Sectores de la burguesía están presionando a Lula para que se apresure con la presentación del nuevo ministro de economía. La reciente caída de la Bolsa de Valores y la subida del dólar fueron interpretadas como una reacción del «mercado», es decir, del capital financiero, en el sentido de indicarle al presidente electo que debe poner al frente del ministerio a un político que esté en sintonía con los rigores del control fiscal y la búsqueda de un superávit primario. Es decir, que establezca una pauta de gobernabilidad condicionada al cumplimiento de las exigencias de la gigantesca deuda pública.

Por eso, la primera dificultad que encuentran Lula y su gabinete de transición es en torno al «techo de gastos». Este ente llamado «el mercado» chocó con Bolsonaro precisamente porque promovió gastos que terminaron por «incumplir» el techo de gastos. En su campaña electoral, Lula reconoció que no podía comprometerse a mantener esa norma, creada en el gobierno de Temer. Pero tuvo la ventaja política de que fue Bolsonaro, con el consentimiento del Congreso, quien rompió el límite de gasto determinado por ley.

Lo que los banqueros y acreedores de la deuda pública quieren tener claro es el compromiso del nuevo gobierno de no realizar un gasto desorbitado muy por encima del techo que ya se ha roto. El problema es que Lula tiene que comenzar su mandato presidencial mostrando a la población pobre y miserable que cumplirá su promesa de mantener el valor de R$ 600,00 de la «Ayuda Brasil», que volverá a llamarse «Bolsa Família». Por suerte, Bolsonaro también había hecho la misma promesa. Lo que permite una cierta unanimidad en el Congreso Nacional de que es necesario mantener la palabra de los dos competidores que polarizaron el país en las elecciones.

Pero Lula fue más allá, también anunció un aumento real del salario mínimo del 1,4%, que, aunque miserable, no es aceptable para una parte importante de los capitalistas. En definitiva, hay un conjunto de promesas de Lula, dirigidas a las capas miserables de la población, que no encaja en la previsión presupuestaria elaborada por Bolsonaro y aprobada por el Congreso. Esta previsión, para 2023, será inferior a los gastos de 2022. Si Lula tuviera que cumplir con la previsión presupuestaria, ya estaría quebrado al inicio de su gobierno.

Los partidarios y aliados del PT, liderados por el vicepresidente, Geraldo Alckmin, presentaron una puerta de salida con la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) de la Transición. Esto abrió un intenso movimiento en los círculos partidistas y empresariales. Los más variados intereses convergieron para definir hasta qué punto se hará una concesión al nuevo gobierno y hasta dónde se le pueden atar de piernas y manos.

Lula anhela una figura por encima del techo que le permita libertad de acción. Los aliados que provienen de la tercera vía quieren mantenerlo apretado. Y parte de los aliados de Bolsonaro en el Congreso, más identificados con el Centrão, ven la oportunidad de sacar provecho político, como es el caso del presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, del PP.

Todo indica que será muy difícil que Lula alcance un monto cercano a los 200 mil millones de reales, lo que le daría un margen de gobernabilidad suficiente para maniobrar en medio de la crisis económica y política, que tiende a agravarse el próximo año. Si se llega a un acuerdo sobre R$ 136 mil millones, que se estima compatible con el presupuesto en relación con el PIB, podría ser celebrado por el grupo de economistas, formado para ayudar en el proceso de transición.

La entrada en escena de un aliado de última hora, el senador Tasso Jereissati, del PSDB, presentando un PEC que mantiene el techo de gasto y solo lo eleva de forma permanente al monto de 80 mil millones de reales, señaló la intervención de los sectores burgueses, que trabajan para dar supervivencia a esta norma instaurada en el gobierno de Temer. En esta maraña de la transición, como puede verse, emergen las fuerzas que condicionarán la gobernabilidad de Lula y pondrán límites al ascenso del PT y de sus aliados, como el PSB, el PCdoB, la Rede y el PSOL, sobre la máquina del Estado.

La esperanza de Lula y de una parte considerable de la dirigencia del PT, de constituir un gobierno de frente amplio, capaz de unir los intereses del «mercado» con las necesidades de 33 millones de brasileños miserables y hambrientos, nació muerta. En realidad, es una esperanza hipócrita de los reformistas, que están profundamente integrados en el Estado burgués y comprometidos con el gran capital.

Pero es en interés de una facción capitalista influyente en el funcionamiento de las instituciones del Estado y en las decisiones del gobierno que Lula logra engañar a la clase obrera y a los demás explotados con su programa de bienestar. El mantenimiento de la Bolsa Família de R$600,00 (US$600,00) y otros programas de «inclusión social» seguirán siendo un arma contra la rebelión de la mayoría oprimida. Lo que será difícil de superar, si no imposible, es el elevado desempleo, las presiones inflacionistas, la disminución del valor medio de la fuerza de trabajo y el deterioro general de las condiciones de existencia de las masas.

Es muy probable que se confirmen las predicciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que la economía mundial caerá y que muchos países sufrirán una recesión. Lula no podrá repetir sus dos mandatos anteriores, en los que tuvo las condiciones económicas a su favor, para engañar a los explotados con el cuento de que todos empezarían a comer tres veces al día, y que el hambre sería finalmente combatida y erradicada. El cuento de que sacó al país del «mapa de la hambruna» puede servirle como bandera electoral, dirigida a la propia burguesía y a las capas de la clase media que no siguieron al bolsonarismo. Lo más probable es que el velo de la demagogia reformista se rasgue sin mucha demora.

Cuanto antes la vanguardia con conciencia de clase levante una oposición revolucionaria al gobierno de Lula y al frente amplio, más claro quedará para la mayoría oprimida que el cambio de un gobierno burgués por otro no cambia su condición de esclavitud del capital y su situación de pobres, miserables y hambrientos. Los explotados están muy alejados de las maniobras, los juegos y las intrigas palaciegas. Pero estarán atentos a todo lo que haga el nuevo gobierno a favor de la patronal y en contra de los trabajadores.

Lula fue elegido sobre la base de una de las polarizaciones políticas más profundas de los últimos tiempos. La crisis económica y la situación de miseria de millones de brasileños no permitirán superar la división creada por las propias fuerzas dominantes, surgidas del seno de la burguesía en descomposición. La ultraderecha seguirá fortaleciéndose en medio del miedo de las clases medias a su incierto futuro. Y las variantes de centro-derecha que conformarán el gobierno del frente amplio se encontrarán pronto con las dificultades para garantizar la estabilidad del nuevo gobierno, cuya gobernabilidad chocará inevitablemente con las necesidades de la clase obrera y la mayoría oprimida. Esta es la predicción más probable.

La vanguardia con conciencia de clase tiene ante sí un campo favorable para desarrollar la propaganda y la agitación en torno al programa propio del proletariado y avanzar en la tarea histórica de construir el partido marxista-leninista-trotskista, como parte de la reconstrucción del Partido Mundial de la Revolución Socialista, la IV Internacional.

(POR Brasil  – Masas nº678)

 

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Lula se somete ante una de las primeras imposiciones del imperialismo

Ian Goldfajn fue elegido presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el petista Guido Mantega fue execrado. La derrota de Lula y del ex ministro de Dilma Rousseff, Mantega, fue rápida e incisiva. Al pronunciarse contra la candidatura de Goldfajn, el histórico economista del PT chocó con el visto bueno de Estados Unidos y de sus propios aliados, que trabajan para formar un gobierno de frente amplio bajo la presidencia de Lula

Paulo Guedes apadrinó a Goldfajan, que en el pasado fue apadrinado por el ex ministro Henrique Meirelles, para ocupar la presidencia del Banco Central. Se trata de un hombre de capital financiero, cuya carrera ha llegado incluso al FMI.

El gobierno de EE.UU. tiene enorme aprecio por los servicios prestados por Goldfajn al imperialismo. Esto explica el voto del 80,1% de los 28 países asociados al BID. Las presiones fueron tan grandes que otros gobiernos, como el de Argentina, retiraron su nominación para apoyar la candidatura del brasileño.

Pero la clave está se encuentra en la posición de Lula y de la cúpula del PT, que rechazaron la iniciativa de Mantega, que abogaba por posponer la decisión hasta que se instalara el nuevo gobierno en Brasil. El ex ministro afirmó que no le corresponde al gobierno de Bolsonaro indicar el nombre para postularse a la presidencia del BID. Evidentemente, todo el mundo vio la exhortación de Mantega como un sinsentido.

Este episodio sólo muestra cómo funciona la política burguesa en los países semicoloniales. El BID se fundó en 1959 y su sede se estableció en Washington. La iniciativa fue de Estados Unidos, que creó el Banco Interamericano como brazo financiero de la mayor potencia de América Latina. Es un medio más con el que el imperialismo norteamericano ejerce su influencia y poder sobre los estados latinoamericanos y los gobiernos de turno.

Por ello, el alegato de Mantega mostró una puerilidad política. Esto creó una vergüenza momentánea para Lula, que sabía perfectamente que no podía hacer nada. Además, poco importaría que indicara otro nombre, que sólo se aceptaría si fuera avalado por Washington. Nadie duda de que, en última instancia, el nombre de Goldfajn se negoció entre bastidores en la Casa Blanca. El nombramiento de Guedes no fue más que una formalidad. La importancia del incidente es que expone la sumisión de Lula y del PT a los designios del imperialismo estadounidense.

(POR Brasil  – Masas nº678)