Ajuste criminal en el PAMI
El PAMI actualmente padece un doble ajuste: un hachazo presupuestario que liquida la salud de los jubilados, y despidos de personal junto a salarios sin aumento y sin paritarias para los trabajadores del Instituto desde el inicio del gobierno de Milei; factores que degradan y dificultan la atención de los afiliados. Hoy el PAMI no solo enfrenta un ajuste presupuestario, sino que atraviesa un quiebre sistémico. Mientras desde los despachos oficiales se habla de “normalización”, la realidad en las farmacias, clínicas y consultorios de todo el país cuenta una historia de abandono.
La deuda del PAMI con prestadores y proveedores ya supera los $10.000 millones. Aunque el director Esteban Leguízamo califique esto como “deuda corriente”, los prestadores reportan demoras de hasta cuatro meses. Esta mora no es un simple número contable: se traduce en farmacias que ya no pueden reponer stock de medicamentos, clínicas que suspenden turnos y un sistema de salud que se desangra. La nueva normativa impuesta por la gestión respecto a los médicos de cabecera y odontólogos no es otra cosa que un hachazo a la salud pública. Al establecer un pago fijo por cápita mensual y no por consulta efectiva, se genera un recorte de entre el 30% y el 50% de los ingresos de los profesionales, lo que llevará a enormes demoras en la atención o, directamente, a la renuncia de los médicos a sus contratos con el Instituto.
A esta asfixia financiera se le suma un sadismo administrativo sin precedentes. Se imponen dobles trámites y trabas burocráticas infinitas con un solo objetivo: que el jubilado se canse y no use el servicio. En ese sentido, el PAMI estableció un límite de solo seis prestaciones mensuales por afiliado. Cuando el sistema llega a ese tope, deja de validar las órdenes, lo que obliga al jubilado a deambular por oficinas o al médico a atender gratis. Es una forma directa de ahorrar: prestación que el sistema bloquea, prestación que el PAMI no paga. El resultado es que, después del día 10 de cada mes, miles de afiliados se quedan sin cobertura efectiva.
Cabe recordar que el PAMI no solo atiende a adultos mayores, sino también a personas con discapacidad —entre las que hay muchos menores de edad— y veteranos de guerra. Todos han visto afectadas sus prestaciones con las políticas del gobierno de Milei, que se traducen en decisiones internas de quienes conducen la institución. Hay que destacar que muchos de los funcionarios que dirigen el PAMI actualmente llevan años en la institución en diferentes cargos y pasaron por todas las gestiones. Les da lo mismo todo: un día pueden ser peronistas de la primera hora para luego ser macristas y ahora mileístas. ¿Cómo se le dice a eso? ¿Mercenarios? Defienden sus negocios, no a la gente; no piensan con proyección de futuro, solo acatan órdenes, hoy de ajuste. Y más allá de sus ideas, no tienen formación y son malos gestores. Son los burócratas del mal.
El sistema está estallado. Miles de personas que fueron despedidas o que ya no pueden costear prepagas impagables van al hospital público, que termina absorbiendo también a los afiliados que el PAMI abandona, saturando lo poco que queda en pie de la salud pública. Los ejemplos de achicamiento están a la vista, en la calle y en los medios de comunicación. La gente no puede comprar todos los remedios que le son recetados. El PAMI demora o no entrega medicamentos oncológicos, recortó el presupuesto para las prestaciones sociales y las que brindaban las empresas de internación domiciliaria. Y así podemos seguir haciendo una larga lista de prestaciones deterioradas o anuladas.
En cuanto a la situación del personal, nunca los sueldos fueron tan bajos. Los haberes no recibieron aumentos desde el inicio de la gestión y no se convocó a paritarias en todo este tiempo. Recién el pasado 22 de abril los gremios paritarios informaron que fueron convocados a una Mesa —sin dudas tardía— por la Secretaría de Trabajo, de la que hasta este momento no se tienen novedades y que, teniendo en cuenta lo que viene ocurriendo, será una propuesta irrisoria y totalmente desfasada. Hay que destacar que desde el inicio de la gestión del Dr. Leguízamo, la dirección de los gremios paritarios estuvieron bastante calladitas frente a los despidos de los 550 compañeros y frente a la falta de aumentos salariales, negociando cargos y estructuras en lugar de defender el plato de comida de los trabajadores.
Este proceso de achicamiento no es nuevo, pero se ha profundizado de forma cruel. Entre los despedidos no hay solo personal político de la gestión anterior, sino que han echado a médicos, trabajadores sociales, psicólogos y personal de recepción, desarticulando áreas enteras y reduciendo unidades de gestión local (UGL). Este vaciamiento de personal técnico y operativo es lo que garantiza que el sistema deje de funcionar. La paz social que intentan sostener las direcciones de los gremios paritarios tiene un precio que pagan los trabajadores con la pérdida de su calidad de vida y su endeudamiento personal, y los afiliados con su salud. La verdadera resistencia no sale de las mesas donde se reparten privilegios, sino de los sectores que no pactan la entrega del Instituto.
Muchos compañeros dentro del PAMI vienen haciendo oír su voz, defendiendo la lucha por salarios dignos, por la reincorporación de los despedidos y por el fin del vaciamiento en todo el país. Estas luchas tienen que unificarse con las del resto de los trabajadores del país para terminar con este gobierno, no hay otra solución, porque en la práctica demuestra día tras día el desprecio por las mayorías. Gobiernan para ellos, para sus propios intereses y para los amigos del poder. Todo responde a un plan nacional que hay que combatir y que tiene que terminar. Hay que hacer estallar en mil pedazos la motosierra.
(Nota de MASAS n°502)