Presupuesto colonial 2026, otra mentira de Milei
Milei gobierna sin presupuesto. El último que se aprobó es el de 2023 aprobado a fines de 2022. El FMI en su último reporte del Directorio exige al Gobierno que envíe la llamada ley de leyes sin déficit. Necesita el acuerdo con los sectores mayoritarios del Congreso para legitimar sus políticas.
Presentó para el 2026 un proyecto con los datos desactualizados y cálculos fuera de la realidad sobre cotización del dólar, proyección de la inflación, riesgo país, etc. Pero con definiciones impuestas por el FMI. Es un presupuesto a la medida del programa del FMI, diseñado en la metrópoli, en alguna oficina de Nueva York.
Ese proyecto de presupuesto debe ser rechazado por su estructura colonial, de sometimiento al programa del capital financiero, contra el interés de la Nación y de la gran mayoría. La oposición burguesa en el Congreso puede denunciar las mentiras y barbaridades técnicas, pero es incapaz de cuestionar de raíz el presupuesto y presentar uno alternativo. Simplemente porque dejaría al desnudo su incapacidad para confrontar con los rasgos esenciales del que presentó Milei. ¿qué harían con la deuda pública, externa e interna? ¿qué harían con los presupuestos para salud y educación? Y con la obra pública, y las deudas con las provincias, etc. etc. ¿Cómo resuelven el equilibrio fiscal? ¿Cómo generarían más recursos?
El presupuesto en su artículo 55 pretende anular la Ley de Administración Financiera en su artículo 65, que define los términos para refinanciar la deuda externa. Son requisitos que “benefician” al país cumpliendo con al menos dos de estas tres condiciones: extender plazos, bajar la tasa o recortar el capital. El Gobierno no solo reconoce la deuda fraudulenta, sino que está dispuesto a aceptar las peores condiciones para su refinanciación ante la posibilidad de default.
Según las cifras difundidas el total de gastos para 2026 ascenderá a 148,07 billones (millones de millones) de pesos. Al pago de la deuda pública se destina la décima parte: 14,12 billones. El incremento del gasto en intereses de la deuda se consume todo el superávit primario.
Informa que el comercio exterior de bienes y servicios cerrará 2025 con un déficit de 2.447 millones de dólares. Y anticipa un rojo mayor en 2026 5.751 millones de dólares. Esedéficit implica que salen más dólares de los que entran. Que las importaciones crecieron mucho más que las exportaciones debido a la cotización artificial del dólar. Y peor, sucede cuando las exportaciones se encuentran en un nivel muy elevado, 103.313 millones en 2025 y 112.695 millones de dólares en 2026.
Es una confesión del fracaso de sus políticas, cuando uno de sus objetivos principales es acumular divisas para pagar los vencimientos de la deuda. Es una situación imposible de sostener.
El proyecto de Presupuesto no contempla subas extraordinarias del bono vigente para jubilados ni recomposiciones fuera de la fórmula de indexación de los haberes. Y reduce drásticamente la partida para el pago de deudas previsionales.
El artículo 73 del Presupuesto plantea la derogación del mecanismo de actualización de la AUH y del resto de asignaciones familiares, que hasta ahora estaban vinculadas a la movilidad jubilatoria. La Ley 27.160, del 2015, garantizaba la actualización automática de estas prestaciones. Entre las prestaciones afectadas se encuentran: AUH, asignación por hijo, asignación por hijo con discapacidad, prenatal, por ayuda escolar anual, por nacimiento, adopción, matrimonio, embarazo para protección social y cuidado de la salud integral. La AUH cuenta con 4.113.370 titulares, y la asignación por hijo con 4.107.320 beneficiarios. Esta es otra recomendación específica del FMI.
Según el diario Perfil, el FMI acordó con el equipo económicomodificar los “controles de elegibilidad mejorados para las pensiones por discapacidad y laAsignación Universal por Hijo (AUH)”. Habría cambios en la base de beneficiarios de la asignación a partir de “la integración de varias bases de datos sociales en un registro social único(meta estructural para fines de diciembre de 2025)”.
El proyecto también propone fuertes reducciones en programas de prevención y educación: Plan ENIA (Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia): disminuye 85% respecto a 2025, se ejecutó menos del 3% de lo invertido en 2023. Educación Sexual Integral (ESI): el presupuesto es de $239 millones, un 2% de lo destinado en 2023.
También habrá recorte sobre los subsidios a la energía. Otro compromiso de Caputo con el FMI es reducir los subsidios a la energía del 1% al 0,8% del PBI. Propone dar marcha atrás con la ampliación de las áreas a las que llega el régimen de Zona Fría que establece tarifas de gas diferenciales para las regiones del país con temperaturas más bajas. Al principio, contemplaba las provincias dela Patagonia, la Puna y el sur de Mendoza. La ley 27.637, sancionada en 2021, amplió las áreas a localidades de la zona centro y noroeste del país que tienen temperaturas bajas durante el invierno que justifican un consumo de gas más elevado. Los hogares de esas zonas serían los principales perjudicados. Son casi 3 millones de viviendas que tienen un descuento del 30% en sus tarifas o del 50%, si cumplen con ciertas condiciones de vulnerabilidad (como ser jubilado, pensionado, titular de AUH, etc.).
El Gobierno no aplica aquellas exigencias del FMI que perjudican a empresarios poderosos que tienen beneficios impositivos, impuestos que el Estado deja de cobrar.
Las universidades denuncian que el Presupuesto 2026 ajusta aún más sus fondos. El Consejo Universitario Nacional remarca que necesitan 7,3 billones de pesos en el año, muy lejos de los 4,6 billones que asignó Milei.
El FMI también exige una baja del 52,7% en subsidios del transporte, caída del 5,7% en transferencias corrientes al sector público (transferencias a provincias, empresas públicas y universidades, excluyendo salarios).
La clase obrera plantea un presupuesto totalmente distinto y antagónico, porque parte de las necesidades de la mayoría, del plan para resolver las viviendas que hacen falta, las cloacas, el agua corriente, la red de gas, la infraestructura necesaria para el desarrollo industrial del país, los presupuestos para jubilaciones, educación y salud. Un plan que en los próximos 5 años pueda resolver gran parte de esas cuestiones vitales fijando las prioridades. Claro que necesitamos todos los recursos para poder financiarlo: nos apropiaremos de la renta agraria, minera e hidrocarburífera, terminaremos con el contrabando, recuperaremos para el Estado todas las fuentes de generación y distribución de energía, desconoceremos toda la deuda y sus intereses. Dejaremos de derrochar divisas importando artículos de lujo o que se pueden producir en el país. Aplicaremos un fuerte proteccionismo de nuestra industria bajo control obrero colectivo. Terminaremos con todo el parasitismo y el saqueo.
(Artículo de Masas n°489)