Extraordinarias luchas en Panamá contra la minería transnacional
La Corte Suprema por unanimidad, en su pleno de nueve magistrados, luego de cuatro días de deliberaciones, declaró inconstitucional el contrato minero que desató las protestas. El contrato que renovó la concesión de explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, de unas 12.000 hectáreas, que está ubicada en la provincia de Colón, una decisión que se espera ponga fin a una crisis nacional. La empresa Minera Panamá es filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), que apelará el fallo.
La Ley 406 regulaba la explotación de la mina con una inversión de 10 mil millones de dólares (según la empresa), que exporta mineral sobre todo al mercado chino y fue construida en el corazón del Corredor Biológico Centroamericano que conecta con México, causando daños irreparables al ecosistema, de acuerdo con los grupos ambientalistas que llevan años luchando contra el enclave. El Ejecutivo tendrá que ordenar el cese de operaciones de la mina, que no es lo mismo que su cierre, un proceso que tomará años de acuerdo con los expertos.
La canadiense FQM argumenta que la mina genera 50 mil empleos, aporta 5% del PBI y paga regalías anuales por 375 millones de dólares, diez veces más que el acuerdo inicial. La mina produce desde 2019 unas 300 mil toneladas de concentrado de cobre anuales, que representan el 75% de las exportaciones. Tiene unos 2.500 proveedores en el país, que le venden mercancías por 900 millones de dólares anuales
A los cortes de ruta liderados por grupos indígenas y sindicatos se sumó un paro docente en contra de la aprobación exprés del contrato por parte del Parlamento y el gobierno. La lucha dejó cuatro muertos. “Esta patria no se vende, esta patria se defiende”, cantaban frente a la Corte los maestros, gremio que estaba en huelga desde el 23 de octubre. El ministerio de Educación informó que a 17.495 docentes les retuvo el salario correspondiente a la segunda quincena de noviembre por declararse en huelga indefinida.
Más de 1.300 personas fueron detenidas por la Policía Nacional desde el inicio de las manifestaciones en contra de la Ley 406.
El movimiento estalló el 20 de octubre cuando el Congreso aprobó el contrato firmado por el gobierno y FQM para operar por 40 años una mina de cobre a cielo abierto en el Caribe panameño. Trámite exprés: esa misma noche el presidente le dió sanción a la iniciativa. En 2017 la Corte Suprema ya había declarado inconstitucional el acuerdo original de 1997. Desde ese día, miles de manifestantes salieron a la calle a reclamar la derogación urgente de esta ley, que consideran inconstitucional. Sindicatos, estudiantes se sumaron al grito de “¡Panamá no se vende!” y “¡Derogación ya!”. Un dirigente de la construcción decía: “Este es un contrato leonino, un contrato vendepatria que la oligarquía de este país quiere porque se beneficia de él”, “estamos seguros que es el pueblo el que tiene la fuerza para derrotar este contrato”.
Los jóvenes prometían “nos apoderamos de la calle y no nos vamos a ir hasta que se derogue un contrato minero que no fue consultado con la ciudadanía, que es totalmente abusivo y con el que en solo tres días el Gobierno panameño aprobó la destrucción de 40 años de nuestro país”.
Las protestas se hicieron masivas. Se estima que más de 50.000 personas participaron de las convocatorias. Muchos lo hicieron con banderas de Panamá y carteles con diferentes consignas en contra de la minería: “La minería es un saqueo disfrazado de progreso”, “Somos patriotas, no vende patrias”.
En las calles, los manifestantes seguían firmes: “¿Queremos diálogo? ¡No! ¿Consulta? ¡No! ¡Queremos derogación ya del contrato minero!”
Esta extraordinaria lucha muestra que sólo los trabajadores, los pueblos originarios, los oprimidos, están interesados en defender la soberanía nacional, impedir el saqueo de los recursos, cuidar el medio ambiente. Que solo su acción directa, su lucha radicalizada pudo terminar con ese contrato negociado entre el gobierno y el Congreso. Demuestra que los politiqueros, sus partidos, sus instituciones, están sometidos al gran capital y sus dictados. Este frente antiimperialista que se produjo en los hechos tendría que transformarse en un frente político para luchar por su propio poder en Panamá. Gobierno y Congreso han quedado heridos y han perdido toda autoridad política. Está planteada la tarea de construir el partido revolucionario que concentre la experiencia política de los últimos meses y la rica historia de Panamá y lo haga programa, señalando la estrategia proletaria.
(Nota de MASAS n°447)
