Números del recorte del presupuesto universitario
Para 2026 se prevé una caída del 18,4% del presupuesto universitario contra 2025 y del 42% con respecto a 2023. Para 2026 el Gobierno presupuestó $ 4,8 billones para el financiamiento de la educación superior.
La inversión por estudiante se ubicó en el nivel más bajo desde 2004.
Sólo se ejecutó el 9,3% del presupuesto destinado a hospitales universitarios. La Oficina Nacional de Presupuesto informa que en los primeros 4 meses del año el Gobierno sólo ejecutó el 9,3% del presupuesto de $ 114 mil millones para el área. Esto implica una caída real del 86,4% sobre 2023.
Los salarios docentes cayeron 34,2% desde noviembre de 2023, medido con la inflación oficial, caída muchísimo peor si se registrara la inflación real. Según datos de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), en abril de 2026 el salario bruto (es decir, antes de la aplicación de descuentos) de un docente con dedicación simple y 10 años de antigüedad fue de $332 mil. Los rectores perciben 1,8 millones en bruto.
Para alcanzar los valores reales de 2023 el presupuesto debería aumentar a $8,4 billones.
Los gastos de funcionamiento (fondos destinados al pago de servicios y al mantenimiento de los edificios) cayó 40,8% respecto a 2023.
Esta es la decisión del FMI que implementa el Gobierno con la complicidad de todas las corporaciones empresarias. ¡Plata hay! Toda la plata se destina al pago del fraude de la deuda y a los intereses usurarios. Ni el Gobierno, ni al Congreso, ni la Justicia quieren investigar y auditar los grandes fraudes contra el Estado, sostienen el parasitismo destruyendo la educación, la salud, los salarios.
La demora de la Corte en su decisión sobre la Ley universitaria permite al Gobierno ganar tiempo para sostener el superávit pactado con el FMI. Calculan que cada mes sin fallo definitivo implica un ahorro de unos 117 millones de dólares y permite sostener la meta de superávit de 1,4% del PBI comprometida con el FMI. Las universidades ya obtuvieron fallos favorables en primera y segunda instancia, pero la Casa Rosada confía en que la resolución final llegue recién en el segundo semestre y reduzca el costo fiscal de aplicar la norma. La Corte también es responsable del daño a la Universidad.
Si el fallo saliera favorable en junio y se empezara a pagar en agosto, el “ahorro” final para el 2026 sería entre 467 a 580 millones de dólares; y no de 1.400 millones.
La dictadura civil de Milei dejó sin efecto o suspendió la aplicación de una Ley vigente aprobada y ratificada por el Congreso mediante un decreto afectando el derecho a la educación. Su postura de no aplicarla hasta que el Congreso indique una fuente específica de financiamiento es una provocación: puede reponer los impuestos que rebajó a los más ricos, puede eliminar las exenciones de impuestos a empresarios poderosos, y también puede dejar de pagar deuda fraudulenta, medidas que no está dispuesto a tomar porque es sirviente de esos intereses contra la mayoría de la población.
(Nota de MASAS n°503)
