La Reforma Laboral esclavista del imperialismo debe ser derrotada con medidas de acción directa de masas
Este nuevo ataque a los derechos de los trabajadores actuales y futuros es acompañando por los capitalistas nacionales y multinacionales, por los gobernadores y el Congreso todos ellos son partidarios de la Reforma. En lo esencial es redactado por los estudios de abogados de las grandes corporaciones para que lo presente Sturzenegger. Ya vienen haciendo campaña sobre el tema en los medios desde hace mucho tiempo hablando de “modernización”, “adecuación”, “actualización” y diciendo que los derechos son “privilegios” de los trabajadores contra otros trabajadores y los “pobres” patrones.
El Proyecto de Reforma Laboral apunta a modificar aspectos sustanciales de las leyes vigentes y de la Constitución Nacional. Es mentira que los trabajadores estén debatiendo este Proyecto, es Gerardo Martínez de la CGT, quien participa del Consejo de Mayo en representación de la burocracia. No hay nada en común de los derechos de los trabajadores con los intereses de las patronales y sus cámaras empresarias, ellos quieren hacernos retroceder 200 años. El Gobierno presentará el Proyecto para las próximas sesiones extraordinarias del Congreso.
Si fuera irrelevante, si afectara a pocos trabajadores, no habría tanto interés del FMI, la AmCham, la UIA, y las grandes corporaciones por imponer este Proyecto. Nadie se puede creer que, justamente ellos, quieran terminar con la informalidad laboral y crear empleo.
El Gobierno dice que no se afectarán los derechos adquiridos por los trabajadores actuales reconociendo que sí se afectarán los derechos para los futuros trabajadores. Pero es falso que no afecta derechos adquiridos, porque las patronales se desprenderán de los trabajadores actuales para reemplazarlos por otros sin derechos o con menos derechos o los recontratarán obligándolos a aceptar las nuevas condiciones.
Repiten una y otra vez que “el 36% de los asalariados trabaja de manera informal. Si sumamos a los trabajadores independientes, la cifra asciende al 42%. Esto equivale a casi 9 millones de personas con empleo informal”, para tratar de engatusarnos que la Reforma permitirá regularizar a todos los precarizados e informales. Ya sabemos que es MENTIRA. Todas las reformas que hicieron hasta ahora no regularizaron a nadie, por el contrario, se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo y se precarizaron las condiciones de trabajo. La política de la burguesía es llevar a la totalidad de los trabajadores a esa condición y no mejorar la situación de los no registrados o crear nuevos puestos de trabajo. Otro pretexto burdamente utilizado es que los juicios laborales llevan a la quiebra a las empresas.
En el Proyecto, la indemnización por despido se mantendría en un mes por año trabajado, pero incorpora un tope de diez sueldos y excluye el aguinaldo del cálculo y también a los conceptos considerados “no remunerativos”. Habilita la sustitución del régimen tradicional por un fondo de cese laboral o seguro privado, de costo a cargo del empleador. Ya mostramos en el pasado que además es impracticable y ridículo.
Que las negociaciones salariales se lleven a cabo por empresas y no por gremios es lisa y llanamente disolver los sindicatos, eliminar los convenios colectivos. Un objetivo central declarado por las patronales desde la dictadura, Menem y Macri y también de antes. Tratan de impedir que la clase obrera pueda actuar como un solo puño, que los sectores más débiles o desorganizados no puedan apoyarse en los más fuertes.
El Gobierno pretende que los acuerdos a nivel empresa tengan prioridad sobre los convenios colectivos. Hasta ahora prevalece el convenio colectivo, que permite que a nivel empresa se puedan mejorar sus condiciones.
Salarios: “se amplía la lista de beneficios no remunerativos -comidas, guardería, gimnasio, ropa, celular, reintegros médicos- exentos de aportes y con un tope del 10% del salario”. Afecta así la recaudación del sistema previsional y de obras sociales.
Se podrán incorporar componentes retributivos variables de “premio por mérito o productividad de la empresa… sin que generen derechos adquiridos”. La intención es romper el convenio y asignar mejoras individuales en función de la productividad. Es lo que llaman hipócritamente «salario dinámico».
“El incremento salarial dinámico propone que el salario básico remunerativo se complemente con componentes variables vinculados al desempeño, la productividad y la eficacia”. Y que cada vez tenga menor peso el salario básico, diluirlo, que los trabajadores vayan a trabajar enfermos o se maten por alcanzar los objetivos de producción para poder alcanzar un salario que no le alcanzará para vivir como persona.
El objetivo es que se pierda toda referencia al valor de la fuerza de trabajo que cómo mínimo es lo que cuesta la canasta familiar y que se debe ajustar cada mes de acuerdo a cómo crece la inflación. El Gobierno busca impedir que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo de su salario, imponiendo un cepo a los acuerdos de convenio, mientras ha liberado precios y tarifas. Reducir el salario real de los trabajadores es otra ancla utilizada para tratar de contener la inflación. La gran mayoría de las paritarias ha ajustado por debajo de la inflación real. El hecho concreto es que han destruido el salario mínimo vital y móvil, muy por debajo de la línea de pobreza (con la complicidad de las centrales sindicales).
Banco de horas (mayor flexibilización laboral): “habilita a los convenios colectivos a compensar horas extras y distribuir la jornada en base a promedios semanales”, de esa manera pueden extender la jornada laboral sin pagar horas extras.
Subcontratación y solidaridad: Pasa a establecer una responsabilidad subsidiaria del contratista principal -y no solidaria-. Es un avance en desligar a las empresas de las subcontrataciones que se fueron imponiendo y encubren su responsabilidad como empleador real. Es un nuevo avance flexibilizador.
Antigüedad laboral: “sólo se computará el tiempo efectivamente trabajado, y los reingresos al mismo empleador no conservarán antigüedad previa si superan los dos años”. Todo el tiempo que el trabajador ha estado a disposición del empleador debe sumarse como parte de su antigüedad laboral.
Facultad del empleador para modificar condiciones de trabajo: “ratifica su derecho a cambiar formas o modalidades de prestación “razonables”. Si el trabajador acredita perjuicio material o moral, podrá considerarse despedido sin causa”. Los trabajadores colectivamente, con su sindicato, deben evaluar la razonabilidad de la pretensión del empleador en los cambios, para impedir que sea una maniobra para forzar a los trabajadores a buscarse otro trabajo o para que se consideren despedidos.
Las vacaciones podrán fraccionarse “en tramos de al menos una semana, y extenderse fuera del período tradicional mediante acuerdo entre las partes”. Nunca hay igualdad de partes entre un trabajador y su patrón. Al extenderse fuera del período quiere decir que pueden ser en cualquier época del año. El mínimo debe ser de dos semanas continuadas.
Enfermedad o accidente inculpable, la reforma reduce la prestación al 80% del salario, de carácter no remunerativo, y la condiciona a certificados digitales. El único objetivo es abaratar el costo para la empresa.
Laintención del Gobierno es eliminar los “aportes obligatorios” de los empleadores a los gremios a través del decreto 149/25. Las cuotas solidarias surgen del artículo N° 9 de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo. Apunta a desfinanciar a los sindicatos, seguramente actúa como un arma extorsiva sobre la burocracia para que acompañe el resto de las medidas.
Derecho de huelga: Amplía la lista de servicios esenciales en los que se restringe: salud, educación, energía, transporte, telecomunicaciones, aduanas, alimentación y medios de comunicación, entre otros, con la obligación de garantizar al menos el 75% de la prestación.
Ninguno de estos puntos está dirigido a formalizar a los trabajadores informales o a crear más empleo.
Rechazamos cualquier legitimidad del FMI y los bancos internacionales y su Gobierno para reformar la legislación laboral contra los trabajadores. Milei representa a las grandes corporaciones, ni siquiera representa al 26% del padrón que lo votó. No es original con su propuesta, es la misma que presentó la dictadura genocida, es la misma que fue rechazada en la Ley Bases.
El programa del imperialismo es muy claro. No hay dudas. No se puede seguir sentado en la misma Mesa cuando se conocen las intenciones. Quedarse sirve para acompañar el discurso del Gobierno de que “los trabajadores están presentes en la negociación” cuando se prepara abiertamente un apuñalamiento a los derechos. No hay cómo negociar con el criminal.
La CGT dice que rechaza la reforma laboral y al mismo tiempo dice que es favorable a “un dialogo de modernización laboral pro activa al desarrollo a la producción y al trabajo”. Así abren la puerta a las imposiciones patronales. Encubren su política conciliadora. No hay nada que dialogar con quienes quieren liquidar nuestros derechos actuales y futuros.
La clase obrera sí tiene una política para desarrollar las fuerzas productivas:
Para crear empleo genuino es necesario un vasto plan de obras públicas, políticas que apunten a industrializar el país, procesando nuestras materias primas, sólo extrayendo los minerales que podemos procesar, estatizando el comercio exterior aplicando un férreo proteccionismo para impedir la importación de todo lo que se puede producir en el país. Impidiendo el cierre de las fábricas que existen.
No para que los empresarios actúen impunemente imponiendo cualquier precio y calidad, sino que las medidas proteccionistas deben ser garantizadas por el control obrero colectivo de las empresas. Ya conocemos las avivadas de los empresarios que tenían la exclusividad del mercado interno, tuvieron enormes ganancias y se la llevaron del país.
Las diversas aplicaciones para remises, entrega de comida, distribución de encomiendas, call centers, etc. deben ser encuadradas en convenios colectivos, identificando quiénes son los patrones de cada actividad, identificando a la totalidad de los trabajadores que quieren que parezca que se “autoexplotan”.
Si los salarios alcanzan a cubrir lo que cuesta la canasta familiar cientos de miles de trabajadores dejarán de trabajar en dos o tres cargos, dejarán de hacer horas extras, liberando puestos de trabajo para los hoy desocupados o precarizados. Se debe terminar con las subcontrataciones y los contratos, todos los trabajadores privados y estatales deben pasar a planta permanente.
Este es parte de un programa real para empezar a resolver el problema del empleo que sólo se puede imponer por medio de la lucha de clases. La política de la burguesía apunta a destruir el empleo abriendo completamente las importaciones, anulando la obra pública, destruyendo el poder adquisitivo de los trabajadores. Este es el debate que debemos dar. La CGT ni abre la boca sobre estas cuestiones y sólo hace planteos infantiles para distraer en la comparsa que arma el Gobierno.
(nota de MASAS n°492)