Perú – un nuevo gobierno burgués: Los oprimidos deben luchar por su propio gobierno, obrero y campesino
Pedro Castillo (Perú Libre), con el 50,2% de los votos, ganó las elecciones con una diferencia de sólo 71.000 votos. Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo el 49,8%. De las 26.284.987 personas con derecho a voto, 8 millones se abstuvieron (30%).
Fujimori impugnó los resultados, denunciando fraude. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), sólo se impugnaron 500 votos y se cuestionaron 1.000 actas. Sin embargo, Fuerza Popular presentó un recurso ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para anular 802 mesas electorales. Son 500.000 votos (sobre todo de zonas rurales, donde Castillo obtuvo una gran mayoría), que podrían ser revisados.
La ultra-derecha profesa un profundo desprecio de clase y alimenta la discriminación racial contra el campesinado. La impugnación pretende impedir la llegada a la presidencia de un elemento ajeno a las fuerzas políticas orgánicas de la clase dominante. La burguesía no acepta que un «comunista», que quiere «convertir el país en una nueva Venezuela» y quiere «acabar con la propiedad privada», ocupe la presidencia de Perú. La candidata derrotada contaba con el apoyo de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo. La división electoral de la población y el alto índice de abstención dejaron al descubierto la fractura y descomposición de la política burguesa peruana.
Castillo prometió respetar el orden democrático y legal. La burguesía y la oligarquía terrateniente son incapaces de aceptar que un representante de la clase campesina indígena ejerza la presidencia del país, cargo reservado a un selecto grupo de blancos o mestizos aburguesados. Por el contrario, gran parte de la juventud proletaria y de las masas indias y campesinas depositan fuertes ilusiones en el líder mestizo y sindicalista, al que consideran una genuina expresión de los intereses de la población pobre y miserable. Son estas relaciones entre clases las que se manifiestan en el ascenso electoral de Castillo, y en la violenta ofensiva de la reacción burguesa contra el candidato estúpidamente descalificado como «comunista». Lo que se reflejó concretamente en la polarización política entre las capitales (con una amplia victoria de Fujimori) y el interior (con un amplio apoyo a Castillo), trazando electoralmente los antagonismos sociales, nacionales y étnicos que están en la base de la estructuración histórica del país.
Esta polarización electoral no es un fenómeno nuevo en América Latina. Bolivia, Ecuador y Venezuela son ejemplos en este sentido.
Cabe destacar que Castillo comenzó su campaña con un discurso radicalizado: propuso abolir el Tribunal Constitucional, aprobar una nueva ley de comunicaciones, nacionalizar la industria del petróleo y el gas, aumentar los salarios e impulsar una reforma agraria «radical y definitiva». Así forjó su ascendencia electoral entre los oprimidos. Esto le permitió, en la primera vuelta, situarse como el candidato más votado. En la campaña de segunda vuelta, el autoproclamado «marxista-leninista-mariateguista» -en referencia a José Carlos Mariátegui- adoptó un discurso francamente conciliador. Señaló a la burguesía y al imperialismo que, de hecho, no tenía intención de ejercer un gobierno estatista. Sin embargo, no abandonó la retórica reformista, que le dio una ascendencia electoral entre las masas.
La mejor manera en que Pedro Castillo pudo pedir un voto de confianza a los capitalinos fue aceptando firmar, junto a Keiko, la «Proclama Ciudadana» días antes de la segunda vuelta. Prometió defender el «orden democrático» y los derechos humanos, respetar la «libertad de prensa» y la «libre asociación» de los sindicatos, y no revocar los «tratados internacionales», así como respetar a las Fuerzas Armadas y llevar a cabo una «transición pacífica» del poder al final de su mandato. La «Proclamación Ciudadana» no comprometió en absoluto a la candidata ultraderechista. La experiencia demostró su lugar de agente del capital contra el trabajo.
La actitud servil de Castillo recordó a la de Lula, cuando firmó la «Carta al Pueblo Brasileño» en junio de 2002. Prometió respetar la propiedad privada de los capitalistas, defender los acuerdos internacionales y respetar el orden burgués. El gobierno del PT cumplió al pie de la letra su compromiso pro-capitalista y pro-imperialista. La diferencia es que ahora, a diferencia de hace diecinueve años, la situación mundial es mucho más grave. La pandemia se ha encargado de potenciar las contradicciones del capitalismo. Los países semicoloniales se llevan la peor parte de la descomposición del capitalismo. Las masas peruanas, en particular, están sufriendo un riguroso flagelo. Tendrán que ir a la lucha. Castillo no tendrá forma de escapar a la revuelta de los explotados del campo y la ciudad. Pronto, los campesinos, la clase obrera y las capas arruinadas de la clase media verán que el nuevo presidente no podrá cumplir su limitada promesa electoral, que se reduce a: 1) promover la distribución gratuita de oxígeno médico, ampliar el número de camas de la UCI y garantizar la vacunación universal y gratuita, dando prioridad a los maestros; 2) lanzar programas de empleo y apoyar la «economía popular» mediante la inversión pública y el fomento del «compre nacional»; 3) subvencionar los servicios básicos de los pobres y miserables; 4) ofrecer créditos asequibles a los pequeños agricultores y expropiar (con indemnización) las tierras improductivas a los terratenientes; 5) reducir las importaciones de alimentos mediante la «diversificación» productiva basada en la agricultura familiar y comunitaria; 6) adoptar «impuestos progresivos» a las empresas con ganancias extraordinarias; 7) realizar un referéndum popular constituyente para redactar una Nueva Constitución; 8) negociar una reforma fiscal.
Estas medidas capitalistas limitadas no tienen nada que ver con el palabrerio del «Estado Socialista» esgrimida en la primera vuelta. No serán cumplidas, ya que Castillo tendrá que demostrar inmediatamente al imperialismo cómo va a honrar la deuda pública. Y tendrá que responder a las exigencias de la oligarquía peruana, para proteger sus negocios en las condiciones de agravamiento de la crisis económica y la potenciación de la lucha de clases.
La tarea de la vanguardia con conciencia de clase es trabajar a fondo y sistemáticamente para construir el partido marxista-leninista-trotskista en el Perú. La experiencia con el gobierno de Castillo, en caso de que logre tomar posesión, ayudará a dar pasos en esta dirección, siempre que los revolucionarios se dediquen a elaborar el programa de la revolución proletaria, aplicando, en las condiciones particulares del país, el Programa de Transición de la IV Internacional. Esto es lo que estamos haciendo con el máximo empeño en Brasil. El Comité de Enlace por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional es un medio para que se cumpla el objetivo de superar la crisis de la dirección revolucionaria.
(POR Brasil – MASSAS nº 639)
