Rio Grande del Sur: la política burguesa y gubernamentales ante el desastre climático
La respuesta de los explotados
Hasta el 6 de mayo, las autoridades de Rio Grande do Sul habían contabilizado 83 muertos, 111 desaparecidos y 121.957 desplazados. Estas cifras no son definitivas. La turbulencia de las aguas sigue aumentando. No hay previsiones de estabilización o retracción inmediatas. Los estudios muestran que la capital, Porto Alegre, se enfrenta a la «mayor inundación desde 1941», y desde 1961 el régimen de lluvias ha empeorado. En septiembre y noviembre de 2023, municipios de Rio Grande do Sul se vieron sumergidos y azotados por la fuerza de las aguas. Unos cinco meses después, el fenómeno se volvió más intenso y poderoso.
Muertes, desapariciones y desplazamientos son síntomas sociales que afectan a la parte de la población más desprotegida y susceptible a los desastres climáticos. Esta vez, el estado de Rio Grande do Sul es la víctima. La historia de este tipo de catástrofes es recurrente en Brasil. En todos estos acontecimientos, ya sea en los estados más pobres o en los más ricos, las familias trabajadoras son las que más sufren. Las clases sociales que llevan la peor parte del desempleo y del subempleo, que sobreviven con salarios miserables, que viven en los lugares más propensos a las catástrofes naturales y que sufren enfermedades a diario, se encuentran totalmente desprotegidas y dependientes del Estado. El ejemplo de Rio Grande do Sul demuestra que el poder económico también sufrió las consecuencias de las inundaciones, que afectaron directamente a sus empresas, así como la perturbación de la economía, que ya no funciona con normalidad. La agroindustria tendrá que recuperar pérdidas significativas. Pequeños y medianos agricultores, minoristas y proveedores de servicios han expresado su temor por las pérdidas que podrían provocar el cese de las actividades de muchos de ellos.
En momentos trágicos como éste, se retoma el debate sobre el cambio climático. Se reconoce que parte del avance de los desequilibrios se debe a la forma en que durante siglos se han explotado económicamente los recursos naturales. Los Paneles Intergubernamentales sobre el Cambio Climático promovidos por la ONU anuncian objetivos para contener los gases de efecto invernadero e indican que las actividades productivas deben modificarse y racionalizarse. Sin embargo, las numerosas medidas -reducción de la deforestación, protección de ríos y mares, cambio de la matriz energética, recuperación ambiental, en fin, replanteamiento de los agentes económicos que han venido causando la desintegración del ecosistema- no pasan de ser buenas intenciones. Tenemos un diagnóstico, un pronóstico y ciertas acciones que están a la vista y a las que la ciencia busca respuestas.
Las leyes de la naturaleza y las leyes económicas y sociales están en contradicción, y esta contradicción se agrava cada día. La producción social está condicionada por la anarquía del mercado. Las fuerzas productivas subordinadas a las necesidades de la acumulación de capital no pueden planificarse de modo que sean lo más compatibles posible con las leyes de la naturaleza. El sistema de propiedad privada de los medios de producción debe transformarse en propiedad social para establecer una economía planificada y superar la anarquía del sistema de explotación capitalista.
Estados Unidos, la más desarrollada de las potencias, se encuentra en medio de huracanes y tornados. El gobierno de Biden se ha puesto a la cabeza de proyectos para cambiar las matrices energéticas. Las potencias europeas se han convertido en defensoras de los bosques de otras partes del mundo. Incluso han inventado negociaciones en torno a las primas al carbono. El imperialismo que saquea la naturaleza en todos los rincones del planeta alimenta la farsa de la protección medioambiental. Y a los Estados de los países semicoloniales -con economías más o menos atrasadas- se les pide que se sumen a un movimiento para contener el saqueo de ciertas fuentes de riqueza natural, como el petróleo. En realidad, se les pide que renuncien a esas fuentes para que los monopolios internacionales puedan seguir dictando las condiciones de sostenimiento de las fuerzas productivas que se derrumban ante las relaciones capitalistas de producción.
Es bien sabido que la tormenta que azotó Rio Grande do Sul forma parte de un cuadro general de desequilibrios en Brasil y en el mundo. Las masas trabajadoras son las más afectadas ahora y lo serán en el futuro. Las pérdidas económicas serán pagadas por la fuerza de trabajo. Los capitalistas del estado sureño tienen el poder de dictar al gobernador del PSDB, Eduardo Leite, que se recuperen las pérdidas. La clase obrera, los campesinos pobres y las capas arruinadas de la clase media no tienen forma de influir en el poder económico a su favor, ya que están desorganizados y subordinados a la política burguesa.
La conferencia de prensa que reunió a Lula, algunos de sus ministros, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, en torno al gobernador Eduardo Leite, el 5 de mayo, buscó transmitir la imagen de una gran unidad política para resolver los problemas económicos y apoyar a las familias de los muertos, desaparecidos y desplazados. El gobernador pidió ayuda al Presidente de la República, que es su adversario en las disputas por el poder en el estado, quejándose de que Rio Grande do Sul carece de recursos y está sujeto al techo de gasto, es decir, a los criterios del marco fiscal. Lula, por su parte, se rodeó de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Rodrigo Pacheco y Arthur Lira, respectivamente. El Tesoro Nacional también está maniatado por el marco fiscal, aplastado por la gigantesca deuda pública y agotado por la cantidad de intereses que va a parar a las financieras.
Aún no sabemos cómo será la ayuda a los ricos y arruinados de Rio Grande do Sul. Los pobres ciertamente no sabrán cómo se utilizará la ayuda financiera. Los empresarios tienen sus propios recursos para superar este difícil momento. El gobernador depende del poder económico y hará todo lo posible para favorecer el uso de los recursos. La justificación del gobernador Eduardo Leite de que las cuentas del Estado están al límite demuestra que no tiene intención de exigir que los empresarios paguen parte de los costes de la recuperación económica. Si el gobierno de Lula cumple su promesa de ayuda financiera, la factura será transferida a todos los brasileños, es decir, a la mayoría oprimida. Los portavoces del gran capital vienen insistiendo en que el gobierno federal no ha sido riguroso con el ajuste fiscal y que es necesaria una nueva reforma de las pensiones, además de la reforma administrativa. En resumen, se acaba culpando de los daños causados por las inundaciones a los que trabajan, reciben salarios bajos y viven al borde del precipicio de la pobreza. Este resultado es de esperar, pero la población que sufre no es consciente de ello.
La propaganda del gobernador de que está haciendo todo lo posible para «salvar vidas» y ayudar a los sin techo engaña a las familias desesperadas y oscurece su comprensión. Esta es la función de la política burguesa, a la que se ha unido Lula, que espera beneficiarse políticamente, ya que Rio Grande do Sul es un estado en bancarrota financiera, a pesar de ser rico en comparación con los estados pobres que constituyen la mayoría de la federación. La unidad política entre adversarios electoralmente feroces tiene como objetivo impedir que los oprimidos se rebelen y mantenerlos en la camisa de fuerza de la dominación burguesa.
¿Cómo se podría y se podrá reaccionar ante tales maniobras? Los sindicatos y los movimientos populares podrían y pueden ser un instrumento de defensa real de la vida de los pobres como víctimas de la catástrofe medioambiental, que no puede separarse de las terribles condiciones sociales impuestas por el capitalismo a la mayoría trabajadora. Las centrales sindicales, si fueran empujadas por un vigoroso movimiento sindical en Rio Grande do Sul, podrían llevar a cabo una campaña nacional en defensa de las familias que dependen de los resultados de los juegos políticos montados entre el gobernador y el presidente de la República.
Esta colocada, aunque tardíamente, llevar a cabo una campaña en defensa de los explotados de Rio Grande do Sul, separándolos y distinguiéndolos de los capitalistas ricos. La creación de comités en los barrios y la convocatoria de asambleas populares permitirían dar una respuesta diferente a la de los gobernantes. Los sindicatos organizarían la campaña, llamando a sus bases para reforzar los comités y las asambleas populares. El humanitarismo sindical echa agua al molino del gobernador y del presidente de la República que buscan dividendos político-electorales. La recogida de alimentos sólo tiene sentido si es un instrumento para organizar comités y celebrar asambleas populares. De lo contrario, los sindicatos se ven arrastrados a sustituir el papel del Estado y refuerzan así la política de dominación burguesa.
Un movimiento obrero independiente de los gobernantes y del poder económico lucharía por el control de los recursos procedentes del gobierno federal y de los recursos del propio Estado. Este camino no se sigue porque la clase obrera y los demás trabajadores carecen de una dirección revolucionaria. El gobernador, que es un derechista acérrimo, se siente tranquilo y cómodo pronunciando discursos demagógicos sobre «salvar vidas». Las direcciones sindicales, populares y políticas, incapaces de responder a la catástrofe desde el punto de vista del proletariado, están dejando al descubierto su política de conciliación de clases. Una política que, en las condiciones objetivas de los trágicos acontecimientos, lleva a que las organizaciones de clase se subordinen a las políticas del gobierno de Eduardo Leite y de su adversario político, el presidente Lula.
El Partido Obrero Revolucionario se presenta ante los explotados para trazar el camino que conduzca realmente a la defensa de las familias trabajadoras de Rio Grande do Sul, que han sufrido el dolor de la muerte de sus familiares, que no encuentran a los desaparecidos, que han perdido sus pertenencias y que han llegado a depender de las limosnas del Estado burgués. El POR llama a los sindicatos a actuar en el campo de la independencia de clase y a trabajar para que los explotados tomen en sus manos su propia defensa.
Por asambleas populares
Por la creación de comités de barrio
¡Que los sindicatos y los movimientos de clase tomen en sus manos la lucha en defensa de los oprimidos!
¡Ninguna confianza en las medidas de Eduardo Leite y de Lula!
Toda la confianza en la organización independiente y en los métodos de lucha de la clase obrera.
Declaración del Partido Obrero Revolucionario (POR) de Brasil