Operativo “Tormenta Negra” en la Ciudad de Buenos Aires, la dictadura civil de Milei ejecutada por Jorge Macri

Con la excusa de “mejorar la seguridad y ordenar el espacio público”, el Gobierno realizó operativos simultáneos en barrios pobres, con prácticas sin control judicial y fuertes inconsistencias en las detenciones, además de situaciones de violencia y hostigamiento contra los habitantes. El “Operativo” se lanzó a mediados de mayo.

El Gobierno desplegó un “operativo de saturación y control poblacional” en 17 barrios populares. Con más de 1500 efectivos fuertemente armados de la Policía de la Ciudad, drones, móviles especiales y una fuerte cobertura mediática, se trató de procedimientos masivos realizados sin investigaciones previas conocidas ni controles judiciales, con un despliegue orientado más al impacto televisivo y en redes sociales que a una política criminal seria. (CELS)

Este tipo de intervenciones despliega sobre las personas que viven en villas y barrios populares prácticas de control estatal que serían impensables en otras zonas de la Ciudad. La discrecionalidad policial, las requisas ilegales, los controles masivos y la ocupación territorial se aplican sobre comunidades enteras bajo la presunción de sospecha permanente. Se configuró una verdadera zona de excepción: el 14 de mayo hubo territorios donde las garantías se suspendieron de hecho y donde la ley se aplicó de manera selectiva, bajo una lógica de estigmatización. Lo que en otros contextos requeriría orden judicial, controles estrictos y estándares de legalidad, aquí se desplegó sin límites claros. 

Jorge Macri afirma que “venimos a estos barrios a buscar a los que se esconden acá, que vienen de provincia, de otras partes del país, de otros países”. Un mensaje político clasista y racista. Ese discurso habilita una lectura más cruda: odiemos a los villeros. El marco de un cálculo político que busca rédito electoral con shows espectaculares de estos operativos. Convierte la seguridad en una escena de marketing, en detrimento de políticas reales contra los verdaderos delincuentes que saquean el país.

Las cifras oficiales mostraban inconsistencias graves que refuerzan la preocupación por la falta de controles. El Gobierno informaba que habían sido detenidas una cantidad de personas “por distintos delitos”, pero el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad sólo registraba la mitad de detenciones. Sobre las otras personas no hubo información pública sobre imputación judicial, no habrían sido convalidadas ni en el ámbito local ni en el federal.

Las denuncias registradas durante el operativo muestran además el carácter violento de estas intervenciones. En el barrio Padre Carlos Mugica se denunció que efectivos policiales requisaron a dos niñas levantándoles la ropa frente a otras personas durante un control a trabajadores cartoneros. En la villa 21-24 organizaciones barriales denunciaron disparos con escopetas por parte de la Policía de la Ciudad y señalaron que una bala impactó muy cerca de un niño. También se reportaron decomisos de herramientas de trabajo de cartoneros y chatarreros, levantamiento con topadora de puestos ambulantes y remoción de espacios comunitarios utilizados para comer, dar apoyo escolar y realizar actividades sociales. 

El operativo policial impactó directamente sobre formas de subsistencia y sobre la vida cotidiana de las personas. Estos allanamientos se inscriben en una escalada del Gobierno de la Ciudad contra los sectores más pobres: personas en situación de calle, trabajadores de la economía popular, desalojados, migrantes, es decir, personas que viven en la Ciudad y que más están sintiendo el impacto de la catástrofe social que se vive. Crear zonas de exclusión de hecho no aporta en nada a la integración de la ciudad.

Se combina con la “Operación Muro”, el megaoperativo de seguridad lanzado el 4 de junio de 2026 para blindar los accesos entre Capital y Provincia, “con el objetivo de reforzar los controles policiales en los límites territoriales” sobre 24 kilómetros a lo largo de la Avenida General Paz y la frontera natural del Riachuelo (incluye 27 pasos peatonales, 48 de vehículos y 16 puntos estratégicos custodiados por la Policía de la Ciudad). Según el Gobierno esta medida busca bajar los índices de criminalidad en los accesos hacia la Capital.

Al crimen organizado pueden encontrarlo en Puerto Madero, en el Microcentro, en Comodoro Py, en las cuevas del capital financiero, ahí encontrarán a los narcotraficantes, lavadores, a los que dirigen las mafias más poderosas, a los que se roban el país. Estos sectores gozan de impunidad y protección por parte del Estado.

(Nota de MASAS n°504)