Es urgente detener el cierre de fábricas y empresas, reabrir las que cerraron
El movimiento obrero debe tomar esta tarea es sus manos
La desocupación es el peor flagelo que vive la clase obrera. Es la mayor amenaza de destrucción física. Cientos de miles de puestos de trabajo ya se perdieron por la paralización de las obras públicas en todo el país decidida por el Gobierno, por los despidos de trabajadores del Estado y de empresas estatales, por el cierre de comercios. La fuerte caída de la producción y el consumo provocada desde el Gobierno, sumado a la apertura indiscriminada de importaciones, agrava la crisis. Las patronales a su vez aprovechan el temor a la desocupación para avanzar aún más sobre las condiciones de trabajo y los salarios. Mencionamos algunos de los casos de las últimas semanas.
La fábrica de calzado, la multinacional Dass, que produce para Adidas despidió a sus 360 trabajadores en Coronel Suárez. En 2018, la empresa despidió a más de 800 trabajadores en la misma planta, y luego se reactivó. A comienzos de 2024 había alrededor de 900 trabajadores. Una de las fábricas más grandes de la zona y que generaba un gran movimiento económico a su alrededor.
La fábrica de cerámicos Loimar, con más de 50 años, en la ciudad bonaerense de Tandil, paralizó la producción y hay temor por despidos masivos. La empresa justifica la decisión por “caída de ventas e incremento de costos operativos y tarifas de electricidad difíciles de sostener”. El 30 de octubre se apagaron los hornos para fabricación de ladrillos, y el 19 de noviembre cesó por completo la producción de pisos cerámicos. Decisiones que impactan también en la provisión de materiales y el transporte. Los trabajadores sospechan que puede ser una maniobra para reducir la cantidad de trabajadores o imponer otras condiciones laborales cuando se reabra. También impacta en la economía de la Ciudad.
Acindar suspendió a 700 trabajadores de su planta en Villa Constitución, Buenos Aires, por tiempo indeterminado. La decisión se tomó “debido a la caída de la producción”, la cual se debe a la menor demanda interna y a la entrada de productos extranjeros. La empresa también suspendió a 400 contratistas.
En Zárate se movilizan los trabajadores denunciando el despido de cientos de trabajadores de Atucha.
Dánica cierra su planta de Llavallol en la zona sur del Gran Buenos AIres y sólo pagará la mitad de las indemnizaciones argumentando la “gravísima situación económica” y “alto costo laboral” rechazando su encuadre en el convenio de Aceiteros. La histórica fabricante de margarina, creada en 1939, despide 150 trabajadores.
40.000 trabajadores del Estado están amenazados de despido por el vencimiento de sus contratos el próximo 31 de marzo.
– Toda empresa que cierra o despide debe ser estatizada bajo control de los trabajadores;
– Detener los despidos en el Estado
– Imponer un plan de obras públicas que serán desarrolladas por empresas estatales bajo control de los trabajadores para resolver las necesidades más urgentes de la población; construcción de viviendas, escuelas, hospitales, cloacas, pavimientos, etc.
– Imponer el monopolio estatal del comercio exterior para impedir que se importen productos que se producen localmente, que se derrochen divisas importando productos suntuarios o que no son necesarios para la producción para el cuidado de la salud y así concentrar todo el movimiento de divisas;
El capitalismo, incapaz de desarrollar las fuerzas productivas, las destruye, por su sometimiento a los dictámenes del capital financiero, empujando a cada vez más amplios sectores de las masas a la pobreza, a la desocupación y precarización laboral. No es sólo Milei, es Milei actuando por cuenta y orden de las corporaciones capitalistas y el parasitismo bancario. La burocracia sindical está entregada en este proceso porque está presa de sus acuerdos con las patronales y los gobiernos, porque no puede plantear que la única salida a la crisis que está en manos de los trabajadores haciéndose cargo de los destinos de nación.
(Nota de MASAS n°472)