Alerta a la militancia, a las organizaciones sindicales, políticas y sindicales, a los organismos de Derechos Humanos, de América Latina: está en marcha un nuevo Plan Cóndor
Trump prepara para noviembre otra cumbre para coordinar la persecución de la izquierda. El Departamento de Estado y Marco Rubio están organizando una nueva Conferencia, en Alemania, junto con el gobierno alemán. La primera Conferencia se hizo en Washington el 16 de julio. Participaron enviados de más de 60 países. Milei envió a dos funcionarios de alto rango: su canciller, Pablo Quirno, y el número dos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), José Lago Rodríguez.
Marco Rubio describió el evento como la conformación de una coalición contra la izquierda, lo comparó con la coordinación en los años 70 y puso como ejemplo de organizaciones a Montoneros y Tupamaros. Llamó al trabajo de las fuerzas de seguridad y el intercambio de inteligencia como en el Plan Cóndor.
Milei, en un acto en la embajada argentina en Washington habló de una “alianza entre la izquierda radical y el terrorismo islamita”. Debaten cómo perseguir a los movimientos de izquierda a los que califican como “terroristas”.
Ante un reclamo del FIT, la SIDE respondió de que toda la información relativa a la cumbre estaba alcanzada por la clasificación de seguridad y que si se difundía esa información podría comprometerse el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).
El gobierno alemán respondió a un pedido de informes que hizo Die Linke (La Izquierda) sobre la coordinación antiterrorista con EEUU. Confirmaron que un nuevo encuentro se hará en Alemania.
Al día siguiente de la última marcha, en los tribunales de Comodoro Py, aparecieron quince denuncias del Departamento de Investigaciones Antiterroristas de la Policía Federal Argentina (PFA). En un juzgado explicaron que se trataba de presentaciones que suelen hacerse en base a relevamientos que hace el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en redes sociales. No estarían vinculadas a actividades de ciberpatrullaje por la marcha. (Luciana Bertoia, Página 12)
El FBI tiene un vínculo estrecho con el Gobierno. El Centro Nacional Antiterrorismo (CNA) se creó en coordinación con esa agencia estadounidense y es el primero de su tipo en la región. El 7 de octubre, el FBI compartió en sus redes sociales que había una delegación argentina para llevar adelante un intercambio estratégico sobre contraterrorismo. Una publicación anterior del FBI en Miami especificaba que la comitiva estaba integrada por diez funcionarios del Ministerio de Seguridad, la SIDE, el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Hace unos días la Oficina del Presidente informó sobre una comunicación telefónica entre Rubio y Milei en la que supuestamente se habló, entre otros temas, de “promover la seguridad compartida en todo el hemisferio”. Tras la conversación se supo que dos enviados del Departamento de Estado estarán entre el 19 y 26 de octubre en Buenos Aires: Christopher Landau, número dos de Rubio, y Juan Pablo Segura, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental.
A fines de agosto, cuando los jefes de la SIDE debieron comparecer ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI), Lago Rodríguez admitió que no manejaban una hipótesis sobre extremismo de izquierda.
La Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) informa que hay 92 causas abiertas por tipos penales compatibles con estos casos.
Fiscales, como Carlos Stornelli, alineados con el Gobierno emplean algunos de esos tipos penales contra quienes salen a protestar contra el Gobierno, como sucedió con los detenidos por manifestarse contra la Ley Bases o contra la reforma laboral.
El Gobierno introdujo un capítulo vinculado al terrorismo en el proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional” una reforma integral del sistema de inteligencia, defensa y seguridad interior. De aprobarse, se creará por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que funciona desde el gobierno de Mauricio Macri. No es necesaria una condena penal; basta con una “sospecha razonable”.
Así, quienes son acusados por el Ejecutivo de estar vinculados al terrorismo pueden ser afectados de distintos modos: se inmovilizan sus bienes, se les prohíbe contratar con el Estado o recibir subsidios. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que es una forma de “castigo administrativo”.
Hace un año, el Gobierno incluyó a la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu en el RePET. Las mujeres sufrieron múltiples afectaciones: se congelaron sus billeteras virtuales, se cancelaron las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) y se cayeron pensiones por discapacidad.
Es necesario que las organizaciones políticas y sociales debatan cómo responder a este avance de la dictadura civil contra las libertades democráticas, que refuerza todo lo que viene haciendo y diciendo desde antes de asumir.
(Nota de Masas n°512)