quieren transparencia, quieren oscuridad total, para ocultarse. Y rechazan cualquier difusión pública de esa información como si se tratara del mayor crimen.

No hay ni puede haber transparencia porque hay corrupción y negociados para ocultar. No quieren auditoria ni control porque hay corrupción. La burguesía es una clase descompuesta. En la época del imperialismo, de los monopolios, no hay cómo dar marcha atrás con esta tara.

Es una verdadera inmundicia la campaña de los medios y los politiqueros revolviendo en la pobreza y la miseria para ver si alguien tiene una moneda de más. Es el discurso de una clase que destruye el trabajo y ya no puede crear otros nuevos, que condena a la mayoría a vivir en las peores condiciones mientras crecen sus ganancias y sus patrimonios.

Los trabajadores tenemos que organizarnos en asambleas en nuestros lugares de trabajo y en los barrios para preparar la resistencia que haga retroceder los tarifazos.

(nota de MASAS nº421)


 

Reproducimos a continuación el comunicado de la AGD (sindicato de docentes universitarios) sobre el anuncio del gobierno acerca de la “auditoria”  en los planes sociales de las universidades nacionales.

SOBRE LA «AUDITORIA» DE LAS UNIVERSIDADES

La Mesa Ejecutiva de AGD UBA repudia y se opone a la auditoría por parte de las universidades de los planes sociales que conquistaron los sectores más humildes de la población, a través de sus organizaciones.
Las y los docentes universitarios no seremos instrumento del control social que impulsan el FMI, el gobierno y los rectorados que han firmado estos convenios.
Como siempre la docencia se pone al servicio de las mayorías populares y se ofrece para auditar la deuda pública, externa o interna, que sabemos fraudulenta y usuraria.
Nos proponemos para auditar a los formadores de precios, evasores impositivos y a quienes emplean de forma ilegal a sus trabajadores
Reiteramos nuestro compromiso con una universidad al servicio de la mayoría popular que es la que la sostiene.

 

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