El escándalo Kueider deja al desnudo el Congreso y toda la mugre de la politiquería burguesa
El senador Kueider fue detenido cruzando la frontera con Paraguay desde Brasil, con su secretaria (nombrada en el Senado en febrero), con más de 200 mil dólares sin declarar, presentándose a la policía como senador oficialista. Lo detienen por contrabando porque no declaró que estaba ingresando esa cantidad de dinero. No fue un error ni una torpeza, creyó que tenía la impunidad asegurada, que estaba protegido por los más poderosos. Así destapa una vez más la cloaca de la politiquería.
Ya había realizado 5 viajes similares este año y se registran 166 viajes en los últimos años. Tiene varias propiedades y empresas y los domicilios que declaraba no son reales. Una de las empresas Betail SA ni siquiera tiene actividad pero es propietaria de varios inmuebles en Entre Ríos. El dueño del vehículo utilizado reiteradamente esRodolfo Daniel González, un empleado de la Biblioteca del Congreso que trabaja “en comisión” en el despacho del senador.
Para obtener el beneficio del arresto domiciliario, el senador y su secretaria se comprometieron a depositar un total de 300 mil dólares, dinero que será aportado por el abogado de ambos. Cumplen el arresto en un lujoso edificio en Asunción.
El asesor más cercano de Milei, Santiago Caputo, lo había propuesto para presidir la bicameral de inteligencia, una de las comisiones parlamentarias más sensibles, sin transparencia alguna, donde más fondos fuera de control se manejan. Kueider era quien presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
También llamó la atención la escasa colaboración que habrían mostrado hasta ahora algunos organismos nacionales con quienes investigaban a Kueider desde antes ya que la Justicia tiene abiertas dos causas desde hace tiempo por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Hay quienes aseguran que a Kueider lo esperaban, que las autoridades paraguayas ya sabían que pasaría por ahí, alertados por servicios de inteligencia que responderían a Macri, como una advertencia contra el gobierno por no cumplir con sus acuerdos. Es posible. Como también la caída unos días después de Ritondo, el legislador más cercano a Macri, como respuesta.
Edgardo Kueider llegó al Congreso en las listas de Frente de Todos. En febrero de 2023 junto a Guillermo Snopek, María Eugenia Catalfamo, Carlos Espínola se sumaron al bloque Unidad Federal. Recién ahora lo expulsan del Partido Justicialista de Entre Ríos.
Esto debe ayudarnos a cuestionar cómo se seleccionan los candidatos y los funcionarios, quién los elije, quién los controla, a qué intereses responden. Kuider encabezó la lista de senadores por Entre Ríos en la misma boleta de Fernández-Kirchner en 2019. Estaba siendo investigado por la jueza Sandra Arroyo Salgado por presunto cobro de coimas contra la empresa Securitas. Fue secretario general de la gobernación de Gustavo Bordet en el período anterior.
Deberían anularse todas sus actuaciones en el Congreso y si su voto fue decisivo para aprobar una ley o vetar una Ley también anular esas leyes.
Deben investigarse todos los movimientos financieros de Kueider, su familia, su secretaria, sus asesores y todas las propiedades, que deben ser expropiadas si no se justifica su origen. Pero lo más importante es el origen de los fondos, quién o quiénes compran su voluntad. ¿Quiénes le pagan a Kueider?
Cuando comenzaba la sesión del senado en que se vota su expulsión la jueza federal Sandra Arroyo Salgado apareció con un pedido de desafuero, que obligó al oficialismo a un cambio de estrategia y entregar a Kueider. La votación resultó abrumadora por la expulsión.
A causa de la destitución de Kueider como senador estalla otro conflicto entre Milei y su vicepresidenta Villarruel. Desde el Gobierno la culpan por perder un legislador que respondía a sus órdenes. Al ser expulsado no solo pierden un legislador sino que en su lugar ingresará la camporista Silvia Cora que le seguía en la Lista.
Se acusan mutuamente de hacer inteligencia con espías, trolls y carpetazos. Un rasgo típico de la dictadura civil es la utilización de los servicios de inteligencia para espiar partidos, sindicatos, movimientos y sus dirigentes y también al interior de su gobierno e instituciones. Las normas que prohibían hacer inteligencia interna han sido derogadas y ya no hay obligación de rendir cuentas de los servicios de inteligencia que han tenido el mayor incremento de su presupuesto.
La vicepresidenta denuncia que el abogado de Daniel Parisini el “Gordo Dan”, AIejandro Sarubbi Benítez, realiza tareas de espionaje y que la amenazan con los “carpetazos”.
El Gobierno utiliza todos los medios de comunicación de que dispone para atacarla. La Casa Rosada la califica de “traidora” y asegura que ella hace inteligencia apoyada en exfuncionarios macristas:
Que tiene en su equipo de trabajo a Jorge Domínguez, un exdirector de inteligencia de la gendarmería nacional durante el macrismo que, en 2019 desembarcó en la AFI en la Dirección Operacional de Contrainteligencia, acusado de hacer espionaje ilegal en causas como la de Santiago Maldonado; el envío de gendarmes a Bolivia y 70.000 balas antitumulto que habrían llegado a la policía boliviana; y lo involucran con el espionaje ilegal a los propios miembros del gobierno macrista. Trabajaría como asesor en el Senado de la Nación, como también Claudio Gallardo, exjefe de la Agrupación de Inteligencia de Campo de Mayo y Director General de Inteligencia del Ejército en el año 2016.
Desde el POR insistimos que ni el Congreso ni la Justicia se pueden reformar, estamos asistiendo a la liquidación de todo rasgo de democracia burguesa como expresión de la completa descomposición del régimen capitalista que debe ser enterrado. Es la dictadura del capital al desnudo.
Los trabajadores, los oprimidos, deben confiar en sus propias fuerzas, en su propia organización, en su propia estrategia política, rompiendo con la estrategia de los capitalistas que defienden su gran propiedad y sus ganancias por encima de todo.
¡Y también escándalo en la DGI!
El nuevo jefe de la DGI Andrés Edgardo Vázquez compró tres inmuebles en Miami por dos millones de dólares a través de sociedades en guaridas fiscales y no los declaró en la Oficina Anticorrupción. El funcionario elegido por Milei para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria (Hugo Alconada Mon en La Nación).
Carlos Pagni en La Nación señala que “es rara la llegada de Vázquez ahí. Cuando se creó ARCA en reemplazo de la AFIP, el Presidente firmó dos decretos: un decreto de reorganización administrativa, que disolvía la AFIP y creaba ARCA, y lo firmaron Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y Patricia Bullrich… el mismo día, hubo otro decreto para designar a Vázquez que lo firmaron Milei y Bullrich. Francos, por alguna razón, no lo firmó. Probablemente no lo quiso firmar. ¿Sabría Guillermo Francos que Vázquez venía con ruido? No lo sabemos. Es muy difícil que lo admita, porque es un funcionario del oficialismo”.
“Llega Vázquez a la DGI y se establece. Muchos dicen que está puesto por Stiuso. Él aclaraba a la gente: ‘Yo soy amigo de Stiuso, pero no respondo a él’. Bastante oscuro todo. Vázquez tiene que designar a sus subordinados. Florencia Misrahi, la entonces jefa, tampoco quiso firmar los decretos ni las resoluciones. Las firmó Vázquez. ¿Y Francos y Misrahi? Ninguno de los dos quiso dejar sus huellas digitales en el nuevo orden que reina dentro del organismo recaudador. Al poco tiempo, echan a Misrahi y Luis Caputo, que tampoco estaba de acuerdo con la llegada de estos personajes a esa entidad que depende de él, designa a Juan Pazo. Este último también tiene departamentos en sociedades offshore, uno de los cuales se lo vendió a Cristian Ritondo”.
“¿Quién armó todo esto, que empieza a ser sospechoso? También lo armó Santiago Caputo, el mismo que iba a poner a Kueider en la bicameral para controlar los organismos de inteligencia”.
El periodista se pregunta también “¿finalmente qué va a hacer Vázquez con Tabacalera Sarandí? ¿Se la va a sancionar o no?”.
La “nueva política” que pretendía encarnar Milei es más de lo mismo y peor. Para “que se vayan todos” tendremos que echarlos a patadas.
El escándalo Ritondo ¡también!
Un medio periodístico reveló un entramado de sociedades en Miami que terminaba con unos 5 departamentos de la esposa del diputado y jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, valuados por un total cercano a 2,6 millones de dólares y ya sumó una denuncia judicial. (Emilia Delfino, ElDiarioAr).
El caso de Ritondo y su esposa Romina Aldana Diago, por las propiedades y las sociedades en guaridas fiscales, es investigado por el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Eduardo Taiano en Comodoro Py.
Una de esas propiedades en EE.UU. habría sido vendida por otra offshore (guarida fiscal), perteneciente a Juan Pazo, un colaborador muy cercano al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que acaba de ser designado nada menos que al frente de la ex-AFIP, tras el despido de Florencia Misrahi.
En el diario La Nación se hace referencia a esa denuncia por “la existencia de empresas e inmuebles que, según la legisladora Mónica Frade, fueron omitidos en su declaración jurada, ya sea por el monto de dinero que mueven o por su actividad… Hay 70 propiedades más. Todavía no se completó la investigación. Se hizo lo que se tenía que hacer frente a los organismos de lavado de dinero”. Carrió indicó: “Esto era una verdad sabida, por eso me opuse a que sea presidente de bloque… esto era evidente. Nos pareció que tenía que intervenir la organización de lavado de dinero que está muy presionada. El hijo del fiscal Eduardo Taiano,que investiga el caso, fue funcionario de Ritondo.Espero que se aparte porque ya cometió muchas irregularidades…”
Al diputado nacional se le imputan los presuntos delitos de enriquecimiento Ilícito, encubrimiento, cohecho y tráfico de influencias, delito contra el orden económico y financiero e incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público por “la creación de sociedades comerciales y estructuras financieras no declaradas, en países extranjeros, y el ocultamiento de la adquisición de varios bienes inmuebles y el origen de los fondos para adquirir los mismos”.
Ritondo, jefe del bloque de diputados viene de ser reconocido por el premio de El Parlamentario como el mejor diputado del año, justo antes de que se conociera la causa.
María Eugenia Vidal, de estrecho vínculo con Ritondo, ex gobernadora de Buenos Aires, también fue denunciada hace un tiempo por la costosa propiedad que compró sin poder justificar el origen de los fondos.
Ritondo aparece como muy amigo del llamado “Señor del Tabaco” que es denunciado desde hace tiempo: “una empresa que, bajo apariencia de licitud, habría estado involucrada en infinidad de maniobras ilícitas las que habrían sido desempeñadas por Pablo Otero en su calidad de presidente de Tabacalera Sarandí S.A. cometiendo múltiples y variados delitos penales”. Ritondo habría intervenido en la redacción final de la Ley Bases para favorecer a la empresa “que festejó cómo quedó redactada” (Clarín).
Justo cuando querían discutir el proyecto de Ley de la Embajada y la AmCham de “Ficha Limpia”, para proscribir a los candidatos que no se disciplinan a sus políticas, estallan los escándalos de Kueider y Ritondo, los abanderados de la “Ficha Limpia”. Pretendían que la Justicia sucia se convierta abiertamente en árbitro de la política decidiendo a qué candidatos impugnar, promoviendo jucios y sentencias.
Cuánta basura, cuánta inmundicia por barrer.
(Notas de MASAS n°471)