YPF avanza con una flexibilización laboral a los obreros petroleros
Como hemos venido analizando en anteriores ediciones, los obreros petroleros vienen siendo víctima de un proceso de precarización laboral aplicado por las empresas petroleras y la complicidad de su dirigencia sindical burócrata, utilizando el argumento de la crisis generada por la pandemia del covid 19 para realizarla. A fines de junio el sindicato petrolero de Neuquén extendió por tres meses más un acuerdo que ya había firmado en los meses de abril y mayo, en el que se pactaba que los más de 17000 obreros que se encontraban en sus casas sin ir al pozo por la caída de la actividad cobrarían solo un 60% de su salario. A diferencia de los dos primeros meses, donde el sindicato se hacía cargo de la obra social y servicios médicos, en este nuevo acuerdo Guillermo Pereyra arregló con las empresas que se volvieran a hacer los aportes sociales.
Pero ahora YPF, de mayoría estatal, bajo el pretexto de mejorar la eficiencia y productividad, busca reducir aún más los costos, recayendo nuevamente este ajuste en los trabajadores. Propone a los gremios de las distintas provincias reactivar los pozos, pero haciendo modificaciones al actual convenio colectivo de trabajo, en principio hasta diciembre, pero con miras a que se establezca definitivamente a largo plazo. Esas modificaciones básicamente son: la empresa pagará solo horas trabajadas; diversos ítems como bonos, adicional por torre, disponibilidad y yacimiento se pagarán bajo un único concepto de carácter no remunerativo y no se tomará en cuenta para el pago de horas extras; nuevos esquemas de trabajo por equipos de 14 días de trabajo de corrido, 7 días de franco y 7 días de suspensión sin pago de haberes; trabajo en el pozo con vientos de 80 km/hr y con rachas de 110 km (entre 2018 y 2019 murieron 8 trabajadores en accidentes en el pozo); la realización de tareas simultáneas; acelerar el ritmo de trabajo; cambios en el refrigerio; los equipos deben seguir trabajando aunque falten miembros del mismo. Estas son las principales modificaciones, pero la letra chica incluye más flexibilización al actual convenio.
Ante ello el burócrata Guillermo Pereyra ha manifestado que no va a permitir cambios en el convenio colectivo pero que se mantiene igual abierto al diálogo porque “entiende la situación” y hay muchos trabajadores en la casa. Sin embargo esta tenue resistencia que plantea es muy probable que termine rápidamente ya que él fue el que firmó la adenda en el 2017 con Macri, en la que se flexibilizó el convenio respondiendo a las exigencias de las multinacionales para invertir en Vaca Muerta. Asimismo los petroleros jerárquicos de Neuquén también se hallan en la misma negociación, en este caso con 7000 obreros en la casa, señalando que no aceptaran cambios en su convenio colectivo.
En el resto del país los gremios petroleros de Mendoza y de Santa Cruz ya firmaron la aceptación de esta propuesta de YPF, permitiendo la modificación y flexibilización del convenio colectivo de trabajo, cediendo con ello la pérdida de derechos que costaron importantes luchas. Con estos arreglos previos, YPF busca presionar a Pereyra, que nuclea al sindicato petrolero más fuerte, como así también presionar al resto de los sindicatos como los de Chubut y Tierra del Fuego que aún no firmaron el acuerdo. Esto no hace más que mostrar que la política del Frente de Todos de Alberto Fernández viene a dar continuidad a la política de flexibilización de Macri, de ajuste a los trabajadores.
Sabemos que hay descontento en la base petrolera, hace dos semanas se realizó una importante caravana de petroleros en contra del ajuste en la ciudad de Rincón de los Sauces. La flexibilización laboral se paga con la vida, ya llevamos 8 trabajadores muertos en accidentes laborales desde que se firmó la adenda de Macri. Ante todo ello sostenemos que los trabajadores deben tomar en sus manos la defensa de sus condiciones laborales, ya que la burocracia de Pereyra no lo va a hacer. El petróleo es un recurso estratégico que no puede estar en manos del imperialismo a través de sus empresas. Para defender la soberanía nacional hay que imponer el monopolio estatal de toda la producción petrolera, bajo control obrero colectivo, expropiando sin pago y estatizando a todas las petroleras privadas, nacionales y extranjeras.