La Prefectura intimó a 536 prácticos a levantar el paro y los amenazó con penas de hasta 8 años de prisión
En menos de una semana el Gobierno debió retroceder y suspender su Decreto
La Prefectura Naval Argentina oficializó la intimación a 536 trabajadores del practicaje y pilotaje para que retomaran de inmediato sus tareas, en medio de una medida de fuerza que detuvo a más de 150 buques en los puertos del país.
La decisión se publicó en el Boletín Oficial mediante un edicto a fines de julio. Los profesionales del sector iniciaran un paro por tiempo indeterminado en rechazo al Decreto 690/2026, que modificó el régimen del servicio. Los trabajadores anunciaron que no asistirían a embarcaciones argentinas ni extranjeras hasta que el Poder Ejecutivo suspenda o derogue esa regulación.
En el texto oficial, la Prefectura notificó e intimó a los profesionales a ponerse de inmediato a disposición para cumplir “de manera regular y reglamentaria” las funciones previstas en el reglamento aprobado por el Decreto 690/2026, bajo apercibimiento de sanciones. Además, recordó que actúa como autoridad con responsabilidad operativa y disciplinaria sobre la aplicación del reglamento para ríos, puertos, pasos y canales del país.
La intimación advertía que el incumplimiento podría dar lugar a sanciones disciplinarias y posibles denuncias penales. Para ello cita el artículo 190 del Código Penal, que prevé penas de dos a ocho años de prisión para quien ponga en peligro la seguridad de una nave, y el artículo 194, que sanciona a quien impida o entorpezca el normal funcionamiento del transporte por agua.
El Decreto 690/2026 reemplaza el régimen de practicaje vigente desde 1991. Creó un registro abierto de profesionales administrado por la Prefectura, que permite a los usuarios elegir libremente a sus prestadores, eliminando restricciones para el ingreso de nuevos profesionales y otorgando a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) la facultad de fijar tarifas máximas y exigir la publicación de los precios del servicio.
La nueva regulación eliminaba la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido, flexibiliza las condiciones para el traslado de estos profesionales, amplía los casos en los que algunos buques quedan exceptuados de contratar el servicio e incorpora mecanismos para garantizar la continuidad de la actividad ante situaciones excepcionales.
La medida de fuerza tuvo impacto sobre el comercio exterior. Según datos del Centro de Navegación, al menos 140 buques permanecieron pendientes de confirmación del servicio de practicaje y pilotaje, mientras distintas operaciones portuarias fueron demoradas por la falta de profesionales habilitados para realizar las maniobras de ingreso y salida de las embarcaciones. Los principales puertos del país quedaron paralizados, los barcos quedaron parados porque requieren la asistencia del práctico para moverse.
Desde la Cámara Argentina de Energía (CADE) señalaron que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas se encontraron momentáneamente interrumpidas debido a la “indisponibilidad de prácticos por un conflicto cuyas causas son ajenas al sector que representan”, situación que podría generar dificultades de abastecimiento por inconvenientes en el transporte.
Las inmediatas medidas de acción directa obligaron al Gobierno a dar marcha atrás y suspender el Decreto. Un ejemplo para todos los trabajadores.
(Nota de MASAS n°507)