Se agrava el choque entre Milei y los gobernadores
Las “locuras” de Milei son el producto de su fracaso con la mega Ley, los cuestionamientos al DNU y el creciente malestar popular. Para imponer su política necesita un régimen de dictadura civil, pero encuentra fuertes resistencias. Necesita pasar por encima del Congreso, de la Ley, de los partidos, los gobernadores, las organizaciones de los trabajadores y la enorme mayoría oprimida. El protocolo represivo se rompe todos los días por las movilizaciones populares. Sus políticas de extorsión, de quebrar económicamente a las provincias, no dio resultado. Por el contrario, se han rebelado contra el chantaje.
Los “mercados” celebran la osadía del gobierno para ajustar y pelearse con todos, empresarios que se entusiasman, pero también se empiezan a preguntar hasta dónde podrá llegar con su gobierno, con su fragilidad, con su falta de estructura, “que llegó llenando listas con operadores del peronismo y que ganó las elecciones gracias al apoyo de Pro” (La Nación). Hasta el FMI le recomienda cínicamente que “el ajuste no recaiga desproporcionadamente en las familias trabajadoras” y que el gobierno debería “trabajar de forma pragmática para conseguir apoyo social y político”, como garantía de “la durabilidad y eficacia de las reformas”.
El grave conflicto con Chubut fue la consecuencia de la escalada impulsada por el gobierno nacional para arrinconar a la provincia como parte de “represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento” de la ley ómnibus en el Congreso.
El choque entre el gobernador Ignacio Torres y el presidente Milei se originó por el descuento compulsivo de 13.000 millones de pesos de la coparticipación federal de febrero. Un tercio de lo que debe percibir.
El dinero descontado fue prestado por las anteriores administraciones desde el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Todas las provincias van refinanciando esa deuda (otras 10 provincias tienen este tipo de deuda).
Cuando asumió la gobernación Torres comunicó al gobierno nacional su voluntad de pagar y la necesidad de refinanciar la deuda para mantener los servicios de salud, educación, seguridad que prestan todas las provincias. La Nación no contestó.
El 16 de febrero reclamó al gobierno un adelanto de la coparticipación, lo mismo que solicitaron Tucumán y Chaco. Con el objetivo de cubrir lo que se debía del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. El gobierno de Milei le dijo que sí a Chaco y Tucumán, pero no le contestó a Chubut.
Caputo directamente descontó el dinero de la coparticipación a Chubut, algo que es ilegal.
Previamente, Chubut se había presentado a la justicia y logró una cautelar por la quita del Fondo de Compensación al Transporte, que condena a los usuarios de casi todas las provincias a pagar boletos a $1000 y más. Lo mismo con el Fondo de Incentivo Docente, que representa un 10% del sueldo de los maestros. Milei decidió no renovarlo, aunque esté presupuestado. Así estalló el conflicto.
Torres amenazó con frenar la entrega de la producción petrolera que genera, y aseguró que no es “una decisión personal, sino de toda la ciudadanía de la provincia”. En el acto en Comodoro Rivadavia en el que habló al respecto “no había solo sindicatos, sino también familias, jubilados, cámaras de petroleros”. En LN+ dijo “Que me manden a la gendarmería, que me metan preso. Me eligieron para defender los intereses de los chubutenses y es lo que estoy haciendo. El miércoles, si no está la solución para los chubutenses, se paran todos los yacimientos”. La respuesta del Gobierno fue amenazarlo con el Código Penal.
Los gobernadores se enfrentan con una situación parecida de quita de fondos. Las amenazas y fuertes calificativos son una constante. Una política de ajuste violento. Los fondos en cuestión son para pagar los sueldos a los empleados públicos, los docentes, los policías, los médicos, los enfermeros.
Los gobernadores de 5 provincias patagónicas emitieron una declaración de apoyo a su decisión, nueve gobernadores de Juntos por el Cambio se solidarizaron y pidieron al Gobierno que “envíe urgente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia”, afirma que está en riesgo la “existencia misma de la República Argentina”. Lo firman también otros cinco gobernadores, por separado: Axel Kicillof, Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Sáenz (Salta).
La crisis es tan profunda que Torres es gobernador del PRO y afirma que a su provincia se la está “ahogando” financieramente, “que es adrede y extorsivo”. (declaración en Radio Mitre). Lanzó una dura crítica al principal asesor del Presidente, Santiago Caputo: “La frustración que nos genera ver la soberbia patoteril del Gobierno, donde todo pasa por un personaje que no conoce la Argentina y no laburó nunca en su vida”.
La ministra Bullrich, jefa del PRO, aseguró que un miembro del partido no debería comportarse de esa forma, no “puede validar la amenaza de confiscar propiedad privada”.
“Lo que no puede hacer de ninguna manera un miembro de PRO es hacer una rebelión planteando que no va a dejar sacar petróleo, generando una situación de incertidumbre nacional e internacional, tocando la propiedad privada, porque el petróleo no es del gobernador, el petróleo es de las empresas y además de los ciudadanos chubutenses, y también de una parte de la nación. Nunca pensé que un gobernador iba a decir ‘yo me paro sobre el petróleo y no dejo que se saque petróleo’… No solo es obsceno hacer esa amenaza, sino que son afirmaciones que ahuyentan inversiones, la creación de empleo y el progreso de nuestro país. El dilema es simple: o todo sigue igual o abrazamos la libertad y cambiamos”. Agregó: “Acá hay que entender que cuando un gobierno pide instrumentos en su primera ley si no le dan esos instrumentos, bueno, hay consecuencias… Sus diputados tienen que ser conscientes de esto, porque hay diputados chubutenses que votaron en contra de la ley”. Más claro imposible, la propia ministra Bullrich ratifica que el castigo contra Chubut se debió al voto de sus legisladores contra la Ley.
Algunos de los gobernadores debaten cómo responder a la ofensiva de Milei. Entre otras desengancharse de la coparticipación federal y empezar a cobrar impuestos nacionales. Descontar dinero de la coparticipación -que es de las provincias- no lo hizo ningún gobierno. Esta respuesta, como la iniciativa de La Rioja de emitir su moneda, tienden a la fragmentación y disolución nacional, agravando la crisis política. Nos dá una idea de las divisiones en el seno de la burguesía y su completa incapacidad para ofrecer una salida. Ante la feroz ofensiva del capital financiero poco sirven las respuestas aisladas, parciales, aunque sean muy radicalizadas, es necesario actuar de conjunto y con una dirección precisa para poder derrotarla.
La clase obrera, los oprimidos en general, deben tomar en sus manos el levantamiento contra el gobierno nacional, los gobernadores están presos por mil redes con los grandes empresarios, sus partidos defienden el orden capitalista y no podrán encabezar consecuentemente ninguna lucha. La magnitud extraordinaria del ataque contra los oprimidos exige la intervención decidida y dirigente de la clase obrera, con sus métodos de lucha, con su organización y su propia estrategia política que ponga fin al caos capitalista.
(Nota de MASAS n°452)