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Balance y perspectiva de la lucha universitaria. ¿Cómo seguir?

El pasado 12 de mayo se realizó la 4ta Marcha Federal Universitaria. La movilización tuvo como principal punto que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y la participación fue masiva en todo el país, reuniendo cerca de un millón quinientas mil personas. La política del Gobierno es destruir la Educación Pública mediante la reducción del presupuesto universitario, congelando gastos de funcionamiento y salarios, un duro golpe a los trabajadores universitarios. Se pretende naturalizar el deterioro de la universidad pública, que las universidades permanezcan abiertas mientras se derrumban.

El cumplimiento de la ley de financiamiento representa la recomposición de los salarios a diciembre de 2023, es decir, recuperar el poder adquisitivo perdido durante el gobierno de Milei, pero sin recomponer lo perdido durante los gobiernos de Macri y Alberto Fernández ni tomar como referencia la canasta familiar. Esta es una de las principales limitaciones de esta ley. La aplicación representa una recomposición en torno al 50%, para recuperar los salarios del 2015 hace falta una recomposición del 100% y para que todos los trabajadores universitarios cubran el costo de la canasta familiar un 300%.

Masividad, autoconvocatoria y desborde

El congelamiento presupuestario de las universidades fue el primer ataque directo por parte del Gobierno en 2024, previo a la primera marcha. La advertencia de las autoridades universitarias sobre la posible interrupción del funcionamiento de las universidades debido a la falta de presupuesto unificó y radicalizó a la comunidad académica y a una parte importante de la sociedad, dando paso a grandes movilizaciones en distintos momentos e incluso a tomas de universidades a lo largo del país.

El descontento generalizado empujó a los sindicatos universitarios a actuar en unidad y dio lugar a la construcción del Frente Sindical Universitario, compuesto por las federaciones docentes (CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, UDA y FAGDUT), la federación unitaria de los no docentes FATUN, la Federación Universitaria Argentina (que nuclea a los centros de estudiantes de todo el país) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

El CIN y el cogobierno: cadena de transmisión de la política de la burguesía adentro de las universidades

El CIN, formado por los rectores electos a través de los órganos de cogobierno de las distintas universidades del país, viene encabezando las movilizaciones. Al mismo tiempo, son estos rectores quienes terminan sosteniendo el funcionamiento de las universidades bajo una política de autofinanciación y adaptación, acomodando los calendarios académicos y reduciendo las políticas de bienestar estudiantil.

Las formas de cogobierno que sostienen las estructuras universitarias son cuestionadas por su carácter antidemocrático, en tanto se encuentran dominadas por una porción del claustro docente y presentan una representación minoritaria de los estudiantes, pese a que estos constituyen la mayor parte de la comunidad universitaria. Históricamente, los rectores han actuado como una cadena de transmisión de la política impulsada por los distintos gobiernos.

En el marco de la política proimperialista de los años noventa, concretada en la Ley de Educación Superior del menemismo y continuada durante los gobiernos kirchneristas, avanzaron con políticas de autofinanciamiento, contribuyeron al proceso de privatización y permitieron la vulneración de la autonomía universitaria. En este sentido, el momento actual no constituye una excepción: mientras por un lado aparecen encabezando las movilizaciones, hacia el interior de las universidades expresan una política contraria a los paros y orientada a normalizar el funcionamiento del sistema universitario en condiciones de desfinanciamiento.

Un marco legal como el corset perfecto para que la lucha no se radicalice

La primera marcha con su explosiva masividad asustó e hizo retroceder un poco al Gobierno de Milei, logrando que se baje presupuesto para gastos de funcionamiento y algunos bonos miserables para los trabajadores. Si este plan de lucha no continuó y se radicalizó, fue por un trabajo consciente de las direcciones del Frente Sindical Universitario de guiar la lucha de las masas al redil del juego parlamentario, donde nunca se resuelven los problemas de los explotados.

Las direcciones sindicales, alineadas con distintas fracciones de la oposición burguesa y parlamentaria al gobierno (radicalismo y peronismo), orientaron la lucha hacia los canales institucionales, dando paso a la elaboración de la Ley de Financiamiento Universitario. En un contexto donde aún persisten ilusiones democráticas, esta ley fue tomada y defendida por las masas en las cuatro masivas marchas universitarias. La negativa del gobierno a cumplir la ley pone en evidencia la inviabilidad de la vía institucional y el carácter de dictadura del gobierno de Milei que no respeta, ni siquiera, los canales institucionales del Estado burgués.

Tras repetidas movilizaciones en torno al debate parlamentario, las direcciones sindicales orientaron la lucha por la vía judicial, dejando la decisión de hacer efectiva la Ley en manos de la Corte Suprema, la misma Corte que cumple al pie de la letra lo que el FMI y el imperialismo norteamericano les dictan, la misma Corte que puso presa a Cristina Kirchner sólo por ser un poquito desobediente al capital financiero internacional.

Radicalizar la lucha es el camino de la victoria

Los caminos institucionales y el diálogo resultan estériles para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del sector, generando cansancio y desánimo. La destrucción y pauperización del sistema universitario continúan, y los trabajadores no dan más. La última Marcha Federal muestra que la voluntad de luchar y resistir sigue presente, a pesar de las limitaciones de las direcciones sindicales. La estrategia adoptada por el Frente Sindical Universitario parece orientarse a mantener las aguas calmas hasta 2027, contener el descontento y canalizarlo por la vía institucional, apostando a sus candidatos para las próximas elecciones.

La ausencia del movimiento estudiantil, irrumpiendo con métodos de organización democráticos y participativos -asambleas, tomas de universidades y discusiones sobre qué universidad queremos- constituye un desafío central a revertir. La lucha de los trabajadores universitarios debe permitir desenmascarar la política de conciliación de los rectores y reactivar al movimiento estudiantil, históricamente el sector más dinámico de la universidad. Tenemos que pensar estrategias para romper con la normalización de una universidad en ruinas. Sin financiamiento, la universidad no puede funcionar. Es necesario construir canales para profundizar el plan de lucha y debatir desde las bases el no inicio del segundo cuatrimestre. Con este presupuesto, la universidad no puede seguir funcionando.

La lucha de los trabajadores universitarios encuentra límites en el lugar que ocupan como auxiliares de la producción. Interrumpir solamente la actividad universitaria, en el marco de la lucha de clases, no golpea con la misma contundencia que un paro de aceiteros o petroleros. La lucha universitaria tiene que avanzar hacia formas de acción que afecten la producción y la circulación de mercancías. En este sentido, una referencia importante la están dando hoy los campesinos bolivianos, que sitiaron la sede de gobierno en defensa de sus demandas.

La potencia de la lucha universitaria, más que en sus protagonistas, reside en su contenido y en la importancia de la universidad pública para una nación oprimida por el imperialismo como lo es la Argentina. La defensa de la universidad pública y de la educación forma parte de un programa de defensa de la soberanía sobre los recursos naturales, del desarrollo de la industria y de la ciencia; es parte, en definitiva, del programa de la clase obrera. La unidad de las luchas y la incorporación de la clase obrera mediante la huelga general son esenciales para el triunfo de la lucha universitaria. Por eso, es necesario promover desde las bases y en todos los sectores la exigencia a las centrales sindicales, principalmente a la CGT, de un plan de lucha radical contra la política de subordinación total al imperialismo de Milei.

(Nota de MASAS n°503)