Para mostrar superávit presupuestario el Gobierno también deja de pagar a los proveedores
La Secretaría de Energía, a través de la resolución 58/2024, estableció que la deuda que tiene Cammesa con las generadoras de electricidad por los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024 se cancelarán mediante la entrega de títulos públicos con vencimiento en el año 2038, en dólares (AE38). Si esos bonos los vendieran en el mercado obtendrían un 50% de su valor, lo que implica una quita de la deuda de esa proporción.
Pero no se trata de cualquier proveedor, las generadoras Pampa Energía y la estadounidense AES no aceptaron el ofrecimiento y enviaron una nota a la Comisión Nacional de Valores (CNV) detallando la deuda que acumuló Cammesa: Pampa, el segundo mayor generador privado del país, informó que Cammesa le debe $133.191 millones (incluyendo intereses) por diciembre, enero y febrero. AES informó que se le deben $37.483 millones.
La Asociación de Generadores de Energía Eléctrica le envió una carta al ministro Luis Caputo en donde consideró “inaceptable” la modalidad de pago presentada diciendo que “afecta la seguridad jurídica en general, y de manera particular en el MEM, lo cual resulta de extrema gravedad ya que sería la primera oportunidad desde la creación del MEM en la que la Administración Pública modifica unilateralmente contratos de abastecimiento”. Otra carta del mismo tono fue enviada por Carlos Ormachea, presidente de la CEPH (productores de hidrocarburos), exCEO y actualmente chairman de Tecpetrol (grupo Techint).
Pampa Energía con centrales térmicas, hidroeléctricas y parques eólicos, es la principal proveedora privada de energía del país. La empresa notificó a sus inversores que analiza la alternativa de anteponer “medidas legales” al pago en bonos de la deuda de Cammesa. AES Argentina, es el otro gran actor privado en generación eléctrica con 3 centrales térmicas, 4 hidroeléctricas y 2 parques eólicos.
Esta es una de la artimañas del gobierno para mostrar superávit de caja en el primer trimestre dejando de pagar deudas vencidas. Estos acreedores acudieron también al FMI, a la Embajada, el Departamento de Estado y la Secretaría de Energía de EEUU, que cuestionaron al gobierno porque era “una señal muy mala” dejar de pagar las deudas, “no respetar los contratos”. Y que era como un default del Estado argentino en el mercado mayorista eléctrico.
También pone de manifiesto la magnitud de la crisis política, porque se trata de grandes corporaciones que disputan el control del gobierno y tienen apoyo directo del capital financiero internacional. Muestra la desesperación de un Gobierno débil que necesita mostrar éxitos en los números.
Toda la energía desde su producción hasta su distribución debe volver a manos del Estado. Es un sector vital para la economía que no puede quedar en manos de grandes corporaciones privadas.
(nota de MASAS n°457)
