Jujuy: 20 de Julio, a 47 años de la “Noche del Apagón”
Entre el 20 y el 27 de julio de 1976, cortaron simultáneamente la energía eléctrica en tres pueblos jujeños: Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar. En la oscuridad, el ejército, la Gendarmería y la Policía provincial desplegaron operativos conjuntos para secuestrar y torturar a 400 personas, de las cuales 33 continúan desaparecidas. Las primeras en ser levantadas en las camionetas de la empresa Ledesma fueron personas vinculadas con el movimiento sindical, estudiantil y villero.
El dueño de la empresa Ledesma, Blaquier, falleció recientemente en la impunidad, sin castigo. Los gobiernos y la Justicia hicieron todo para que el responsable de la represión criminal no fuera castigado.
El “Nunca Más” fue una expresión de deseos. La represión volvió como en la dictadura. En las últimas semanas se revive aquella trágica semana del Apagón. La democracia burguesa no tocó las bases materiales en que se apoyó la dictadura militar genocida: las grandes empresas locales y extranjeras que prepararon y ordenaron la represión salvaje contra los trabajadores y la juventud y que se beneficiaron con sus políticas. Esa misma base material actúa hoy en Jujuy, y en el resto del país.
Es muy importante recordar esta represión y la responsabilidad que tuvo el grupo Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma. Es importante denunciar el papel que juegan hoy las mineras y las empresas relacionadas con el gobierno de Morales. Y movilizarse en todo el país para denunciarlos. Y escrachar directamente a Ledesma, sus dueños son de las familias más ricas del país, son los que tienen el poder real. Ellos SON el Estado, y no como se afirma a veces, un “Estado paralelo”.
Pero también es necesario denunciar a los cómplices nacionales de la CGT y la CTA que no convocan a un paro nacional activo en defensa del pueblo de Jujuy, ahí está la derecha fascista actuando, con policías sin identificación, con secuestros y detenciones indiscriminadas, con vehículos de las empresas sin identificación cargando detenidos, con matones actuando con protección policial sobre los cortes de ruta. Qué mejor campaña contra la derecha que enfrentarla ahí donde actúa hoy, con total impunidad. La intervención que reclamamos es las de las organizaciones de los trabajadores con sus propios métodos de lucha, que es la única que puede detener esta escalada.
No podemos esperar nada del gobierno, la Justicia o el Congreso, que respaldan el accionar dictatorial de Morales.
Recordamos a Luis Arédez que fue el médico e intendente de Libertador que tuvo la osadía de querer cobrarle impuestos municipales a Ledesma, o exigirle atención médica para los obreros. Secuestrado por una patrulla militar en un camión del Ingenio. Lo liberaron, volvió a Ledesma, fue secuestrado nuevamente, y continúa desaparecido. Y especialmente a Olga que marchó desde entonces por la plaza del pueblo, y lideró las marchas del Apagón hasta su muerte en 2005. Murió por la contaminación del bagazo, los restos de la caña quemada al aire libre por la empresa Ledesma. Ricardo dice: “Es la misma impunidad y la misma matriz de violencia”, testigo del secuestro de su padre cuando niño.
Terminaremos con la derecha fascista cuando terminemos con la gran propiedad privada de los medios de producción en manos de un puñado de transnacionales y empresarios locales, cuyo poder y concentración creció bajo su democracia.
Foto: Ricardo Arédez, hijo Luis y de Olga, emblemas del Apagón.
Reclamos de los pueblos originarios respaldados por la Iglesia católica
Tres obispos, un equipo de laicos y varios curas de Jujuy se reunieron para debatir cómo frenar la embestida represiva estatal sobre los pueblos indígenas y trabajadores que se oponen a la reforma constitucional.
Se reunieron durante dos días los obispos Daniel Fernández (en la capital jujeña), Félix Paredes de la Prelatura de Humahuaca, y el franciscano Luis Scozzina, en su condición de titular de la Comisión de la Pastoral Aborigen de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Acompañados por los miembros del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y FUNDAPAZ.
En su mensaje directo al gobernador radical llamaron a “acordar acciones que den cumplimiento al derecho indígena en su plenitud”.
El obispo Fernández, que oficia misa en el centro del poder jujeño se ausentó de la jura de la nueva Constitución.
La iglesia jujeña, a puertas cerradas, estuvo discutiendo las acciones legales para presentar frente a la nueva Constitución que la consideran inconstitucional por avasallar derechos ancestrales y a los derechos humanos como del cuidado de la Casa Común. Presentarán una adhesión a la demanda de inconstitucionalidad (de 68 páginas) realizada el pasado miércoles 12 ante el máximo tribunal de justicia jujeño, por los abogados Alicia Chalabe y Laureano Marina Vilte, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
La posición de la Iglesia refleja la magnitud de la crisis política desatada con la ofensiva dictatorial de Morales. Hasta la UCR de Jujuy (el partido que dirige Morales a nivel nacional) ha debido repudiar los operativos ilegales como el ocurrido en la sede universitaria de La Quiaca.
(nota de MASAS nº439)
