Acerca del proyecto para “que la paguen los que la fugaron”
Anuncios entusiastas aparecieron las últimas semanas sobre la creación de un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI. Propone perseguir la evasión fiscal y la fuga de capitales para que con su multa e intereses se constituya ese fondo. Si se aprobara la ley y se pusiera en práctica y efectivamente se detectaran dónde están los recursos evadidos y fugados (estimados en 417.000 millones de dólares) y quiénes son los responsables, todos esos recursos deberían ser incorporados al presupuesto nacional, repatriados, reincorporados en su totalidad a la economía de dónde fueron sustraídos, y no destinarlos al pago de la deuda fraudulenta.
La burguesía tiene un vivo interés en ocultar sus fondos, sus maniobras para no pagar, sus cuentas en el exterior, sus movimientos bancarios. Sucede así que el secreto financiero es fundamental para esta clase fugadora y corrupta.
Otro de los proyectos de ley propuestos (el 536-S-2022) plantea levantar el secreto financiero establecido por la ley de la dictadura, la 21.526 de Entidades Financieras de 1977. Sin embargo, es preciso entender la presentación de estos proyectos de ley en su real dimensión. Constituye un serio intento para volver a generar entusiasmo entre amplias franjas de sectores desencantados con la política oficialista del pago de la deuda externa.
Hemos explicado en “Masas” previos que a pesar de la resistencia de buena parte de los legisladores, de los medios de comunicación y de la propia burguesía, estas leyes tienen límites bien precisos. Esta maniobra (no otra cosa puede resultar debido a su inconsecuencia) puede despertar simpatías tal y como sucedió con el “escándalo” de la revelación de quiénes se beneficiaron con el blanqueo de capitales de 2016 (sobre todo por parte de la familia Macri).
Pero son conscientes de la imposibilidad real de materializar estas cuestiones a través del Congreso y de sus leyes. Conocen muy bien la dificultad de una votación positiva en ese antro de ladrones que son la Cámara de Diputados y Senadores; y aunque llegase a ser votada, la posibilidad certera de ser vetada; o incluso declarada su inconstitucionalidad por parte del Poder Judicial; o en última instancia, la decisión de la banca internacional de no facilitar ningún tipo de información.
El camino institucional propuesto no puede resolver ninguna de estas cuestiones fundamentales que ocultan deliberadamente sus autores. El propio Estado burgués que facilita los mecanismos de ocultamiento de los capitalistas, que se niega a controlarlos, no los va a atrapar.
Solo la clase obrera es capaz de abrir todos los libros contables de las empresas, conocer todos los movimientos bancarios, saber al detalle todos los giros al exterior, organizando el control obrero colectivo. Esta es la herramienta para que los trabajadores podamos conocer cómo funciona verdaderamente la economía. Es la lucha de clases y la acción directa de masas la que definirá la cuestión.