Impunidad para los que saquean el país
La Justicia al servicio de los grandes capitalistas y el imperialismo archivó definitivamente la causa contra Mauricio Macri y Luis Caputo por el acuerdo con el FMI. Cerró el expediente por el préstamo de US$ 57.100 millones de dólares del 2018. El fiscal general Raúl Pleé desistió de continuar. La investigación alcanzaba a otros exfuncionarios del gobierno de Cambiemos: Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda; Federico Sturzenegger, actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado; Guido Sandleris, quien también estuvo al frente del Banco Central. El expediente incluía a Gustavo Cañonero, Verónica Rappoport, Enrique Szewach y Mauro Alessandro, integrantes del Comité de Política Monetaria del Banco Central en ese período.
El fallo fue firmado por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, integrantes de la Sala IV del máximo tribunal penal federal. Así quedó firme el cierre de la investigación, que buscaba determinar si existieron delitos en la negociación y la implementación del préstamo otorgado por el organismo internacional.
La denuncia planteaba irregularidades en la contratación de la deuda y apuntaba a establecer si los fondos habían sido utilizados para sostener la salida de divisas al exterior. El préstamo fue otorgado de urgencia sin recorrer todos los requisitos legales, administrativos, para solicitarlo. Se había realizado sin la intervención del Congreso Nacional, en incumplimiento de la Ley de Administración Financiera. El mismo problema tuvo el FMI que siguió la orden de Trump de socorrer a Macri para que ganara las elecciones de 2019, violando las normas del organismo, pero a Macri no le alcanzó. Los funcionarios del gobierno de EEUU lo reconocieron con toda claridad, entre ellos Claver Carone del Consejo de Seguridad de Trump en su primera presidencia.
La totalidad de los fondos recibidos fueron fugados a medida que iban ingresando, como se puede ver en los movimientos del Banco Central, ni un dólar se destinó a la producción, a la obra pública o la educación, ni tampoco quedaron en las reservas del Central. No quieren levantar el secreto financiero, impositivo y bursátil porque fácilmente se puede saber qué empresas y empresarios fugaron las divisas, aunque se supo. La Justicia “no quiere saber” porque deberían condenar a sus mandantes que son los responsables de la fuga de las divisas. Se escudan en que fue una decisión política del Gobierno y por lo tanto no puede ser juzgada. El Congreso Nacional con el apoyo de buena parte de la bancada peronista es cómplice de este saqueo ya que votó el reconocimiento de esta deuda fraudulenta por recomendación de Martín Guzman, Ministro de Economía de Alberto Fernández. Todos los partidos burgueses reconocen esta deuda fraudulenta y reconocen la intervención del FMI para reclamar su pago y la aplicación de sus programas económicos.
La deuda debe ser desconocida y los que fugaron las divisas deben ser expropiados inmediatamente. Le están haciendo pagar al país, a todos sus habitantes, una deuda que fue utilizada para exclusivo beneficio de unas pocas decenas de empresas/familias. La dirección del país no puede estar en manos de una clase burguesa descompuesta hasta la médula que transmite su pudrición a todas las instituciones y partidos que defienden su orden.
(Nota de Masas n°512)
