Bolivia: A la derecha y a la clase dominante se la derrota con la revolución social
La forma de acabar definitivamente con la derecha, es atacando el cimiento que sostiene sus organizaciones políticas, que no es otro que sus grandes propiedades capitalistas en el sector productivo y financiero. Tarea que, para su efectivización, solamente la clase obrera puede darle una verdadera perspectiva socialista al futuro del país y no la impostura masista. Por ser desposeída de propiedad alguna sobre los medios de producción y expresar un instinto comunista en sus acciones de lucha, es la única clase que puede conducir la lucha del pueblo oprimido hacia la revolución social y la conformación de un gobierno obrero-campesino, y de todos los oprimidos, asentado en la propiedad social y estatal de la economía.
Corresponde levantar en alto la bandera de la INDEPENDENCIA POLÍTICO SINDICAL DE LA CLASE OBRERA para no inmiscuirse en esta pelea interburguesa que pretende tomar o retener el aparato estatal y gubernamental.
En algunos sectores populares y laborales, surge la preocupación en sentido de que la división del Movimiento Al Socialismo, terminaría ocasionando el retorno de la vieja y odiada derecha al poder el 2025.
La crisis masista no se debe por un supuesto potenciamiento de la derecha. La derecha tradicional recibió una estocada mortal en el levantamiento insurreccional de masas en el 2003 y que hasta la fecha no se ha podido recuperar. Las posibilidades electorales de una derecha occisa y profundamente escisionada no apunta a una fatal victoria en el 2025. La situación de actual agonía del masismo se debe a que demostró, a lo largo de 17 años de gobierno, su incapacidad de poder superar el atraso económico precapitalista de la economía boliviana profundizando su endémica economía extractivista y exportadora de recursos naturales sin valor agregado. Su incapacidad de poder haber liberado a la nación oprimida del imperialismo y liberado a las nacionalidades oprimidas del sometimiento de la nación opresora blancoide. Ni tampoco haber cambiado la vida de los explotados bolivianos; el atraso, el hambre y la miseria siguen campeado en todas las regiones del país. En su lugar, el cáncer de la corrupción ha hecho metástasis en todos los niveles gubernamentales y partidarios. Hoy en día, la pelea entre masistas no es ideológica ni programática, sino sólo por la mamadera del Estado, pugna que empuja a las dos fracciones al despeñadero.
Si bien políticamente la derecha está en la lona, esta no es la misma situación de la integridad de los empresarios, terratenientes, banqueros, cooperativistas auríferos y capitales extranjeros en el país. Como clase dominante, su poder económico, no sólo que está intacto en este período de “proceso de cambio”, sino que se ha potenciado y enriquecido al máximo, por las políticas procapitalistas del gobierno de Evo Morales y Luis Arce. El “Modelo Económico Social Comunitario” del M.A.S. no afectó sus intereses. De los aproximadamente 45.000 millones de dólares que ingresaron en la “Época de la Bonanza” (2006-2022) por el gas exportado, gran parte fueron a parar a las arcas de estos privados. Sin lugar a dudas, los dueños del capital continúan manejando las riendas de la economía nacional, al igual que en el período neoliberal de fin del siglo XX. Gozan de buena salud incidiendo en la aplicación de directrices de las políticas económicas más importantes que aplica el actual gobierno.
El masismo impostor, por ser falso socialista, aplica, en esencia, desde el aparato estatal las mismas políticas que aplica y aplicaría si retornara al poder la derecha tradicional.
Por lo que no se puede señalar que este gobierno del M.A.S. es un gobierno de los trabajadores y debe lucharse por mantenerlo en el poder. En las elecciones presidenciales del 2025 todos los frentes derechistas a presentarse y los masistas, divididos o unidos, ofrecerán un mismo programa político y económico: la defensa de la gran propiedad privada burguesa nacional y extranjera, y la firma de masivos contratos con transnacionales que profundizarán el saqueo de nuestros recursos naturales, por lo que ambos no representan los intereses del proletariado y la nación oprimida.
(POR Bolivia – Masas nº2766)
A VEINTE AÑOS DE LA GUERRA DEL GAS, SE ALIENTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS HIDROCARBUROS
En octubre de 2003 el pueblo boliviano, especialmente el de la ciudad de El Alto, ofrendó muchas vidas de trabajadores y vecinos por la defensa de los hidrocarburos que iban a ser vendidos a precio de gallina muerta por el gonismo. La salida del “gringo” dio paso a dos gobiernos espurios nacidos de la “sucesión constitucional”, merced al cansancio y desorientación de las masas movilizadas que no contaron con una dirección revolucionaria. Los viejos partidos burgueses mantuvieron el poder y se aprestaron a poner a salvo su Estado y su democracia. El primer paso fue el Referéndum del Gas de julio de 2004 que, con la complicidad de los partidos parlamentarios, incluido el MAS, aprobaría una nueva ley que autorizaba la exportación y la permanencia de las empresas extranjeras a cambio de la promesa de industrialización y el cobro de impuestos por el 50% del valor de la producción.
La aprobación de la Ley 3058 fue el corolario de la inflexión de la movilización de las masas. Un resultado lejano a la demanda de nacionalización, enarbolada por los sectores movilizados más radicales, que suponía la recuperación total de los recursos naturales, la expulsión de las empresas transnacionales y el control estatal de la explotación de los recursos naturales para su industrialización.
El MAS, y Evo Morales -ausente en la lucha-, montaron sobre el repudio popular a los partidos de la “democracia pactada” y enarbolaron no la nacionalización, sino la realización de una Asamblea Constituyente, dirigida a adornar el Estado burgués y su democracia, maquillándolos con la nueva Constitución de barniz “indígena”. Para ese propósito la figura del caudillo resultaba ideal. La década y media posterior mostró que la impostura podía llevarse hasta el límite, fabricando una serie de mitos y símbolos que ocultaron el saqueo de la enorme renta hidrocarburífera, utilizada para financiar el apetito insaciable del déspota y de sus cortesanos.
La política de la “nacionalización” de 2007 se limitó al cobro de mayores impuestos a las petroleras. Los ingentes recursos que recibía el fisco fueron posibles por el boom de precios internacional y por la acelerada extracción de gas a cargo de las transnacionales. Ante el histórico y definitivo fracaso de la burguesía para desarrollar el país, su lugar fue ocupado por un gobierno de campesinos ricos y de fracciones pequeñoburguesas que proclamó la construcción del “capitalismo andino-amazónico”, basado en la captura de las rentas naturales y subordinado al gran capital transnacional. Es decir, el mismo capitalismo atrasado, pero basado en las más salvajes prácticas de expoliación y a manos de retrógradas grupos rentistas.
Con la nueva ley las transnacionales continuaron
percibiendo una parte importante de las ganancias, aprovechando los nuevos mercados de exportación. Teniendo los campos gasíferos bajo su control, continuaron dominando el sector: como no les interesaba otra cosa que la explotación acelerada de las reservas probadas, eludieron la inversión en exploración porque sus contratos no les imponían tal obligación. Aunque se descubrió muy temprano que las grandes reservas de gas, presentadas en los años 90 por las empresas como un éxito de la política neoliberal entreguista, el MAS -que conocía que esos datos eran sólo producto de la manipulación especulativa de las transnacionales-, no hizo nada para expulsarlas y, contrariamente, las convirtió en “socias” mimadas que le apoyaron aplaudiendo los supuestos éxitos de su política, incluidas las mentiras más escandalosas como la del “mar de gas”.
Hoy, con unas reservas y una producción insuficientes para garantizar los contratos de exportación y en medio de una crisis fiscal por la costosa importación de carburantes, superior a los ingresos que se reciben de la exportación de gas, el gobierno del MAS encabezado por Luis Arce, ha comenzado una campaña para instalar la idea de la necesidad de cambiar la Ley 3058 aprobada en 2005.
El ministro de hidrocarburos ha mencionado varias veces que la situación del sector es insostenible y -olvidando que su jefe fue el ministro/cajero de todo el período gubernamental de Evo- que es resultado de una política errada que “ahuyentó a la inversión privada”. Maldiciendo esa política, que Luis Arce se encargó de encubrir en el pasado, saca de la manga la “necesidad” de aprobar una nueva ley, que reduzca los impuestos y otorgue más ventajas a las empresas extranjeras para, dice, de aquí a 5 o 7 años contar con más reservas y volver a exportar gas natural. En otras palabras, en su pelea intestina y atosigado por la crisis económica, el bloque “renovador” de Arce quiere hacer pasar por bueno el régimen neoliberal en la explotación de los hidrocarburos y volver al modelo de las concesiones y los bajos impuestos.
Así como la herencia del fracaso del MAS, autodenominado revolucionario y anticapitalista, en el campo ideológico es el retorno de las ideas más conservadoras que seducen a amplias capas de la clase media y se refleja en los intentos de poner en pie a los cadáveres neoliberales para las elecciones de 2025, en el plano económico aparece la amenaza del retorno desembozado de los inversionistas extranjeros para controlar los recursos naturales, bajo la justificación de que sólo ellos pueden garantizar el crecimiento económico. Tragándose sus discursos demagógicos del pasado, Arce y Choquehuanca, se han convertido en los principales anfitriones del imperialismo, terminando la tarea que Evo dejó inconclusa tras su huida de 2019.
C.A.V.
