El gobierno Milei no solo redujo las jubilaciones y avanza con nuevos ajustes, también mete mano en el PAMI con oscuros negocios
Las denuncias de corrupción anterior operan para tapar corrupción actual y el corte de medicamentos a los jubilados
Urbano Express S.A., ganó una polémica licitación del PAMI para distribuir pañales de adultos en todo el país. Los fabricantes del sector acusan a la firma de haber sido favorecida por el Gobierno en un proceso acelerado y direccionado.
El contrato cuestionado es por la cuantiosa cifra de unos 450 millones de dólares. La denuncia pública generó tal repercusión que obligó al Gobierno a dar explicaciones. La empresa beneficiada Urbano Express está vinculada al Grupo Clarín y a la familia Román.
El Gobierno dice que el PAMI pretende modificar el sistema de reparto de pañales a domicilio sin intermediarios y que el cambio “generará un ahorro de $5 millones al año”. Sinaportar detalles ni las razones por las que Urbano ganó la adjudicación, ni explicó por qué el nuevo sistema prevé un adelanto de dinero para la empresa adjudicataria.
El reparto de pañales de PAMI, durante 15 años, se hizo a través de un convenio con las farmacias de todo el país, donde los beneficiarios debían retirarlos. En abril las autoridades anunciaron que pretendían hacer un reparto “puerta a puerta”, lo cual requería un sistema logístico diferente.
Los fabricantes de pañales se enteraron cuando recibieron una nota de Urbano Express, antes de que saliera la licitación, pidiendo presupuestos, confirmando que tenía información mucho antes que el resto. Denuncian que la licitación pedía especificaciones técnicas imposibles de cumplir: preguntaban por un pañal de una calidad tan baja que ninguna maquinaria lo puede hacer. Ganaron con un precio superior al precio de mercado de un pañal para adultos.
Informan que la licitación estuvo realizada a la medida de Urbano Exprés, que distribuirá pañales de mala calidad y que PAMI pagará demasiado caros. Tuvo repercusión por las sospechas de corrupción y porque el organismo que conduce Esteban Leguizamo depende deKarina Milei.
Urbano Express no es conocida entre los fabricantes de pañales, se especializa en logística y almacenamiento. Tiene más de 3 mil empleados, 50 sucursales en todo el país, 400 puntos de retiro y una flota de 1100 vehículos, cuenta con la planta más grande de la Ciudad de Buenos Aires con capacidad para clasificar 10 mil paquetes por hora.
Clarín tiene una participación accionaria del 30% y en el directorio de Urbano Express figura Verónica Alejandra Beratz, su gerenta de Administración y Finanzas.
Si fuera un acto “transparente” como dice el ministro Lugones, la licitación debió hacerse con suficiente anticipación, aclarando porqué se cambiaban radicalmente las condiciones de distribución, mostrando cuál sería el ahorro real para el PAMI, manteniendo o mejorando la calidad de los pañales. El trámite rápido de la licitación y que hayan tenido que salir a explicarlo después del escándalo muestra un procedimiento turbio. Los funcionarios manejan los fondos del PAMI como si fueran propios sin ninguna intervención de los jubilados.
Para encubrir su maniobra el gobierno denuncia que “Durante años, algunos vivos hicieron negocios con los pañales del PAMI, obligando a los jubilados a usar productos de baja calidad… se robaban hasta los pañales de los abuelos”. E informa que el PAMI inició a principios de mayo una investigación interna por presuntos desvíos de fondos públicos que habrían tenido lugar en las gestiones anteriores.
Empiezan una investigación sobre los negociados del pasado justo cuando ponen en marcha su propio negociado y son descubiertos y estallan las denuncias por el manejo de las cajas del PAMI con varias denuncias y renuncias.
“PAMI está llevando adelante una revisión profunda de los mecanismos de compra y provisión de insumos en sus delegaciones, con el objetivo de cortar de raíz las prácticas discrecionales y abusos heredados de gestiones anteriores”, “durante años, la política convirtió a PAMI en una caja”: “Usaron el Instituto para hacer negocios, y montar estructuras clientelares en cada rincón del país”.
No tenemos dudas que haya sido y siga siendo así. No queremos que tapen la denuncia actual con las denuncias anteriores y pacten cómo se reparten los negocios. Queremos terminar con toda la podredumbre burguesa, de uno u otro partido. Todos rapiñan los recursos que son nuestros, para ellos SI HAY PLATA.
Debe revisarse el uso de las “vías de excepción”, un recurso previsto únicamente para situaciones extraordinarias en la entrega de medicamentos, insumos y tratamientos. Denuncian que este instrumento fue empleado de manera indebida para evitar licitaciones y otros procedimientos administrativos, “abriendo la puerta a manejos poco transparentes y posibles desvíos de fondos públicos”. Todas las compras con este mecanismo deben ser investigadas.
Dos diputados presentaron una denuncia penal contra ACE Oncología (Agrupación para la Administración de Contratos de Oncología y Tratamientos Especiales) y al menos cinco laboratorios farmacéuticos por presuntas maniobras y un supuesto desfalco al PAMI en la adquisición de medicamentos oncológicos durante 2023. La denuncia también apunta a la entonces titular del organismo, Luana Volnovich, y a los laboratorios Raffo, Bioprofarma Bagó, Teva, Sirius, Novartis y Sanofi.
Dicen que pudieron comprobar un perjuicio de un millón de dólares en tan solo ocho medicamentos oncológicos tomados como muestra, a través de operaciones realizadas con cinco laboratorios. “El mismo medicamento se pagó hasta 14 veces más”, además denunciaron la existencia de “la mafia de los medicamentos”.
La denuncia se basa en las diferencias de precios entre los medicamentos adquiridos mediante el sistema del Convenio Marco y los obtenidos a través de licitaciones públicas: En2023 PAMI pagó 273 millones de pesos de más por fármacos esenciales para tratamientos contra el cáncer. El anastrozol fue vendido a $13.192 por unidad bajo el Convenio Marco, mientras que en procesos licitatorios su valor fue de apenas $924. El bevacizumab se comercializó por convenio a $91.121 por unidad en su presentación de 100 mg, cuando en una licitación pública el precio fue de $17.000. Este tipo de sobreprecios se repitió con principios activos como docetaxel, ciclofosfamida y enzalutamida.
La forma de “Convenio Marco” fue implementada en 2018 supuestamente para transparentar el proceso de compra de medicamentos. En esta causa judicial se la señala como el mecanismo que “facilitó un presunto cartel entre laboratorios”.
La denuncia se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, responsabiliza a Volnovich por la falta de controles que habrían permitido detectar las irregularidades. Asimismo, se acusa a ACE Oncología de haber coordinado precios entre laboratorios y manipulado los mecanismos de compra en perjuicio del Estado.
Son los jubilados y sus organizaciones, son los sindicatos, la CGT, las CTAs que tienen que tomar en sus manos la auditoría y control de todos los fondos de la obra social de los jubilados. Investigar todas las denuncias de fraude y recuperar todo lo que se robaron, denunciar y meter presos a los ladrones, a los proveedores y a los funcionarios, expropiar a las empresas partícipes del fraude. Debe hacerse público el resultado de todas estas investigaciones y denuncias en la Justicia. No queremos impunidad para nadie.
(Nota de MASAS n°480)