Sturzenegger confirma la política de dictadura civil del gobierno anterior, que debería retomar su próximo gobierno, si ganan
El expresidente del Banco Central bajo Macri, y funcionario de varios gobiernos publicó un artículo en el diario Perfil reivindicando el manejo autoritario del Estado, sabiendo que las medidas que menciona son delictivas. Son los métodos que aplicó el terrorismo de Estado en la última dictadura militar. Puede decirlo abiertamente porque goza de total impunidad.
En su nota hace referencia a un encuentro en el 2015 con Dromi, el estratega jurídico de las reformas antinacionales de Menem. Dromi ante todos los presentes planteó “lo que consideraba eran las diez primeras cosas que la nueva administración (macrista) debía hacer”.
“Recuerdo que el primer ítem en su lista fue ‘expropiar C5N’; el segundo, ‘intervenir los hoteles de Cristina’… La lista de Dromi no era una de tareas a realizar, sino de cómo licuar los recursos y el poder de quienes él pensaba los usarían en contra del futuro gobierno”. Un país sin sectores que puedan criticar u opinar distinto porque “bloquean”, aunque sean defensores del orden burgués.
Sturzenegger escribe: “¿Debiera ser un objetivo del nuevo gobierno cerrar la grieta? A decir verdad, no me queda claro si la grieta de la que se habla es con los K, con el peronismo, con los sindicatos, con los empresarios o con Grabois. Tampoco si es posible cerrar la grieta con todos a la vez. Pero dejemos de lado esas sutilezas y asumamos que se refiere a alguno o a todos ellos”, agrega: “Para algunos, es imprescindible cerrar la grieta: para avanzar con las reformas, se necesitan consensos básicos y evitar bloqueos… Hoy en día, su receta no me parece tan loca ni descabellada. A veces pienso que es el único camino posible”.
No dice que aquellos consejos de Dromi se pusieron en práctica iniciando una verdadera cacería con el Grupo Indalo: en lugar de una expropiación, el gobierno de Macri desapoderó las empresas del Grupo Indalo -entre ellas C5N-, para quedársela y entregársela a algún amigo.
Una metodología similar a la utilizada con Oil Combustibles. Mediante YPF, Fabián Pepín Rodríguez Simón utilizó a la petrolera estatal para quedarse con los activos de Oil Combustibles y utilizando la estructura estatal.
La persecución al Grupo Indalo abarcó numerosos grupos de tareas desde distintas reparticiones del Estado. El propio Sturzeneger participó de esas operaciones.
Como presidente del BCRA, en 2016, fue parte de la maniobra que afectó financieramente a las empresas del Grupo Indalo, en particular llevar a la quiebra al Banco Finansur, cuyo accionista controlante era el Grupo Indalo. Implementó diversas decisiones que afectaron el normal funcionamiento del Banco. Combinado con los embates de los medios de comunicación para erosionar su imagen y confianza pública promoviendo la desconfianza de las principales empresas que tenían cuentas e inversiones en esa entidad, entre 2016 y 2017, el BCRA definió la coadministración, para luego impulsar la intervención del Banco.
En noviembre de 2017, dando un paso más en la persecución suspendió las operaciones de Banco Finansur “por incumplimiento en los plazos en el plan de recapitalización acordado con la entidad”.
En marzo de 2018, el Banco Finansur fue intervenido por el BCRA, lo que dio comienzo al proceso especial de liquidación. Dos semanas después de que se levantara la inhibición de Finansur para permitir que otro banco absorba sus depósitos y empleados, el juez titular del Juzgado Nacional en lo Comercial, pidió la quiebra de la entidad. Esa medida “fue sugerida por el Banco Central” que conducía Sturzenegger, que había aprobado una oferta de compra de parte del Banco Galicia, luego de tener conformidad de los veedores judiciales del grupo del empresario, y cuyos accionistas estaban detenidos ilegalmente en Ezeiza. Esa entidad financiera era la utilizada para que cobrasen su salario los empleados del Grupo Indalo.
En el caso de C5N no lograron concretar su objetivo. El gobierno fue responsable de aplicar estos métodos dictatoriales para liquidar a un grupo empresario al que consideraba opositor. También fue responsable la Justicia que acompañó todos estos procedimientos siguiendo la hoja de ruta que delineó Dromi. El poder Legislativo, oficialistas y opositores, mantuvieron silencio cómplice frente a este ataque.
Con el objetivo de lograr la expropiación de C5N, este canal fue el único al que le denegaron el derecho de canje de pauta publicitaria que sí estaba disponible y vigente para el resto de los canales. Lo mismo con la prácticamente nula pauta publicitaria nacional que recibió el canal en ese período, a pesar de los niveles de audiencia que crecían en forma sustancial. Durante este tiempo, los accionistas del Grupo Indalo permanecían detenidos ilegalmente y se sumaban las decisiones irregulares tomadas por el juzgado comercial que entendía en las causas.
Esta metodología se utilizó para perseguir a organizaciones sindicales, para intervenir sindicatos, con el apoyo de un sector de la burocracia. Así operó la dictadura militar para apoderarse de empresas y propiedades.
Si así operan contra un sector político y empresario que defienden el orden capitalista ya sabemos qué podemos esperar los sectores en lucha, clasistas, que no nos disciplinamos a ese orden y a esas “reformas” que quieren imponernos.
No quieren que haya ninguna forma de resistencia a la profunda reforma antiobrera y antinacional que tienen prevista si ganan las elecciones.
(Nota de MASAS nº432)
